El proyecto que busca prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente, a través de la introducción del principio de “responsabilidad extendida del productor” e integrando en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores, recibió dictamen en la Comisión de Recursos Naturales.
La Comisión de Recursos Naturales aprobó la iniciativa que introduce la “responsabilidad extendida del productor” e integra a los recicladores a la cadena de gestión.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por Leonardo Grosso, dictaminó a favor de un proyecto que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo.
El proyecto que enviado por el Ejecutivo y será tratado este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, busca prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente, introduciendo el principio de “responsabilidad extendida del productor” e integrando en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores.
En ese marco expusieron diversos actores involucrados en la temática, quienes dieron su postura sobre la norma. En este sentido, Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, indicó: “Apoyamos este proyecto de ley de envases, ya que muchos de esos residuos plásticos terminan en basurales a cielo abierto o lugares clandestinos mal arrojados”.
En representación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Jaqueline Flores, pidió por la aprobación de la ley y enfatizó: “Queremos un sistema de reciclado con inclusión social, para los más de 200 mil cartoneras y cartoneros de la Argentina”.
Posteriormente expuso Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, quien advirtió sobre el impuesto que propone la norma del Ejecutivo y consideró que “poner una tasa no lo vemos eficiente, no queda claro en función de qué se va a aplicar esa tasa y cómo lo va a distribuir”. “Funciona mucho mejor cuando son las mismas industrias productoras las que se encargan de reciclar”, agregó.
En tanto, Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA), dijo que la posición del sector es favorable a una norma y pidió que “la ley involucre un modelo amplio, que implique el involucramiento de las empresas”. No obstante, también se manifestó en contra de crear un nuevo tributo y dijo que “la implementación requiere de entre 5 y 10 años”, diferenciada por tipo de material.
Por su parte, Claudio Terrés, presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina (UIA), se refirió a la importancia de la economía circular: “Es una cuestión ambiental realmente importante”. “Hoy en día, en la Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble, hay capacidad para poder crecer”, sostuvo. Sobre el texto, Terrés consideró que la posibilidad de una nueva tasa va a “encarecer los productos” y perjudicaría a los consumidores al absorber ese costo.
En representación del Poder Ejecutivo, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, defendió el proyecto y se refirió a la discusión en torno al impuesto. “Quienes no tengan aprobado un sistema de gestión, van a tener que pagar la tasa correspondiente. De lo contrario, no hay forma de financiar los sistemas de gestión municipal”, advirtió.
Desde la bancada radical anticiparon que presentarían un dictamen de minoría, basado en un proyecto de Gustavo Menna. En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) criticó la normativa del Ejecutivo y pidió “no poner al Estado en el rol de vigilante, que lamentablemente nunca cumple”.
El diputado Federico Fagioli, desde el Frente de Todos, celebró el proyecto “por incluir a todos los sectores”, en especial por contener la postura de cartoneros, recicladores y recuperadores urbanos. “Es un proyecto integral, necesario y urgente. Saludo la urgencia con la que nuestro gobierno y nuestro bloque han decidido avanzar porque no podemos seguir esperando”, señaló. Desde la misma bancada, la diputada Daniela Vilar dijo que “es un política pública urgente: una ley de envases con inclusión social”.
Como autor de una iniciativa en debate, Menna criticó la tasa que propone el proyecto del Poder Ejecutivo y lo cuestionó en materia constitucional y federal. “Esta persistencia de la gestión en crear permanentemente tributos y aumentar los ya existentes, creemos que es un camino equivocado porque no va a generar el objetivo que se pretende”, concluyó.
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