El encuentro fue organizado por la comisión de Seguridad del Senado y contó con la participación de legisladores de ambas cámaras; el vicegobernador, Adán Humberto Bahl; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el jefe de Policía, Gustavo Maslein, y el director de Toxicología, Lucio Villalba. 

El proyecto de ley fue remitido por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura a comienzos de septiembre. El impulso viene con visto bueno de Nación –aunque con condiciones- y debe superar la ley sancionada y declarada inconstitucional por dos jueces federales de la provincia en 2014. En esta ocasión se aprobó conformar una comisión Bicameral para su análisis. 

Sin embargo, el debate este martes fue en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Allí, Bahl, que fue ministro de Gobierno y Justicia durante los ocho años de Sergio Urribarri en la gobernación, contó su experiencia en la materia. “Es imprescindible que nos ocupemos de este flagelo. Si tuviera que votar esta ley, lo haría con ambas manos”, graficó, según el parte de prensa de la vicegobernación enviado a INFORME DIGITAL. 

Bahl: "la votaría con ambas manos” 

“Tenemos que abordar este problema con una visión amplia, que nos permita trabajar conjuntamente las fuerzas nacionales y las provinciales. No alcanza con luchar localmente contra el narcomenudeo, es necesario coordinar con las fuerzas de seguridad nacional”, señaló Bahl y agregó: “Debemos establecer un diálogo con la justicia federal, no podemos hacer esta ley sin una charla con la Justicia Nacional”. 

Finalmente, el presidente del Senado se refirió a la necesidad de abordar integralmente el problema. “Más allá de los gastos operativos y de las inversiones que se necesitan, es necesario considerar la capacidad de las cárceles y pensar en la eficiencia del conjunto del sistema que también debe considerar el tratamiento de las adicciones. Esta ley debe estar combinada con una buena política de prevención”. 

Romero: "perseguimos al pequeño para debilitar la persecución del más grande" 

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, por su parte, afirmó que “con este texto ya no se puede alegar inconstitucionalidad”. La flamante funcionaria explicó que la provincia tuvo dos intentos de adhesión a la ley nacional 26.052 de Estupefacientes: una durante la gobernación de Jorge Busti, que quedó nula por planteos del Superior Tribunal provincial; y la mencionada de la gestión Urribarri. 

“Hoy no hay objeciones de constitucionalidad, porque el mayor cuestionamiento fue la parcialidad con la que adherimos en la norma anterior. Acá estaríamos en condiciones de adherir en forma total a una ley nacional como ya lo han hecho en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco y Neuquén”, ejemplificó. 

“Tenemos que luchar por hacer valer lo que reza la ley original, que dice que Nación apoyará con fondos a las provincias que adhieran”, advirtió la ministra y señaló que “no hemos podido implementar en la provincia ningún centro de tratamientos. Si hablamos de narcomenudeo, va a surgir que hay muchos niños y adolescentes adictos que a su vez venden y no tenemos dónde tratarlos, no tenemos centros gratuitos”, confesó. 

Además sugirió que hace falta que se creen defensorías además de fiscalías y aclaró que “no deben ser especializadas”, para no “exponer” a los fiscales y defensores, y agregó que “el desafío es que Nación aporte. La policía especializada no creo que sea una condición necesaria en nuestra provincia, ya que tenemos policía muy capacitada”, señaló. 

Según el comunicado oficial del gobierno provincial enviado aINFORME DIGITAL, afirmó por último la funcionaria que “debemos saber que perseguimos al pequeño para debilitar la persecución del más grande. Lo peor que podemos hacer es no actuar ante este delito. Avanzando en esto vamos a dar el combate necesario”, concluyó.