Las autoridades judiciales analizan las condiciones en las que se encontraban las víctimas para determinar cuál es el delito correspondiente y si debe actuar la justicia provincial o federal.
El hallazgo de ocho ciudadanos chinos que se encontraban bajo un presunto sistema de esclavitud en un supermercado de Batán que fue allanado en el marco de la investigación por los casos de triquinosis, tendrá en las próximas horas definiciones concretas en cuanto a bajo qué delito se llevará a cabo la causa. Es que los investigadores analizan minuciosamente las condiciones en las que se encontraban las víctimas para determinar si corresponde que actúe la justicia federal o provincial.
El procedimiento concretado el pasado viernes en el supermercado ubicado en Perón al 10.500 de Batán, que es investigado por los casos de triquinosis, tiene dos frentes abiertos: por un lado, la causa original que lleva a cargo la fiscalía de Delitos Culposos contra la fiambrería del lugar apuntada por los vecinos afectados; y por el otro, una causa iniciada durante el allanamiento cuando las autoridades policiales y de la AFIP encontraron a ocho chinos viviendo en el lugar en condiciones de “esclavitud”, según consideraron en primera instancia. El allanamiento original fue solicitado por la Fiscalía de Delitos Culposos y avalado por el Juzgado de Garantías Nº2. De esta manera, personal policial y de la AFIP llegaron al supermercado sospechado para relevar documentación y alimentos que sean de interés para la causa. En cuanto a la verificación de los alimentos no se encontraron elementos que dejen entrever irregularidades.
Mientras el procedimiento se llevaba a cabo, personal de la AFIP comenzó a entrevistar al personal presente y detectaron que nueve de diez estaban sin registrar. De ellos, ocho son de origen chino y no percibían remuneración y se empleaban a cambio de hospedaje y comida. Los ocho ciudadanos chinos vivían en un espacio reducido separados en cuatro dormitorios pequeños y un comedor en común de unos 20 metros cuadrados.
La causa, en la que trabaja la delegación local de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía bonaerense, recayó en el fiscal de turno del ámbito provincial, Eduardo Amavet, y también fue notificado el Juzgado Federal a cargo de Santiago Inchausti.
En este sentido se espera que por estas horas se defina la calificación de la causa ya que de eso dependerá si es competente Amavet para llevarla adelante o si debe transferirse a la Justicia Federal. Según explicó una fuente judicial, la interpretación de los hechos es la que definirá cómo se llevará a cabo la investigación en el marco de nuevas tipificaciones de Código Penal.
EL DESPUÉS
Luego del allanamiento realizado el viernes las víctimas –que rondan los 20 y 30 años- fueron trasladadas a la sede de la delegación local de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía bonaerense donde ampliaron sus testimonios frente a las autoridades. En ese marco, tuvieron contacto con integrantes de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Municipio desde donde se informó que las ocho personas están debidamente documentadas –algo sobre lo que había dudas inicialmente- y que no manifestaron quejas por cómo se encontraban en el lugar.
Así, las ocho personas regresaron el mismo viernes al supermercado, que tiene las fajas de clausura que fueron instaladas por la AFIP.
TRIQUINOSIS
A principios de la semana pasada, un grupo de vecinos de Batán decidió presentar una denuncia penal en la Fiscalía General contra el responsable de la venta de los chacinados y acusaron a la fiambrería que funcionaba en el supermercado de Perón al 10.500 de Batán. En ese marco, se llevó a cabo el allanamiento en el que, según informaron fuentes policiales, no se encontraron irregularidades en la fiscalización sanitaria y se secuestró documentación con el objetivo de determinar las responsabilidades del caso.
Por otro lado, el Municipio también efectuó la semana pasada una presentación ante el Tribunal de Faltas con el objetivo de que se decida si se lleva o no el caso al ámbito judicial. “Lo que hicimos fue proveer la información necesaria para que se investigue y ya está identificada la persona que elaboró los productos, el lugar donde se vendían”, explicó el delegado de Batán, Abel Cristobal.
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