La diputada nacional del GEN-FAP Virginia Linares presentó un pedido de informes sobre la implementación y funcionamiento de la garrafa subsidiada, junto con un proyecto reclamando la ampliación de los cupos, la multiplicación de los puntos de venta y de distribución y un control efectivo sobre los precios de venta.
Año a año vemos que se repiten las mismas situaciones: elevados precios de venta y envío, sumados a la escasez y lejanía de los puntos de venta en los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural, y ausencia de control de precios de referencia y topes máximos establecidos”, sostuvo Linares.
La legisladora precisó que “hay al menos cinco millones de usuarios de garrafas y sólo 600 puestos de venta en el país, que tienen una salida menor a las 100 mil unidades por mes”.
Linares ejemplificó que en la ciudad de La Plata, con casi 700 mil habitantes, existen tan sólo tres puestos de expendio; en la ciudad de Paraná, con más de 270 mil habitantes, sólo cinco; en la ciudad de Bahía Blanca, con 300 mil habitantes, sólo cuatro; mientras que en toda la provincia de Misiones, con más de 1 millón 174 mil habitantes, se encuentran habilitados tan sólo 34.
“El precio de las garrafas sufrió un aumento descontrolado en la última década, producto de la desregulación del sistema llevada adelante en los años 90. Los usuarios que se ven obligados a consumir garrafas, que pertenecen a los segmentos sociales de menor poder adquisitivo, pagan varias veces más por el mismo poder calórico que los consumidores de gas natural”, señaló Linares.
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