“Mas allá de la validez, que rechazamos de plano, del desalojo, en esa oportunidad un grupo de funcionarios municipales literalmente se robaron productos alimenticios, bebidas y mobiliario perteneciente a mi cliente” afirmó Barbieri.

“Es mas- acota mas adelante- estamos analizando pedir la nulidad de la licitación por la que finalmente se le otorgara a la firma Paratorre S.A., la explotación del lugar”

La historia del desalojo

El letrado reiteró los ocho fundamentos de su denuncia: la Municipalidad no podía llevar a cabo el procedimiento sin intervención judicial, ya que la ley 9.533 establece cuales son las normas procesales aplicables al caso; la Municipalidad se apodero de bienes muebles que le pertenecen a Torremont S.A; la Municipalidad dispuso de mercadería de la empresa; fue intimado el Intendente y el Presidente del EMTur a la restitución de todos los efectos secuestrados ilegítimamente en el procedimiento de desalojo; se formuló denuncia penal donde intervino la Unidad Fiscal N° 9 de delitos económicos Dr. Eduardo Amavet (IPP 5966/12), juez de garantías N° 5 Dr. Gabriel Bombini (causa 4074) causa caratulada “Andrés Barbieri - Torremont SA s/ abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación, violacion de domicilio y robo”; la justicia dispuso practicar diligencias probatorias urgentes para corroborar los extremos de la acción penal (art. 135 del CPP); el fiscal Eduardo Amavet requirió informes al Municipio y el inventario de los bienes ilegítimamente secuestrados; la firma Torremont SA asumió el carácter de particular damnificado y conforme la reforma introducida por la ley 13.943 querellara penalmente independientemente de la acción del Ministerio Publico Fiscal hasta la instancia de juicio oral y público a todos los funcionarios municipales denunciados. 

En tal carácter, Barbieri, en el escrito, ratificó que “conforme los postulados de la Ley 13.943, sostendré el ejercicio de la acción penal en todas las instancias procesales, procuraré llevar a juicio oral y público a todos los funcionarios públicos municipales responsables de los delitos denunciados, a quienes solicitaré se les imponga la pena máxima y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, puesto que los hechos que motivan la presente denuncia no pueden ser admitidos estando en plena vigencia institucional un proceso democrático, debido a que se ha violado manifiestamente los postulados de la ley 9533 aplicable en este caso, se han soslayado todas las garantías constitucionales en el procedimiento administrativo que dispuso el desalojo, se realizaron actos materiales que constituyen un despojo de los bienes de la empresa Torremont SA, en definitiva, se llevó adelante un procedimiento policiaco-municipal con ribetes característicos a un accionar de tipo arbitrario, arrollador y despótico, imposible tolerar en un sistema republicano de gobierno, conllevando, además, un gravísimo perjuicio patrimonial a los intereses de mi mandante”.

Por lo expuesto, denuncia a “Gustavo Arnaldo Pulti, Marcelo Jorge Artime y Pablo Fernández, como autor/res de los delitos de abuso de autoridad, violación de domicilio, robo y hurtos agravados, y retención indebida (arts. 248, 150, 162, 164, 173 inc. 2° del Código Penal) los cuales concurren en concurso ideal, (Carlos J. Rubianes “El código Penal y su Interpretación Jurisprudencial”, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1975, página 864)”.

Saqueo y vandalismo

Barbieri señaló que “se ha avanzado de manera importante , donde va quedando demostradas las responsabilidades de los que ejecutaron y actuaron como partícipes necesarios del saqueo y de los actos de vandalismo, perpetrados en el procedimiento de desalojo, en perjuicio de los bienes de la empresa TORREMONT SA”.

En relación a estos últimos actos, me refiero, concretamente al salvajismo y a la brutalidad del ilegal desalojo, denuncio como autores a la arquitecta Mónica Rabano, Adrián Alviolite, Eduardo Bruzetta, quienes se identificaron como las autoridades responsables del procedimiento en ese momento”. 

El abogado anexó que “los funcionarios municipales Mónica Rábano, Adrián Alviolite, Eduardo Bruzetta, conjuntamente con aproximadamente 20 policías de la Provincia de Buenos Aires, un importante número de agentes municipales, un cerrajero, personal de servicios generales del corralón municipal portando amoladoras para abrir violentamente las puertas del establecimiento, dos camiones de mudanza contratados a una empresa particular, junto a directivos de la firma de ese entonces, Ariel Dada SA, con quienes irrumpieron a través de distintas puertas de acceso al edificio histórico del denominado “Castillo del Torreón del Monje”. Para aclarar que “nunca notificaron a TORREMONT SA, del acto que autorizaba el procedimiento”.

“Me atrevo a calificar el procedimiento realizado en el complejo del Torreón del Monje, como bestial, grosero e irracional, puesto que los agentes municipales desmantelaron todas las instalaciones ejerciendo actos de violencia material y física respecto de las personas y los bienes de Torremont SA”, disparó.

La actuación a Pulti, Artime y Fernández “hace retrotraer la cuestión a un estadio peor del que funcionaba antes de la reforma de la Ley 9.533, es decir el procedimiento adoptado ha sido más gravoso que con la vigencia de la Ley 7.320, modificada, precisamente, por vulnerar los derechos de los administrados, porque en este caso, el Departamento Ejecutivo Municipal, sin control de ningún tipo avanzó directamente al lanzamiento ordenando la desocupación de las instalaciones que ocupaba Torremont SA en el complejo del Torreón del Monje”.