El Jurado de Enjuiciamiento conformado para analizar la denuncia de la legisladora Elisa Carrió contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, se reunirá en los próximos días para avanzar con el proceso de destitución. Scapolán estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro hasta el año pasado cuando, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, se resolvió disolver esa fiscalía a raíz de las pesadas denuncias por diversas irregularidades que involucran al mencionado funcionario del Ministerio Público y a su jefe: el exfiscal general de San Isidro, Julio Novo. A ambos se le atribuyen fluidos vínculos con Sergio Massa.

Los legisladores Walter Carusso, Hernán Albisu, Hugo Otoño, Juan Pablo Allan y Santiago Revora, junto a los conjueces José Manuel Del Cerro, Horacio Garaguso, Juan París, Carlos Garavaglia y Carlos Valdez, y la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, tienen que determinar si Scapolán cometió serias irregularidades en una serie de procesamientos, incluida la investigación de los allanamientos derivados del robo en la casa del exintendente de Tigre, Sergio Massa, ocurrido en julio de 2013.

Pese a que su fiscalía fue disuelta, Scapolán aún no fue destituido y sigue siendo funcionario del Ministerio Público. Más precisamente, en el área criminal del Departamento Judicial de San Isidro.

Los hechos

Según Carrió, en una denuncia presentada en noviembre pasado en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios judiciales, a Scapolán hay que destituirlo, previa suspensión o apartamiento preventivo por haber cometido los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delincuentes, encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e instigación al falso testimonio. También le imputa incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplir los deberes inherentes a su función, incurrir en graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y perpetrar acciones u omisiones que implican defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.

La diputada nacional ubica a Scapolán como un funcionario cómplice de Novo y de la exprocuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, en el marco de un sistema de protección a narcotraficantes. Cabe recordar que, tal como  viene informando Hoy, Falbo presentó su renuncia como Procuradora el año pasado, acorralada por las pesadas denuncias en su contra, y de forma casi inmediata encontró refugio en el Ministerio de Justicia de la Nación, desempeñándose actualmente como asesora del titular de esa cartera, Germán Garavano.

Varias denuncias desde 2005

Sobre Scapolán hay una decena de denuncias que incluyen haber participado en el año 2005 en el desalojo ilegal, de su despacho, del fiscal Lino Mirabelli, quien investigaba desfalcos en el municipio de Vicente López.

También está en la mira por haber intervenido, supuestamente, en maniobras con el fin de obstruir la pesquisa por el doble crimen de ciudadanos colombianos en el Unicenter de la localidad de Martínez, un hecho con sello narco. Eso no es todo: también habría formado parte de maniobras de encubrimiento, ordenadas por Novo, para cajonear la investigación que se inició a raíz de las irregularidades que se habrían registrado en los allanamientos por el robo en la vivienda de Massa. Concretamente, según afirma el fiscal Washington Palacios, a partir de la denuncia realizada por un testigo del allanamiento, se habrían falsificado firmas del acta policial del procedimiento y  se habría quitado la última hoja donde constaba una cantidad de dinero, sustraída en la casa del exprefecto condenado por el robo, muy superior a la reconocida por Massa y su mujer, Malena Galmarini. 

El fiscal Palacios estuvo a cargo de la investigación de los allanamientos durante 45 días y, tras decidir algunas medidas de prueba para avanzar, sospechosamente Novo decidió quitarle el expediente y dárselo a Scapolán. Como resultado, luego de cuatro años de haberse registrado los hechos denunciados, la causa se encuentra prácticamente archivada. 

Palacios acusó a dos de sus pares por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. Para el fiscal, del informe donde se documentaron los allanamientos se desprende que el acta del registro domiciliario no fue firmada por los testigos Romualdo Díaz, Margarita Torres y Graciela Noemí Garate (esposa del malviviente).

Además, el comisario Gabriel Natiello, el testigo César Jaunarena y el ahora condenado exprefecto Alcides Díaz Gorgonio  firmaron la primera y segunda hoja del acta de allanamientos de urgencia, pero no firmaron la tercera. Varios de los testigos afirmaron ver en el procedimiento al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Tigre, Diego Santillán, en actitud proactiva con el fiscal que encabezaba la causa, Mariano Magaz. Sin embargo (sospechosamente), su presencia no fue documentada.

Otro dato: el testigo Jaunarena no presenció el momento en el que el fiscal encontró un arma con silenciador en uno de los objetivos. No obstante, en el acta se escribió que se revisó en presencia de él y se incautó la misma. Por estas anomalías fueron acusados por omitir investigar y hasta obstaculizar la causa los fiscales Magaz, de la UFI Rincón de Milberg, y Scapolán.

Una carrera de fuertes vínculos con Novo

En la denuncia que presentó la diputada nacional Elisa Carrió contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, se detalla la sospechosa carrera judicial del imputado: “Se trata del fiscal Claudio Scapolán, quien a partir del año 2001 se desempeñó como instructor judicial y secretario general en la Fiscalía General de San Isidro, para luego asumir como titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de San Isidro. El fiscal 

Claudio Scapolán, desde su ingreso en el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, ha mantenido estrecho vínculo funcional con el fiscal general Julio Novo, no solo por desempeñarse primero como instructor judicial y luego como secretario general en la misma Fiscalía General, sino también porque ha ejecutado órdenes ilegales y abusivas dispuestas por el nombrado Novo. Además, no cabe duda de que ha sido su hombre de confianza; prueba de ello es que en el año 2006 el fiscal general Julio Novo lo designó como titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas, órgano donde con total y arbitraria discrecionalidad, deben tramitar las investigaciones que por su importancia, trascendencia y/o complejidad se le asignen”.