Según han explicado desde el Consistorio a Europa Press, estas instalaciones tienen como objetivo captar residuos que por "sus características particulares" no puede hacerse por parte de los servicios ordinarios. Entre ellos figuran residuos peligrosos de origen domésticos, de pequeñas obras o los RAAEs. Estos últimos son uno los tipos de deshechos que más está creciendo a nivel comunitario.

De hecho, el Parlamento Europeo ha alertado de que a lo largo de 2017 se recogieron 3,5 millones de toneladas de estos materiales en el territorio comunitario del que solo el 40% de ellos fueron reciclados.

Este organismo aprobó el pasado 7 de abril sus demandas para la próxima propuesta de la Comisión Europea sobre el derecho a reparar, que buscará que los productos sean más duraderos y fáciles de reparar abordando todo el ciclo de vida promoviendo ese uso más eficiente.

ECOLOGISTAS PIDEN UN CAMBIO DE ENFOQUE DE LOS PUNTOS LIMPIOS

Precisamente esos puntos limpios son unos espacios que deberían experimentar cambios para Charo Morán, miembro del área de Consumo de Ecologistas en Acción, quien ha explicado a Europa Press que considera que no deberían funcionar "solo como recolectores" y que deberían tener una "vocación de recuperación".

"Se desechan continuamente cosas en buen estado. Es ahí donde está el verdadero problema. Hacer el cribado y que se vea cuáles de esos objetos pueden tener una segunda vida", ha añadido.

Al hilo, ha censurado tanto la obsolencia programada --objetos diseñados para que "duren poco"-- como la obsolencia "inducida" aquella en la que se acaban cambiando productos sin que estén estropeados solo por "la rueda del mercado".

"Un ejemplo es la ropa, que se tira a veces sin siquiera estrenarse porque ya ha cambiado la moda", ha señalado Morán. La miembro de Ecologistas en Acción también ha llamado a tener en cuenta todo el ciclo del producto, también la fabricación y el tratamiento cuando acaba su tiempo de uso.

UN CUERPO DE INSPECTORES PARA DETECTAR EL FRAUDE

Aumentar ese tiempo de uso es uno de los objetivos de esta propuesta debatida en el Parlamento Europeo, que de traducirse en normativa comunitaria --con su consecuente trasposición a las leyes estatales-- lo que habría que lograr es "evitar prácticas fraudulentas" implementando "determinadas condiciones", según ha destacado a Europa Press el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

"Lo que echamos en falta es un análisis por parte de Bruselas y de los Estados de qué protocolos reales serían necesarios para mantener un control de estas medidas y evitar prácticas abusivas. No es que estemos totalmente desprotegidos sino que es necesario implementar mejoras en la legislación", ha remarcado.

Entre las medidas demandadas por la Eurocámara se encuentran los incentivos para que los consumidores opten por reparar antes de sustituir, que se obligue a los fabricantes a conceder información transparente sobre reparación y mantenimiento --garantizando además las actualizaciones informáticas-- y que los dispositivos sean más duraderos, fáciles de reparar y que incluyan piezas que puedan quitarse y reemplazarse. Junto a ello plantea normas armonizadas sobre cómo informar al consumidor respecto a la reparación de productos.

Rubén Sánchez entiende que, más allá de la necesidad de legislación, en las comunidades autónomas existen unas "deficiencias enormes" en sus capacidad para hacer controles e inspecciones y detectar y responder al fraude. Ha censurado que en los Presupuestos --tanto nacionales como regionales-- no se contemple un refuerzo para tener "cuerpos potentes en lucha contra el fraude", algo que es "cuestión de voluntad política", pero que no la hay "en ninguno de los partidos".

Desde Facua señalan que igual que se piden cuerpos potentes en Hacienda para evitar el fraude fiscal hay que implementar un modelo similar para poder detectar, multar y erradicar el fraude en estos "derechos y necesidades adquiridas".

LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

Por su parte, la Comunidad de Madrid reconoce en su web institucional la necesidad de rebajar la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos porque "el mejor residuo es el que no se genera".

Es por ello que instan a que los consumidores doten de un segundo uso a estos aparatos ya sea trasladándolo a entidades sin ánimo de lucro, a establecimientos dedicados a segunda mano u "otras vías similares que reutilicen y alarguen la vida útil de los productos".

Asimismo, insisten en la "responsabilidad ampliada" de los productores originales de estos aparatos que deben de tener en cuenta su posterior reutilización en el diseño de los mismos, elaborar planes de prevención de RAEE, cumplir los objetivos de recogida --así como organizar, financiar y gestionarla-- y "cumplir con las obligaciones de información y suministro de documentación establecidas en la normativa de aplicación--.

Actualmente el tratamiento de los RAEEs está determinado por la Ley 22/2011 y el Real Decreto 110/2015, que marca que la preparación para la reutilización se llevará a cabo en las etapas más próximas a la recogida inicial por gestores autorizados.

También establece que antes siquiera a cualquier tipo de procedimiento para su reciclado o valorización se deberá --como mínimo-- retirar todos los fluidos incluidos aceites, lubricantes así como el tratamiento selectivo de materiales y componentes, según recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su portal web, donde añaden que los materiales y fracciones se obtienen, normalmente a través de procesos manuales, mecánicos, de fragmentación o de triturado, de manera que puedan valorizarse o en último caso, eliminarse

PLAN DE GESTIÓN DE RAEES DE LA COMUNIDAD 2017-2024

La Comunidad de Madrid cuenta con un Plan de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos o Eléctricos 2017-2024, que continúa lo planteado en la Estrategia de Residuos 2006-2016 e incluye, entre otros, la necesidad de ampliar la vida útil del aparato para "primar la prevención" incorporando la reutilización del mismo como "opción prioritaria" en la gestión de los RAEEs.

Desde el Ejecutivo regional han asegurado a Europa Press que buscan "liderar la innovación" en materia de economía circular, rompiendo con "el modelo lineal existente".

Entre los puntos que han señalado en esta línea se encuentran la priorización de construir "grandes y modernas instalaciones" de tratamiento de residuos que permitan cumplir con los objetivos de la Unión Europea.

También abogan por un marco legislativo que apueste por esta transición a la economía circular mediante, entre otros, el anteproyecto de Ley de Economía Circular para poder determinar objetivos y medidas orientadas a maximizar las cadenas de valor de los residuos.

Desde el Gobierno regional también han puesto el foco en la colaboración con los municipios y mancomunidades de la región porque estas son claves para promover políticas en esta materia a nivel local basadas en la "prevención, reutilización y gestión de residuos".