Si Horacio Rodríguez Larreta revalidara su mandato en las urnas el próximo 27 de octubre, el germen de su propia “resolución 125” podría minarle la legitimidad de origen a su gobierno. El sistema de estacionamiento medido, que estipula el pago hasta para estacionar en la puerta de su casa para aquel vecino que elija eximirse del abono del ticket en su lugar de trabajo, podría derivar en ánimos levantiscos en el distrito que fue cuna del Pro. Y si la debacle nacional cambiemita arrastrara consigo la suerte de Juntos por el Cambio en la Ciudad, el Frente de Todos podría apuntar sus dardos contra la expansión voraz de los parquímetros.  

Al cierre de esta nota, se paga 15 pesos la hora y la normativa macrista fijó un aumento progresivo del 33 por ciento por cada “ficha” hasta la cuarta, con el supuesto propósito de quitarle incentivo al ingreso a la Capital Federal con vehículos procedentes del conurbano bonaerense o la reducción de la estadía, en su defecto. Asimismo, se estipula que habrá tarifa simple, progresiva 1 y progresiva 2, cuyas variaciones o combinaciones son tan intrincadas como exasperantes. “Nadie te dice cómo va a ser ni cómo se hará el trámite para eximirte del pago, con lo cual se desconoce qué papel deberá presentar un vecino que alquile en un barrio pero su DNI tenga domicilio en otro, pero lo que sí establece la ley es que vos vas a tener que elegir entre la eximición del pago para estacionar en el lugar de tu trabajo o el lugar donde vivís”, graficaron desde el despacho del diputado peronista Santiago Roberto.

Ninguna fuente oficial accedió a la consulta de Diagonales pero de las discusiones en recinto o pasillos de la Legislatura porteña se desprende que Rodríguez Larreta aspiraba a que el sistema estuviera funcionando plenamente para 2020. Calculando que las empresas adjudicatarias, Parkeon Sas, Dakota y BRD, esperan 8 millones de transacciones por mes y multiplicando esa cifra por los 15 pesos por hora iniciales, el saldo arroja 120 millones de pesos al mes y 1440 millones de pesos al año sólo por estacionar.

En conversaciones en off con este portal, un dirigente porteño deslizó que durante el tratamiento de la ley la oposición llegó, incluso, a frenarle al oficialismo la locura de que se prohibiera que un vehículo permaneciera en el mismo lugar demasiado tiempo, aun cuando estuviera habilitado porque su dueño acreditara domicilio en esa cuadra. El macrismo pretendía que ningún coche quedara parado en el sitio que encontrara por más de 48 horas. Si bien los escrúpulos antimacristas lograron persuadir a sus antagonistas de esa arista, la ley se sancionó con aspectos irritantes, como el que postula que el trámite de eximición de pago o el abono debe renovarse a las 8 de la mañana del día siguiente, incluso para los habitantes que dejen su automóvil en la puerta de su casa. El incordio movería a risa si no fuera ley… y si la grúa no amagara con desafiar a los escritores amantes de la literatura distópica, en la que vecinos enardecidos podrían combatirlas como los sobrevivientes a la rebelión de las máquinas lo hacen con los robots en Terminator 4.

Racconto y vaivenes

La Legislatura porteña aprobó en la sesión ordinaria del 1º de diciembre de 2016 la extensión de los parquímetros al 45 por ciento del territorio de la Ciudad pero la Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por  Gustavo Desplats, referente de la ONG “Protocomuna Caballito”, bajo el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad y suspendió su implementación. Con la sanción de la Ley 5728, el Pro logró que el estacionamiento medido se esparciera por 13 de las 15 comunas y abarcara 10 mil de las 24400 cuadras del ejido de la Capital Federal.

Sin embargo, el juez a cargo del Juzgado Nº23 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, objetó la aplicación del plan macrista por la forma en que se modificó el Código de Tránsito y Transporte. Como la ampliación de plazas para el cobro por aparcar vehículos en la calle requiere también la disposición de nuevas playas de estacionamiento para los automóviles que sean acarreados por las grúas, el proyecto incluía la utilización de una decena de predios que figuraban como UP (Urbanización Parque) en el Código de Planeamiento Urbano pero la reglamentación exige que el cambio de zonificación se apruebe por los dos tercios de los votos del parlamento local. La versión taquigráfica de la sesión en la que se alzaron las manos a favor de la norma que buscaba Rodríguez Larreta sólo acredita 33 voluntades sobre un total de 60 ediles.

Desde entonces, el Ejecutivo local se dio a la tarea de limar el proyecto inicial para eludir las vallas regulatorias señaladas por la Justicia. Al mismo tiempo, se abalanzó al derrotero licitatorio.

Pavoneándose de un clima social todavía favorable, el Ejecutivo aprobó el 15 de junio de 2017 los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la Licitación Pública Nacional e Internacional para la adquisición de 2.200 terminales multipropósito y servicios complementarios para el Sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ya el 27 de septiembre siguiente, con la apabullante cosecha electoral de Carrió en las primarias de agosto, se emitió la Resolución N° 3230-MHGC/17, que adjudicó la Contratación Directa N° 7514-SIGAF/17 para un Servicio de Implantación de Pasarela de Pagos de Modalidad Presencial, Web y Móvil del Sistema de Estacionamiento Regulado a favor de Prisma Medios de Pago S. A. por un monto total aproximado 60 millones de pesos.

Del mismo modo, el 26 de febrero de 2018 el Gobierno porteño presentó el proyecto 3296-J-2017 para modificar la ley 5728. Un mes más tarde, cuando el ex ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo ya le había informado al presidente Mauricio Macri que se cerraba la canilla del financiamiento externo, Rodríguez Larreta adjudicó a Parkeon Sas la Licitación Pública Nacional e Internacional para la adquisición de dos 2.200 Terminales Multipropósito (TM) del Sistema de Administración Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet. Once días después, IPS Group Inc impugnó la asignación por no estar de acuerdo con la evaluación técnica realizada y haber competido con 2 empresas pertenecientes al mismo grupo: una de ellas, Cale América Inc había sido comprada en 2017 por Parkeon y desde marzo de 2018 ya funcionaban bajo el mismo nombre, detallaron desde el entorno de la legisladora porteña y segunda candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Paula Penacca.

En los fundamentos de un proyecto de ley presentado por la dirigente de La Cámpora, se menciona que el juez Ferrer declaró el 19 de junio de ese mismo año que los artículos 2, 4, 5 de la ley 5728, conjuntamente con sus Anexos, en tanto contemplan supuestos alcanzados por el artículo 89, incisos 1, 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad, debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura exigible. Asimismo, dictaminó que, encontrándose cumplidos los recaudos impuestos por el artículo 82, incisos 4, y 5 de la carta magna local, resultaba imprescindible también que fueran aprobados por la mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. En consecuencia, su fallo estableció la inconstitucionalidad de esos artículos pero al mes siguiente, más precisamente el Día del Amigo, se realizó la apertura de los sobres de la licitación de la Concesión de Servicio Público de Estacionamiento Regulado, como si nada hubiera ocurrido.

El 3 de agosto posterior, desde la sede central del Estado porteño en Parque Patricios se enviaría a Perú 160 el proyecto 2253-J-2018 para modificar y aclarar los alcances de la ley en discusión. La jugada era una trampa según voceros de la oposición. Para salvar el fallo de la Justicia, el macrismo apeló a una operación semántica. El diputado lilito Maximiliano Ferraro sostuvo en la sesión del 30 de agosto del año pasado, a propósito de los predios que debían destinarse a la guarda de vehículos infractores luego del acarreo: “estamos ante una ley aclaratoria que reviste como concesión de servicio público, no es un acto de posesión de dominio público”. El portal de la Legislatura porteña consigna que Ferraro instó a “no confundir utilidad pública con dominio público” en tanto, a su criterio, “no se establecen derechos sobre bienes de la Ciudad”.

La oficina de prensa del parlamento porteño indica en la web institucional que esa tarde, sobre 59 legisladores sentados en las bancas, “la votación en general resultó de 34 voluntades afirmativas”, aportadas por Vamos Juntos (Pro, radicalismo y Coalición Cívica), “y 25 negativas (Gen, Unidad Ciudadana, Evolución, PTS-FI, PS, AyL, Bloque Peronista y FIT)”.

Esperando a Bombita

La norma pasó como por un tubo con la nueva composición parlamentaria, nutrida por el voluminoso aporte electoral de la diputada chaqueña en 2017 –cuando obtuvo más del 50 por ciento de los votos-, y sorteó también la instancia de audiencia pública. Casi la oposición en pleno tildó el diseño como parte de una política recaudatoria que beneficia a las mismas empresas desde 1990, con la concesión de la red de parquímetros y el despliegue de las grúas para el acarreo. “Ya está aprobada, los parquímetros los pone el Estado, las empresas recaudan y los porteños pagan, lo único que están esperando es que pasen las elecciones”, desliza una fuente de la bancada kirchnerista en la Legislatura.

En tal contexto, a las 4 mil plazas vigentes para estacionamiento medido en el distrito se suman 80 mil lugares más. El sistema es profundamente predatorio: los asesores parlamentarios que trabajaron el tema señalan que, para tramitar la exención del abono, habrá que demostrar que no se adeudan patentes ni ABL, que no se poseen multas y que vehículo y titular estén domiciliados en la cuadra donde estaciona el rodado.

Una iniciativa kafkiana de semejante magnitud podría ser el caldo para que la realidad se estructure con un elemento de la ficción que proveyó a la cultura argentina el cineasta Damián Szifrón en “Relatos salvajes” con su personaje Bombita. Encarnado por Ricardo Darín pero inspirado en la alusión a la parodia que compusiera Diego Capusotto para reírse de la pose setentista, el ponebombas del cine nacional no le causaría gracia a nadie si deviniera real en la ciudad de la furia.