Un duro fallo judicial condenó al municipio de Bahía Blanca, a la gestión de Provincia, el consorcio del Puerto local y a empresas del polo petroquímico de la región por un severo caso de contaminación ambiental en la ría y el estuario local. Se trata de una denuncia impulsada por pescadores artesanales de la zona desde hace varios años, y que ahora encontró una resolución por parte de la Justicia. 

“Encuentro probado que la variedad del material contaminante existente en el Estuario de Bahía Blanca en su conjunto ha provocado un daño ambiental”, dijo el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, sobre la presentación judicial hecha por pescadores artesanales hace ya 12 años y que se convirtió en una disputa clave en el distrito conducido por Héctor Gay.

En ese marco, la decisión de la Justicia ahora exhorta tanto a las empresas como a la Municipalidad y la Provincia a generar un fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo e iniciar acciones para revertir la situación, que incluyen planes de remediación y control, y modificación de los parámetros de monitoreo.

El Comité Técnico Ejecutivo local realizó un análisis del agua junto al Conicet y OPDS, donde detectaron metales pesados que en algunos casos superan los límites de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los parámetros establecidos en el Decreto 831/93 y la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua. También herbicidas, pesticidas, fertilizantes y otros desechos clandestinos.

A ello se suma también un estudio de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde se advierte que “el nivel de bioacumulación en hígado, branquias y músculo” en ciertos peces “conlleva a pensar que el nivel de acción antrópica sobre el sistema está afectando seriamente el mismo”.

En tanto, entre las empresas señaladas por esta situación se ubican Absa, Dow, Profertil, Mega, Cargill, PBB Polisur, Solvay, Petrobras y Transportadora de Gas del Sur, mientras que en lo respectivo al Estado, tanto el municipio de Bahía Blanca y Provincia de Buenos Aires deberán presentar un plan de acción para revertir el problema, en el lapso de los próximos 60 días.