Si bien el oficialismo aspira a debatir el texto este jueves en el recinto en una sesión especial, fuentes parlamentarias admitieron que la realización del plenario estaba supeditada a que se pueda lograr dictamen esta tarde del proyecto de extinción de dominio, que Cambiemos quiere poner también en el debate y darle media sanción.

Como era de esperarse la detención del exsecretario de Obras Públicas José López, se coló en la reunión. El radical Luis Petri disparó contra el kirchnerismo: "Estamos avanzando, estableciendo una figura penal aplicable a las causas en curso, esto es a lo que le temen a algunos".

La iniciativa que busca ampliar la figura del arrepentido, debatida en el marco de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de la radical jujeña Gabriela Burgos y de Seguridad Interior, presidida por Luis Petri (UCR-Mendoza), contempla para el arrepentido la "reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate", pero no la extinción de las condenas para quien brinde información que pueda contribuir a esclarecer causas judiciales.

El texto que tuvo dictamen hoy terminó de consensuarse ayer en base a las propuestas de los legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa, otros bloques de la oposición y aportes del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción.

Si bien el proyecto contó con el respaldo de la mayoría de los bloques de la oposición, el Frente para la Victoria pidió tiempo hasta las 20 para analizar mejor el texto y decidir si respalda el dictamen de mayoría o finalmente apoya su propio texto, luego de cuestionar la figura del colaborador eficaz, incluída en la iniciativa.

El Frente de Izquierda, en tanto, anticipó su contundente rechazo a la iniciativa y puso en duda la utilidad de la figura, al reclamar que se difundan estadísticas concretas que respalden la necesidad de ampliar ese instrumento. 

En el marco del debate, Burgos puso de relieve la importancia de avanzar en esta figura que, dijo, "en muchos países de la región se viene utilizando desde hace años y ha tenido muy buenos resultados" y aseguró que el ex secretario de Obras Públicas, José López, "no se va a ir a su casa con esta ley porque estamos hablando de una reducción de penas", en respuesta a las afirmaciones de la diputada del FIT,Myriam Bregman, que había advertido sobre esa posibilidad.

"Resulta inexplicable que existiera para narcotráfico, secuestros extorsivos, aun en los supuestos de traición a la patria, pero es una de las grandes deudas que no esté prevista para los delitos de corrupción", aseguró Petri, quien aclaró que con este proyecto se va a "uniformar la respuesta penal porque a partir de esta ley todos los arrepentidos van a tener la misma respuesta punitiva y no se va a permitir la eximición de pena, sólo la reducción".

De todos modos, Petri explicó que "la inhabilitación, la multa y el decomiso tienen que ser aplicables, independientemente del avance de la investigación", al sostener que "ése es el gran mérito de incluir a los delitos de corrupción".

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño, dejó en claro el respaldo de ese espacio a la iniciativa, al sostener que "tenemos la firme convicción que es absolutamente necesario que dotemos de este tipo de instrumentos a la Justicia, más allá de la coyuntura", al destacar la necesidad de establecer "herramientas distintas, modernas, desafiantes que nos permitan establecer un nuevo paradigma".

El radical Diego Mestre, presidente de la comisión de Justicia de la cámara baja, dijo estar "absolutamente a favor" del proyecto y propuso incluir la figura para los casos de adulteración o supresión de identidad, cuestión que fue rechazada porque, según se explicó, podía ser mal interpretada en casos vinculados a delitos de lesa humanidad. 

Por su parte, la postura del Frente para la Victoria, que tiene un dictamen propio, fue planteada por el diputado Luis Tailhade, quien sostuvo que el proyecto del oficialismo "mantiene cuestiones que no podemos admitir" y dijo que "no termina de aclararse la figura del colaborador eficaz" porque consideró que "es un testigo que tiene información en una causa donde no está imputado y se está forzando una figura como ésta, a la vez que sostuvo que es "incongruente".

La iniciativa establece, entre otras cuestiones, la reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate para aquellos que "contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos" pero no la extinción de las penas.

En tanto, el texto aclara que podrán ingresar todos los funcionarios públicos, salvo los que están sujetos a juicio político, contemplados en la Constitución Nacional.

Según el proyecto, el beneficio podrá ser aplicado tanto para delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación, así como casos de asociaciones ilícitas y corrupción.

La información que se aporte deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al arrepentido o colaborador, mientras que cuando el delito atribuído al imputado estuviera reprimido con prisión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años de prisión.

En el marco del debate, se estableció que el acuerdo con el colaborador o arrepentido podrá realizarse durante la sustanciación del proceso o luego de la sentencia condenatoria y no antes del inicio de la causa, como establecía en principio el borrador de dictamen.