El proyecto de Licencias para mujeres víctimas de violencia de género, obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Humano, Cultura y Deportivo y está más cerca de convertirse en ordenanza.

Entre otras cosas el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales del Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, Ana Marks y Daniel Natapof, establece el Régimen de Licencia Especial con goce de haberes para agentes públicos del género femenino, que se desempeñan en el ámbito del sector público municipal y que sean víctimas de hechos de violencia de género.

Según indicaron desde el bloque, las estadísticas a nivel local demuestran que la cantidad de denuncias sigue en aumento. Por ejemplo en el 2015 se presentaron 1094 denuncias por violencia familiar en el Juzgado de Paz de Bariloche, mientras que la línea de atención a las mujeres víctimas de violencia de género (102), recibió 1709 llamados en el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 1 de noviembre de 2015.

Las estadísticas de dicho período reflejan que el 44,35 % de las mujeres han manifestado sufrir violencia física,  el 49,12% de las mujeres identificaron ser víctimas de violencia psicológica, el 5,24% de las mujeres dijeron sufrir violencia económica y el 2,86% expresó sufrir violencia sexual. Además, del total de las llamadas recibidas, el 19,24 % constituyeron situaciones críticas, en las cuales fue necesaria la intervención presencial de las operadoras de guardias.

"Es importante que esta iniciativa surge a partir del trabajo con la Red de Géneros Bariloche, Secretaría de Género CTA de los Trabajadores Regional Andina Sur", explicaron.

Por su parte, se entiende por violencia de género toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

De a cuerdo a lo previsto, el proyecto todavía debe ser analizado por la Comisión de Gobierno y Legales antes de ser tratado en la próxima sesión del Concejo para su aprobación definitiva.