En atención a que “en la actualidad, la tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública, por el daño que provoca, principalmente, como causa de enfermedad y, en menor medida, también como causa de mortalidad”; el diputado provincial justicialista Germán Andrés Bacarella(FJV), mediante el Proyecto de Comunicación (Expediente 32142 CD-FJV) de su autoría, ingresado por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el viernes 28 de octubre de 2016, aún sin tratamiento parlamentario propiamente dicho ni comisiones asignadas para su estudio, “vería con agrado” que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación, a fin de “reclamar la entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la tuberculosis”, conforme el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y Lepra.

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica producida por el bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. Su forma de transmisión es de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o estornudar.

Esta enfermedad sigue avanzando a nivel mundial con un incremento del uno por ciento (1%) anual y, aunque existen tratamientos eficaces y accesibles, cada año se registran nueve (9) millones de casos nuevos en el mundo y “unos dos (2) millones de personas mueren por esta enfermedad”.

A pesar de que “el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población”, debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el manejo de la enfermedad, como “la falta de detección de los casos existentes, los abandonos del tratamiento y más recientemente la aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales”, la tuberculosis, en la actualidad, sigue siendo un importante problema de salud pública,“por el daño que provoca, principalmente, como causa de enfermedad y, en menor medida, también como causa de mortalidad.

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y Lepra, creado por Resolución 583/2014 del Ministerio de Salud de la Nación, tiene la “responsabilidad de asegurar el abastecimiento regular de medicamentos, insumos de laboratorio y registros necesarios para ejercer las actividades de control”.

Los cuatro fármacos más frecuentes para tratar la enfermedad son: rifampicina, isioniacida, etambutol y pirazinamida. Los pacientes deben tomarlos durante un lapso que va de 6 a 8 meses para curarse y evitar seguir propagando el bacilo de la enfermedad. Los médicos dicen que “es importante seguir el tratamiento con constancia y rigurosidad para evitar riesgos”. La falta de medicamentos para la tuberculosis afecta a unos 10.000 pacientes en el país y a 550 personas en la provincia de Santa Fe.

Las autoridades provinciales explican que a Santa Fe no está llegando “la triple asociación”, que une en un solo comprimido: rifampicina, isioniacida y pirazinamida. Esto facilita seguir un tratamiento que es largo, ya que “en una sola pastilla el paciente ingiere tres de los cuatro fármacos que tiene que tomar”.

Ante ello, “lo que se está haciendo en los centros de salud y hospitales es reemplazar la triple asociación por cada fármaco en forma individual o por la doble asociación, pero tampoco hay etambutol”. Esto implica que el paciente tiene que concurrir todos los días al centro de salud a colocarse la inyección”, argumentó el diputado justicialista Germán Andrés Bacarella (FJV) el Proyecto de Comunicación (Expediente 32142 CD-FJV) de su autoría, ingresado el viernes 31 de octubre de 2016 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, aún sin tratamiento parlamentario propiamente dicho ni comisiones asignadas para su estudio; no sin antes advertir que “esta situación exige un esfuerzo presupuestario de parte del Gobierno Provincial para subsanar el riesgo sanitario”, lo que implica una “injusticia en términos de distribución de recursos coparticipables”.