El año 2017 estuvo caracterizado por las detenciones de distintos ex funcionarios, empresarios y otros personajes ligados al kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero con vistas a la detención de la actual senadora y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum firmado con Irán por la causa AMIA.

Por esa misma causa, iniciada por la denuncia de Alberto Nisman días antes de su muerte, fueron detenidos el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex Canciller Héctor Timerman. La Cámara Federal respaldó a Bonadio y mantuvo los procesamientos y las detenciones de todos, entre los que se hallan también Luis D´Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, personajes menores en la trama de la denuncia de Nisman.

El juez Julián Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa en la causa en la que se investiga a la firma petrolera Oil -una de las del Grupo Indalo-por haber retenido indebidamente 8000 millones de pesos del impuesto al combustible.

Uno de los hombres más importantes en la estructura política del kirchnerismo también está detenido. Por pedido de dos jueces federales, la Cámara de Diputados le quitó los fueros a Julio De Vido, quien pasa sus días en la cárcel de Marcos Paz. Ordenaron su detención el juez Luis Rodríguez-luego de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal- en el caso por irregularidades en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y el juez Bonadio en la causa por sobreprecios en las millonarias compras de Gas Natural Licuado. Por esa misma causa, Bonadio ordenó la detención de Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de De Vido en la toma de decisiones en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Desde noviembre pasado también está detenido Amado Boudou, quien fuera ministro de Economía y vicepresidente de la Nación en el segundo mandato de Cristina Kirchner. El juez Ariel Lijo dispuso su detención y la de su socio José María Núñez Carmona en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero conexa al Caso Ciccone.

Un Tribunal Oral Federal inició en 2017 el juicio por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica en el que están como acusados Boudou, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele. Este último, considerado testaferro de Boudou, se acogió a la Ley del Arrepentido y dio detalles sobre el Caso Ciccone que comprometió más a Boudou y otros personajes ligados con el financiamiento de la operación como el banquero Jorge Brito.

Otro juicio oral que comenzó en 2017 y continuará en 2018 es el llamado Once II. En el banquillo de los acusados por la Tragedia de Once se encuentra De Vido. Mientras ese juicio se lleva adelante la Cámara de Casación revisa las condenas dictadas en diciembre de 2015 en el juicio Once I.

Algunos juicios orales llegaron a su fin. En uno de ellos fueron condenados prisión perpetua a los genocidas Jorge "El Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, y Ricardo Cavallo, entre otros represores, por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA durante la dictadura.

Otros detenidos de renombre durante 2017 fueron el ex Jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani, acusado por crímenes de lesa humanidad.

También fueron detenidos Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y el sindicalista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina. El último de los detenidos fue Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner, a quien el juez Julián Ercolini ordenó detener en una causa por lavado conexa con la de la asignación de obra pública a las firmas de Lázaro Báez.

Pero 2017 también fue el año del procesamiento de Alejandra Gils Carbó en un caso de corrupción y su renuncia al cargo al frente de la Procuración General de la Nación, a dónde había la legado para darle un cariz kirchnerista a su gestión como jefa de todos los fiscales nacionales.

La destitución del camarista federal Eduardo "Chiche" Freiler por parte del Consejo de la Magistratura fue otro de los hechos producidos en el ámbito judicial que hizo que el año 2017 saliera de lo común.

Al cierre del año judicial el juez Ercolini procesó al perito informático Diego Lagomarsinocomo partícipe necesario del asesinato del fiscal Alberto Nisman. También procesó a cuatro custodios del fallecido fiscal. El magistrado dijo que se trató de un homicidio planificado.

Un Tribunal Oral Federal decidió otorgarle –por razones de edad y de salud- prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Seguirá detenido por los crímenes aberrantes cometidos cuando era la mano derecha del general Ramón Camps en la Policía Bonaerense durante la dictadura.

El 2017 fue un año intenso donde la actividad judicial desplegada en Comodoro Py- y en otros juzgados federales del país- estuvo dominada por dos palabras: prisión preventiva.