Después que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi envió un exhorto a España en el marco de la causa donde investiga a Cristina Kirchner por el presunto delito de encubrimiento de actos de inteligencia ilegal a raíz de unos documentos secuestrados en su vivienda de El Calafate, la justicia española comenzó a citar a declaración testimonial para dar respuesta a lo solicitado por el juez federal, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín. Las averiguaciones responden al hallazgo en una casa de Cristina de una carpeta con las desgrabaciones de unas reuniones de YPF cuando formaba parte de la firma petrolera Repsol.

Después de varios meses desde que se dio inició a la investigación, avanza la causa en la que se busca dilucidar si existió "actividad ilegal durante el gobierno de la ex Presidenta Cristina Kirchner vinculada a la utilización de distintas oficinas del Estado Nacional para investigar a personas determinadas", dice la información judicial a la que accedió Clarín.

La imputación contra la senadora y candidata a vicepresidenta, es a raíz de documentación con información reservada y transcripciones de conversaciones telefónicas, halladas en su residencia de El Calafate que fue allanada por orden del juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.

Cuando Bonadio obtuvo estas carpetas con desgrabaciones e informes, decidió realizar una extracción de testimonio para pedir que se investigue una serie de carpetas halladas en una suerte de bóveda, según describió el magistrado. Por sorteo, esta investigación recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi junto al fiscal Eduardo Taiano.

A raíz del secuestro de dichos informes, Cristina Kirchner quedó imputada por los delitos de encubrimiento agravado y realización de tareas de inteligencia ilegal.

Por eso, el juez envió un exhorto a la justicia española, que comenzó a activar algunas medidas para dar respuesta al pedido de Martínez De Giorgi. En principio se harán una serie de declaraciones testimoniales. Previo a esto, hubo dos declaraciones que confirmaron la existencia de unas conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, aunque los testigos aseguraron ante el magistrado que aquellas charlas "nunca fueron grabadas".

En el exhorto se realizan consultas sobre la transcripción de la teleconferencia del 17 de abril de 2012, donde "se advierte que uno de los interlocutores sería el señor Antonio Brufau, presidente de la empresa multinacional petrolera Repsol". El juez Martínez De Giorgi busca determinar el origen de la desgrabación y la finalidad de la misma.

Para ello envió un extenso cuestionario a las autoridades judiciales de España, con el objetivo de que Brufau responda, entre otras cuestiones, sobre el medio utilizado para realizar la teleconferencia -como algún número de abonado- y si conoce a todos los interlocutores detallados en la desgrabación que tenía Cristina Kirchner en su casa.

Además, se pide que se le pregunte al presidente de Repsol si tenía conocimiento de que la conversación pudo haber estado intervenida o estaba siendo grabada, y si también tuvo conocimiento de esto con posterioridad. De ser así, cuánto tiempo después.

Por otro lado se busca saber si en aquel entonces Repsol -y más específicamente el área donde se desenvolvía Brufau- grababa las conversaciones, y finalmente que si los tiene aporte datos para determinar el origen de la transcripción investigada.

Entre los documentos secuestrados en El Calafate y que son objeto de esta investigación, también sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold -la más importante en la explotación de oro en el país- e informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.

Además, la Policía Federal se encontró con movimientos bancarios de varias empresas. Había “planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias”, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Del jefe de los espías que Cristina Kirchner echó en diciembre de 2014, Antonio "Jaime" Stiuso, también había un informe. Y otro sobre Pedro Tomás Viale, el “Lauchón”, agente de contrainteligencia que murió asesinado y era hombre de extrema confianza de Stiuso.

Durante la instrucción, Martínez De Giorgi llamó a declaración testimonial a un alto directivo de la General Motors por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de una conferencia con otros referentes, pero señaló que "nunca había sido grabada".

Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.

Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación "no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia".

El juez Martínez De Giorgi también tomó testimonio al personal que participó del operativo judicial en la casa de Cristina, para descartar que se hayan "plantado pruebas falsas", y se dio por corroborado que "los documentos se encontraban con anterioridad al operativa en la residencia".

Otros documentos En la casa de El Calafate, también se encontró un "dossier" sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza Federal y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien la Justicia determinó que fue asesinado tras haber denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado de la AMIA.

Entre otros documentos, se retiraron de la propiedad de la senadora de Unidad Ciudadana, informes sobre Francisco De Narváez -el empresario y político que le ganó las elecciones a Néstor Kirchner en 2009- y sobre el senador santafesino Carlos Reutemann.

En este entramado de nombres y empresas, dieron con una carpeta sobre Federico Elaskar, el empresario y ex dueño de La Rosadita, la financiera donde el hijo de Lázaro Báez, Martín, y su abogado Jorge Chueco aparecen contando más de cinco millones de dólares.

Un dato anecdótico: entre los papeles secuestrados de la casa de la senadora de Unidad Ciudadana, había un informe sobre la denuncia que le hicieron por la sospecha de que no contaba con su título de abogada.