Aún resta establecer el mecanismo por el cual los exportadores cumplirán con la liquidación anticipada de dividas, condición indispensable para aplicar en el beneficio de la baja de las alícuotas de los derechos de exportación. Mientras tanto, la comercialización sigue en stand-by.
Por Daniel Aprile
Esta semana se oficializó en el Boletín Oficial la rebaja de las retenciones para los cultivos extensivos y la eliminación para las economías regionales que aún mantenían algún tipo de alícuota para los derechos de exportación. Se trata del decreto 38/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que redujo hasta el 30 de junio un 20% de la alícuota para los principales cultivos, como los derivados de la soja, el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz, y sus primeras transformaciones, como las harinas y los aceites.
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A simple vista pareciera que todo quedó claro entre el campo y el Gobierno, pero eso no es exactamente así. Por eso, buscando dar certeza y claridad, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Sergio Iraeta, junto al director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, recibieron a la Mesa de Enlace e intentaron explicar las dudas que tienen los representantes de la producción primaria.
El encuentro estaba previsto con antelación, como previa a la reunión que mantendrán los dirigentes rurales con el ministro de economía, Luis Caputo, el el próximo 6 de febrero, sin embargo se aprovechó esta reunión técnica no sólo para adelantar los temas que preocupan al agro sino también para analizar la proyección de la baja de retenciones.
Por parte de las entidades, participaron los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, junto a Matías Velasco; de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, y de Coninagro, Lucas Magnano, y la vicepresidente segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking junto a Nicolás Ginatta.
Según se comunicó desde la secretaría que conduce Sergio Iraeta, “las entidades manifestaron su acuerdo con la medida oficial que reafirma el compromiso de bajar impuestos y brindarle herramientas a los productores a la hora de tomar sus decisiones comerciales”. Si bien esto es cierto, los ruralistas plantearon una serie de dudas porque por ahora la venta no se agilizó y los precios de los granos en las pizarras no reflejan la mejora esperada.
De hecho, las subas de los granos durante el día de hoy en el mercado internacional -que repercuten en el local- estarían vinculadas a las preocupaciones sobre las condiciones climáticas adversas en Argentina y a la demora de la cosecha de soja en Brasil.
La palabra de los ruralistas
Al salir de la reunión, Carlos Castagnani (CRA) detalló que “fue una reunión preparatoria y positiva de cara al próximo encuentro” y explicó que “una de las preocupaciones que tenemos es que el precio se traslade al productor, que no quede en el camino. Aparentemente se está trasladando porque nos mostraron eso durante el encuentro”.
En tanto, Andrea Sarnari (FAA) destacó que “fue una reunión de trabajo donde nos explicaron los alcances de la medida sobre retenciones”. La representante de los federados agregó que les preocupa “el plazo de vencimiento” aunque confió en que el productor tenga ese beneficio trasladado a precio.
Concretamente, la preocupación que tienen todos en el sector primario se centra en qué va a pasar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), es decir cuando se deban ingresar las divisas. A priori, como rige el dólar blend, se deberá liquidar el 80% de ese 95% al tipo de cambio oficial y el resto tendrá como referencia el contado con liquidación (CCL).
Adelantar esas divisas tiene un costo financiero y eso es exactamente lo que se esta discutiendo desde el mismísimo momento en que se publicó en el BO el decreto, aunque todavía se espera por la reglamentación. Aquí es donde intervienen los compradores de los granos, es decir las empresas cereales que son las exportadoras que integran la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
Los exportadores en el centro de la escena
Según pudo saber Ámbito, desde la cámara que agrupa a las aceiteras -que son las que deberán correr con el costo financiero y que además tienen el compromiso de mejorar la capacidad de pago que tienen para con los productores y a la vez traer las divisas que engrosan las reservas del Banco Central, existe la convicción de que habrá una mejora de precio para los productores, aunque todo dependerá de las decisiones de venta de los productores para establecer la oferta de granos en el mercado.
Ese "costo financiero” se basa en que las exportadoras pueden pedir el dinero a sus casas centrales o tomar créditos de prefinanciación de exportaciones en el mercado local, pero siempre conlleva un ítem que descuenta rentabilidad en el negocio y por consiguiente, limita la capacidad de pago de la industria por los granos.
En el seno de la Mesa de Enlace aseguran que esas cuestiones las deberá resolver el exportador, pero lo cierto es que si hay costos financieros por el adelanto de las divisas, de algún bolsillo van a tener que salir. Los productores más descreídos creen que saldrá del precio de referencia de los granos, por eso ese valor es el que se mira con mayor detalle por estas horas. Es una discusión que parece insignificante pero no lo es: por cada tolerada de soja puede haber una diferencia de al menos $ 10.000 y no hay que olvidar que sólo de la campaña pasada restan por comercializarse cerca de 10 millones de toneladas, lo que equivale a una diferencia de $ 100 mil millones. Un número nada despreciable que sólo contempla la campaña 2023/23. La actual (2024/25) se levantará a partir de marzo y por ahora se estima una producción levemente por debajo de las 50 millones de toneladas.
El negocio agropecuario tiene sus complejidades y no es apto para ansiosos, pero en la Argentina se suman cuestiones internar y externas que hay que analizar en detalle. Por eso, desde ahora y hasta el próximo 6 de febrero, habrá tiempo para determinar cómo será la reglamentación del decreto de referencia para establecer cómo impactará esta medida en el mercado, qué podría ofrecer la industria para darle al Gobierno las respuestas que espera sobre el ingreso de divisas a la arcas del estado y cuál será efectivamente la mejora de precio que pueden recibir los productores.
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