La Secretaria de Vivienda de la Provincia, Ángela Gutiérrez de Gatto, se reunió este lunes con senadores para avanzar en la confección de la Ley Integral de Viviendas que el Ejecutivo girará este mes a la Legislatura.

En la apertura del período de sesiones ordinarias del parlamento provincial, el gobernador Alberto Rodríguez Saá afirmó que la nueva norma contará con el aporte de todos los sectores: “Será una Ley de todos y para todos”, dijo, el 1 de abril, el mandatario.

En ese contexto, la titular de Vivienda se reunió la semana pasada con diputados y ahora lo hizo con legisladores de la Cámara Alta.

“Se trató de una reunión muy productiva, donde los senadores realizamos nuestros aportes en virtud de la realidad particular de cada Departamento, y muy contentos por la elaboración del anteproyecto de la nueva ley de Vivienda, donde una vez la provincia de San Luis a través de nuestro Gobernador Alberto Rodríguez Saá, prioriza como ha sido históricamente la necesidad de la gente y por eso es pionera en todo el país por llevar adelante una política habitacional exitosa”, expresó el senador Maximiliano Frontera, al concluir la reunión.

Además del presidente del bloque Compromiso Federal, también estuvieron presentes: la presidente provisional del Senado María Angélica Torrontegui y los senadores, Mabel Leyes, Víctor Hugo Alcaraz, Dominga Torres, Pablo Garro, María Guedi Ortiz y Gloria Petrino.

Gutiérrez de Gatto informó que también transmitió a los senadores los aportes realizados por Diputados, “con el objeto de ir uniendo las ideas para trabajar en conjunto, a partir de una comisión mixta para que entre todos se diseñe la nueva ley”.

“Se trata de una ley distinta, que busca llegar a todos los sectores de una forma integral y procurando cubrir absolutamente el déficit habitacional”, detalló.

Los senadores sugirieron varios ítems a tener en cuenta en la elaboración del anteproyecto, entre los que figuran: la situación de las mujeres víctimas de violencia que necesitan vivienda; la realidad del interior provincial respecto a la titularidad de los inmuebles; la utilización de recursos propios de cada localidad para la construcción de las viviendas; y la detección de distintas irregularidades respecto a la habitabilidad de algunas casas sociales.