El camporista Esteban Kiper fue nombrado vicepresidente de la empresa. Con su desembarco, el ministro de Economía se queda con el manejo de la energía
Una de las cuestiones que deja al descubierto la designación de Kiper -quien fue asesor de Hernán Lorenzino y se especializa en macroeconomía- es la ductilidad que tienen los jóvenes de La Cámpora para cambiara de función. Es que el funcionario pasa de controlar la impresión de billetes en la Casa de la Moneda a hacerse cargo de supervisar la generación de energía eléctrica a cargo de CAMMESA, un pase algo difícil de explicar.
Kicillof dio un paso fundamental para manejar el mercado de generación de energía cuando nombró en mayo del 2012 al abogado Juan Manuel Abud (también referente de la agrupación de Máximo Kirchner) como gerente general de CAMMESA, una sociedad mixta que administra el mercado mayorista. También desembarcaron por entonces los economistas Patricia Charbay y Cristian Girard.
El plan que el por aquellos días viceministro de Economía presentó en enero de 2013 consistía en un paquete de medidas para mejorar transitoriamente los ingresos de las generadoras. Pero a partir es ese momento comenzó el mayor cambio en el esquema económico regulatorio para el sector, con un total intervencionismo estatal en la venta de energía a las empresas privadas. Desde entonces, es el Estado a través de Cammesa el que le vende la energía a las empresas privadas en la Argentina.
"Es el cambio más importante en el sector eléctrico que se produjo desde 1992, cuando se privatizaron al generación, la distribución y el transporte de energía", comentó un empresario del sector consultado por Infobae.
Ese esquema, diseñado por Girard y Charvay, junto a la gerente financiera de la entidad, Paula Español, implicó que finalizaran los llamados contratos a término que utilizaban las generadoras para vender energía en forma directa a los medianos y grandes usuarios.
Ahora éstas le entregan toda la producción de energía a Cammesa, que se transformó en la única empresa que compra y vende energía eléctrica en el mercado mayorista, y por lo tanto fija el precio. Por consiguiente, las empresas tienen que negociar las tarifas con los funcionarios del estado.
El programa contempla también que las generadoras deben cumplir con metas anuales de producción y se establece una producción planificada anual para cada máquina. Si no producen lo solicitado, las generadoras son castigadas con una menor remuneración tarifaria.
"Lamentablemente la estatización de los grandes contratos de energía fue una muy mala noticia para el sector, porque las empresas son la savia de este negocio, no por los precios que se pagan, sino porque son buenos pagadores, no como el Estado", dijo el empresario que habló con este medio, quien apuntó que con esta maniobra Kicillof se queda con una caja de unos 25.000 millones de pesos anuales.
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