A la disputa entre el Gobierno provincial y cinco municipios con gobiernos peronistas, por la afectación a obras del punto extra de Coparticipación; se suma otra discusión que se dará en el seno de la Justicia provincial. Mientras avanzan las conversaciones en el Superior Tribunal de Justicia, ahora también habrá audiencia judicial en el marco de las causas iniciadas por la Dpec para reclamar a la comuna capitalina la deuda que aseguran mantiene en concepto de alumbrado público.

Tal como adelantó El Litoral, se produjo ayer un encuentro informal entre los representantes legales del gobierno provincial y de los municipios de Capital, San Luis del Palmar, Ramada Paso, Tabay y Saladas. La reunión con el presidente del STJ, Guillermo Semhan no se extendió por más de 15 minutos, puesto que éste último no disponía del tiempo suficiente para atender un asunto no previsto en su agenda de ayer.

La mediación judicial continuaría recién el jueves, cuando se produzca un nuevo encuentro formal. Instancia que así queda “cerrada”, y habilita ya una definición de la Corte provincial que capitalizaría el logro de haber generado un acuerdo entre provincia y municipios PJ.

Radicales y peronistas se mantienen firmes en sus posturas, pero coincidirían en la necesidad de un acuerdo político sin mayores costos públicos. En el gobierno ratifican la necesidad de retirar los planteos judiciales para activar el envío de fondos correspondientes al 19 por ciento de Coparticipación, incluídos los recursos “reservados” de agosto y septiembre. Los municipios insisten en que se destraben los fondos en cumplimiento con la Ley de Presupuesto.

Pero mientras, avanza en la Legislatura provincial el proyecto que dará categoría de ley al Decreto Nº 2.034. La iniciativa lograría aval del Senado en la sesión del jueves, y “en Diputados no habría problemas”, vaticinaron ayer desde la bancada de ECO.

Así, se espera que se apruebe la ley que fije el destino a obra de los fondos, y ese paso legislativo evite un arbitraje judicial que beneficie a un sector. “Con la ley en vigencia, la discusión de fondo queda abstracta porque la ley supera al decreto cuestionado”, explicaron a El Litoral fuentes judiciales consultadas.

Lo que sí podría hacer entonces el STJ es “ordenar al Ejecutivo provincial el goteo de fondos” reclamados por las comunas. Envíos que no obstante se harán una vez aprobada la ley.

De este modo, la disputa política por el punto extra de Coparticipación comienza a destrabarse. Pero mientras, asoma otra discusión que también se centrará ahora en ámbito judicial.

Alumbrado público

En el marco de las causas judiciales iniciadas por la Dpec en 2013 en reclamo de una “millonaria deuda del Municipio de Corrientes con la empresa distribuidora de energía por el consumo de alumbrado público no abonado”, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes convocó a una audiencia de partes.

La cita es para el 16 de octubre próximo, a fin de avanzar con los expedientes por los cuales se dispusieron ya mandamientos de embargo a la Comuna capitalina, según confirmaron ayer desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.

“…Analizadas las actuaciones, teniendo presente que actora y demandada en autos son el Estado Provincial y el Estado Municipal y las cuestiones planteadas, en uso de las facultades otorgadas al suscripto por el ordenamiento procesal (art.36, inc.2) resuelvo fijar Audiencia a efectos de que comparezcan representantes de ambas partes asistidas de personal técnico especializado a los fines previstos en la norma legal citada para el día 16 de Octubre de 2014”, reza el texto judicial.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes inició en 2013 dos causas judiciales tramitadas por los expedientes Nros. 90.759/13 y 94.589/13 en reclamo de unos 2 millones y 5 millones de pesos respectivamente; “suma que a la fecha se ha incrementado considerablemente”, aclaran desde Hacienda.

“La empresa inició el juicio de apremio a efectos de cobrar la deuda mencionada, tras la negativa de las autoridades municipales a abonar las facturas del consumo de energía de los últimos 18 meses”, asegura el parte oficial.

Cabe recordar que la administración municipal resolvió rescindir un contrato con Dpec desde el 1 de enero de 2013 y cobrar directamente al vecino el servicio de alumbrado.

De este modo, el cobro del alumbrado público se suma al punto extra de Coparticipación, entre los temas que se discuten en la Justicia.