Santiago Ulpiano Martínez, el candidato a fiscal federal de Bahía Blanca propuesto por el Gobierno, quedó envuelto en una polémica. Su pliego fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó varios cuestionamientos a su gestión como juez federal subrogante en el mismo distrito.

El organismo realizó la presentación este viernes ante la Comisión de Acuerdos del Senado. El Gobierno propuso a Ulpiano Martínez como fiscal federal en enero. De entre su curriculum, se destaca que investigó la conexión del construir Lázaro Báez con grupos empresarios de Bahía Blanca en una causa por facturas apócrifas. Entre otros, el caso de Juan Suris.

Ulpiano Martínez ocupó ese lugar hasta junio de 2015 cuando el Consejo de la Magistratura lo apartó del cargo, una medida promovida por el kirchnerismo. El macrismo busca reposicionarlo en el Poder Judicial, aunque también surgen cuestionamientos.

El CELS, por caso, le atribuyó “una incapacidad absoluta” en sus funciones como juez subrogante. “Ulpiano Martínez carece de idoneidad para el cargo al que aspira. Su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal y solicitamos a la Comisión que no avance en su acuerdo”, señaló el organismo.

Alejo Ramos Padilla, el juez designado tras la remoción de Ulpiano Martínez, realizó un relevamiento del estado en el que se encontraba el juzgado federal 1. El CELS dice que se lo encontró en forma “calamitosa”, como la “gran cantidad de detenidos sin indagar” o aquellos que aquellos llevaban meses privados de su libertad”.

“había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban.

Estaba pendiente la resolución procesal de más de medio centenar de imputados que estaban detenidos y tenía personas con su prisión preventiva vencida. No existía un listado de detenidos actualizado y confiable, por eso el nuevo juez debió librar oficios a las fuerzas de seguridad y penitenciarias para conocer la nómina de detenidos alojados a cargo del juzgado”, señaló el organismo.

“El cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial, se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia. La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas en los procesos penales que estaban a su cargo”, añadió el CELS.

Por otro lado, en relación a las causas por delitos de lesa humanidad, la entidad, referente en materia de Derechos Humanos, sostuvo que “sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas” y le criticó la falta de control de “posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria”, así como la negación a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército.

“Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa “Triple A”, de los que no tenían copia”, agregó.

“Las resoluciones de Ulpiano Martínez fueron sistemáticamente revocadas por su superior jerárquico, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y fueron incumplidas igualmente por él. No solo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, enfatizó el CELS.

Por otro lado, el organismo señaló que “había armas y otros explosivos a la vista, sobre los escritorios y estantes de las oficinas del juzgado”, sin ningún tipo de resguardo y cadena de custodia, así como estupefacientes en todo el edificio, con la terraza incluida: “casi 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, un poco más de 2 kilos de hojas de coca, 10 paquetes de papel para armar cigarrillos, 297 cigarrillos armados de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas”.