Por Marcial Amiel.

El Observatorio de la Obra Pública, lanzado recientemente por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis incorpora al proceso de producción de políticas públicas a las organizaciones de la sociedad civil, a la vez que las blinda del uso político oportunista, central en la política argentina de los últimos años.

“El Observatorio de la Obra Pública (OOP) ya se había hecho en nación, desde 2021, con muy buen resultado. Algo similar se había implementado a nivel local en San Martín. Era lógico traer esa experiencia también acá, a la provincia”, reflexiona el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del ministerio de Infraestructura, Guillermo Sauro, en diálogo con Buenos Aires/12.

“Este gobierno restringe el acceso a la información pública, tiene una visión administrativista o cree que es una pérdida de tiempo, para ellos el fenómeno de las puertas giratorias o los conflictos de intereses no son formas de corrupción”, afirma respecto de la gestión libertaria.

El OOP bonaerense, creado a través de la resolución fue presentado la semana pasada en el Teatro Argentino. Se trata de una suerte de consejo consultivo permanente del sector, integrado por cámaras como la de la construcción, Camarco, sindicatos como la UOCRA, universidades como la de Avellaneda, la de Lanús y la UTN, colegios profesionales de arquitectos e ingenieros y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la actividad, y al macrismo, tales como Cippec, Poder Ciudadano y Transparencia Activa.

Allí, no sólo se discute la problemática del sector, en cinco mesas temáticas que corresponden a cada eje de trabajo (integridad y transparencia, género y diversidad, sostenibilidad, innovación digital y mejora de procesos y marco normativo), sino que se formulan borradores de políticas públicas, para consideración del ejecutivo y, a la inversa, se evalúan las iniciativas oficiales.

La obra pública es, por el volumen de recursos que maneja, siempre la más cuestionada y utilizada política y electoralmente para sembrar sospechas, pero la denominada "causa cuadernos" en Argentina y la que investigó a la empresa Odebretch en Brasil, llevaron esta práctica histórica a niveles antes nunca vistos. 

Sin embargo, las fuerzas que más se beneficiaron de estos armados político judiciales, jamás impulsaron una sola política pública de transparencia, que redujera la discrecionalidad de las decisiones. 

Como ejemplificó oportunamente el economista Carlos Fidel, en representación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en el Observatorio de la Obra Pública nacional, "lo opuesto de la transparencia es la discrecionalidad".  "La obra más importante de la gestión de Mauricio Macri fue el Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, financiado con recursos de todos los argentinos: ¿A quién consultaron?", ejemplifica.

Sauro es uno de los hombres de máxima confianza de Katopodis, a quien acompaña desde los inicios de su primera gestión al frente del municipio de San Martín, allá por 2011. “Es un poco el estilo de Gabriel, de toda la vida: habla con los sindicatos, con los empresarios, con unos, con otros, habla con todos. En un momento, surgió la idea: ¿y si los juntamos? Así nació el observatorio”, cuenta. 

La reciente experiencia del observatorio nacional, que el equipo de gestión de Infraestructura aspira a reeditar en provincia, permitió desarrollar avances significativos, por ejemplo, en materia de certificación de obras. "Habiendo drones y mecanismos de IA, que los certificados sean planillas de cálculo firmadas atrasa años. La incorporación de tecnología mejora la trazabilidad, al servicio de la transparencia", describe Sauro. 

El funcionario recuerda que esa primera iniciativa le valió a la gestión Katopodis el premio Cippec a la Transparencia Municipal en 2013 y el Premio de la Asociación de Presupuesto Público. Cuando la mesa chica de Katopodis se trasladó a Nación, en diciembre de 2019, justo antes de que estallara la pandemia, una de las prioridades trazadas fue la de fomentar la participación y el control ciudadano, desarrollando los conceptos de datos abiertos y de gobierno abierto. 

“Para la participación y control ciudadanos, desarrollamos Mapa de Inversiones y para las instituciones, el Observatorio”, señala Sauro. Mapa de Inversiones es una plataforma digital, desarrollada con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existente en varios países de la región.

Muestra la locación de las obras y su grado de avance técnico y financiero en tiempo real. A la vez, permite que los ciudadanos suban sus propias fotos, de manera de cotejar la información oficial con la realidad efectiva. “Pronto vamos a tener también una versión bonaerense de mapa, ya que conseguimos que el BID libere una versión para gobiernos subnacionales, pero por ahora está en fase de prueba”, revela Sauro a modo de primicia.

“En realidad, desde que asumimos pensamos en replicar el OOP a nivel provincial, pero la primera parte del año fue de gestión pura y dura. Hubo que hacer frente al corte abrupto de las obras nacionales, al impacto del fogonazo inflacionario de la devaluación, que fue muy duro para el sector”, agrega.

El 28 por ciento de inflación de diciembre de 2023 rompió todos los contratos y hubo que empezar de vuelta. Las empresas saben que cobran a sesenta días y la pregunta que flotaba era si iban a poder cubrir, con esa plata y cumplido el plazo, el precio de reposición de los materiales. Así se fueron muchos meses. Ahora toca ocuparse del programa de Fortalecimiento Institucional”, explica el funcionario.

Guillermo Sauro y Gabriel Katopodis. 

Uno de los que participa del proyecto es Jorge Calzoni, en representación de la Universidad de Avellaneda, y dice: "Primero, celebramos que la provincia todavía tenga obra pública, porque nación ya no. Segundo, celebramos esta iniciativa, que permite recoger la experiencia y el conocimiento acumulado por distintas instituciones, a la vez que hace más difícil el uso político discursivo de la transparencia y la corrupción". 

Dos miradas antagónicas

Sauro amplía sus críticas a la gestión libertaria: “Admiran a Elon Musk. Pero Elon Musk, como funcionario de Trump, ¿va a regular los negocios de Elon Musk empresario? Ellos lo ven positivo, porque creen que hace a una gestión más eficiente. Para nosotros es exactamente lo contrario, es parte del fenómeno de la captura de la democracia y el interés público por los milmillonarios de la tecnología y Silicon Valley. La novedad es que el fenómeno ahora llega también a Estados Unidos. El regulador que se regula a sí mismo”.  

Consultado sobre las posibilidades de control actual, por parte tanto de la ciudadanía como de la oposición, Sauro sostiene que "el Estado fue dotado de herramientas preventivas, para evitar hechos de corrupción, pero ellos se dedican sistemáticamente a vaciarlas, como ocurre con la Oficina Anticorrupción y con los organismos en general". "Ex post, queda la vía judicial, en este año que llevan de gestión, nunca reunieron al observatorio, ni una vez", dice y reconoce que "el Mapa sigue on line porque el costo de desactivarlo es alto, implicaría un conflicto con el BID, pero una ve que las obras están paradas".  

"Para nosotros, esto no es algo que hacemos después de que terminó la jornada laboral, estos son ejes de gestión, transversales a todas las decisiones que tomamos, esa es la diferencia principal", resume.  A la vez, nada de esto es nuevo. El manejo del sector por parte del macrismo, entre 2016 y 2019, fue absolutamente ajeno a la mirada pública y el control ciudadano. "Cuando asumimos, no existía un listado único de obras en curso", recuerdan desde el entorno del ministro de Infraestructura. 

"Las obras estaban en los discos rígidos de las computadoras de los funcionarios, ni siquiera en una nube, cualquier pyme tenía mejores controles que el ministerio, por algo el área dependía de Rogelio Frigerio, que era ministro de Interior, porque se usaban como moneda de canje para obtener apoyo político", recuerdan respecto a la experiencia de Cambiemos, entre 2015 y 2019.