El polémico emprendimiento comercial que propone instalar un megashopping en el predio lindante al hipermercado Walmart avanza hacia su concreción. Según pudo conocer este medio, se habría arribado a un acuerdo entre Ctibor, familia propietaria del predio, y los empresarios desarrolladores del proyecto por el alquiler de los terrenos, lo que aceleraría los plazos para su realización. 

Como se expuso desde las páginas de este diario, los inversores que buscan habilitar el megashopping platense tendrían aceitados acuerdos con la cadena de supermercados La Anónima, que implicarían la instalación de grandes centros comerciales en predios ocupados por sucursales de esa firma o del propio Walmart.

De esta manera, el poder de lobby proviene directamente desde las oficinas más encumbradas de la Casa Rosada. La Anónima pertenece al grupo familiar que integran tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como su primo, Miguel Braun, actual secretario de Comercio de la Nación. A su vez, este último tuvo, previamente a su actividad pública, negocios en común con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, laderos del Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Como parte del mismo clan familiar, Federico Braun Seeber, tío del secretario de Comercio de la Nación, a quien define como “un hijo”, es el actual presidente de La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la cadena de supermercados La Anónima, con más de 160 sucursales en todo el país, y quien posee, además, el 4,64% de EBA Holding SA (sociedad que es la mayor accionista del Grupo Financiero Galicia SA). 

Sus hijos son Tomás Braun (responsable de Estrategias Comerciales del Galicia), Nicolás Braun (director de Mercaderías de La Anónima) y Federico Mauricio Braun. Este último fue director de La Anónima y del Grupo Financiero Galicia hasta diciembre de 2015, cuando de la mano del macrismo desembarcó en la Anses, asumiendo como subdirector ejecutivo de Administración. En tanto, entre 2013 y 2015, se desempeñó como funcionario en el Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Dentro del negociado por el megashopping se encontraría también el Grupo Plani, que actualmente maneja unos veinte centros comerciales en distintas partes del mundo, y en la Argentina se encuentra asociado con la firma Southern Cross Group del empresario de origen japonés Norberto Morita, estrechamente vinculado con el macrismo.

En este contexto, la concejal Florencia Rollié presentó ayer una carta dirigida al presidente de la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, Oscar Vaudagna, en la cual señala que existen “severas observaciones al proyecto de ordenanza” mediante el cual se plantea “la ratificación del convenio firmado el 16 de febrero de 2017 entre el Ejecutivo municipal y la Empresa Asset Land SA para instalar un shopping en los terrenos de Walmart”.

Según un expediente que se tramita en el Concejo Deliberante, la intención de este grupo de inversores es concretar un convenio mediante el cual los interesados en el megaemprendimiento destinarían a las arcas locales un dinero que apenas alcanzaría para hacerle un “maquillaje edilicio” a la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

¿Un intento de aprobación encubierto?

La argumentación para la aprobación del convenio se apoya en el decreto que habilitó la instalación de Walmart en 1997. Pero esa disposición fue luego modificada por otras ordenanzas que establecieron mayores restricciones para la instalación de hipermercados.

En este sentido se expresó la edil del radicalismo, para quien el documento que habilitaría a la construcción del megaemprendimiento “se encuentra viciado de nulidad porque revalida un certificado de factibilidad anterior que fue otorgado el 10 de marzo de 1997, mediante el Decreto 214, firmado por el entonces intendente Julio Alak, que se refería específicamente al hipermercado Walmart y no a un shopping”. 

“Se nos pide aprobar el expediente del shopping en Walmart, encubierto en un convenio y basado en una resolución del Ejecutivo que es de nulidad absoluta”, dijo Florencia Rollié.

Ante una consulta de este medio, el concejal Vaudagna señaló que en la comisión que preside fue recibido el convenio, por lo que se requirió el expediente de 1997, el cual hasta el momento no fue remitido.

Para el edil del Frente Renovador, por su magnitud “es imposible que este proyecto salga de manera encubierta o solapada”. Además, aclaró que requiere de cinco firmas.

En tanto, desde las autoridades municipales aseguraron que no hay novedades “ni en el desarrollo ni en lo relacionado a expedientes”.