La oposición, la Corte y la ONG de Derechos Humanos, Xumek, evaluaron como posibles los cambios para las prisiones preventivas que anunció Cornejo. Quieren más debate.
Después de los actos protocolares y del anuncio del domingo, el proyecto de ley enviado a la Legislatura por el gobernador Alfredo Cornejo comenzó a ser estudiado. Ayer, los legisladores empezaron a leer el detalle de la propuesta que busca reducir el margen de interpretación de los jueces a la hora de decidir una prisión preventiva, además de otras novedades.
Se inicia el debate
El texto tomará hoy estado parlamentario en el Senado y mañana pasará a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en la que se profundizará en el estudio de una norma que “propone una modificación superlativa” en el Derecho Procesal Penal.
En este sentido, en la oposición, con algunas críticas de por medio, se mostraron receptivos al pedido de apoyo que hizo Cornejo el domingo en la Asamblea Legislativa y reiteraron que van a acompañar el proyecto, aunque pidieron ampliar el debate.
“Hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Cornejo planteó que debe ser con el consenso de todos, mas allá de los números que ellos tengan. Hay que debatirlo y la Legislatura tiene el rol es hacer una convocatoria importante a la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene cátedras de Derecho Penal, y a la misma Suprema Corte de Justicia”, reclamó la senadora Patricia Fadel (FpV).
Interpretaciones diversas
Desde el equipo técnico de la legisladora estudiaron el proyecto y señalaron algunas consideraciones generales: “La propuesta apunta a una situación post delictiva, con el hecho consumado. En este sentido va más por el lado de la Justicia que de la Seguridad”, reflexionó uno de los asesores letrados de Fadel.
Por otro lado, están quienes recuerdan que si bien se trata de una modificación “trascendental” en la materia, hubo otros proyectos similares que fracasaron en su momento. “No se está inventando nada nuevo”, coincidieron varios referentes en el tema.
Sobre este punto, uno de los que intentó proyectos similares es el justicialista Daniel Cassia, quien en su momento fue tildado de “mano dura”. “Tanto el momento político como la espalda política que tiene el Gobernador hoy son otros. Pero lo que anunció Cornejo yo ya lo propuse”, señaló el ex legislador.
Desde el 2004, Cassia presentó tres proyectos. Si bien uno fue ley (la 7.929), otro quedó en LAC en el 2012 y uno de ellos fue “bochado” por el radicalismo, cuando Julio Cobos era gobernador. En torno a esto, señaló que el romance entre el ex funcionario con el kirchnerismo logró que predominara “una corriente jurídica de pensamiento, claramente arraigada en Mendoza, que lleva a los jueces a darle libertad a todos aquellas personas señaladas por delitos graves o reiterancia o reincidentes”.
Recientemente, Cornejo sufrió en carne propia a este movimiento jurídico, cuando la organización de derechos humanos Xumek, obtuvo en diciembre un fallo favorable que limitó el dictado de las prisiones preventivas. Si bien esto luego fue frenado, en aquel momento mostró las resistencias que hay en una parte de la Corte mendocina, entre ellos, los magistrados Omar Palermo, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez.
El proyecto
El flamante anuncio de Cornejo pone hoy a funcionar toda la técnica legislativa, con la intención de convertirse en ley en el corto plazo.
En sus propuestas, el proyecto prevé corregir la redacción de algunos artículos del Código Procesal Penal de Mendoza y aclara: “Si bien hoy la provincia no está en condiciones económicas de implementar en su totalidad (esta norma) en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, nada impide a que se uniforme el sistema de la prisión preventiva en toda la Provincia con independencia del Código Procesal que rija”.
Para entender el “proyecto técnico”, hay que considerar el sentido que propone. El texto no cambia las penas, sino que modifica los procedimientos, regulación que le compete a las provincias.
La intención apunta a acortar la interpretación de los jueces de Garantías a la hora de otorgar libertades a las personas que esperan el juicio oral. Es decir, la instancia que se da entre que una persona es sospechada por un delito y el juicio que determina una condena. De haber prisión preventiva, este período no puede exceder los 2 años, aunque en determinadas circunstancias se puede extener a uno más.
“El Código Procesal Penal dice que el juez podrá otorgar la libertad. Ese ‘podrá’ es letal para quienes pensamos en favor de la sociedad, de la víctima”, apuntó Cassia el problema de origen. “Lo que hace es establecer más criterios escritos para considerar o no la prisión preventiva y no lo deja al libre arbitrio del juez de turno”, explicó un asesor de Fadel.
A su vez, introduce algunas novedades, como las audiencias orales en las que la víctima se constituye en querellante, además de limitar la posibilidad de que el juez pueda optar a la hora de darle libertad a una persona sometida al proceso judicial.
Por otro lado, la iniciativa oficial pone en relieve la reiterancia, es decir, dejar en libertad a una persona que repite un delito que no tuvo condena.
El otro problema: las cárceles superpobladas
Si bien en la oposición hay una cierta aceptación del proyecto de Cornejo, los referentes en el tema señalan que faltó una medida para hacer frente a un efecto inmediato que tendrá la ley: la saturación de las cárceles.
Es tema conocido que las actuales cárceles están sobrepobladas y que son necesarias más penitenciarías. En este sentido, en el justicialismo señalaron que, a partir de que este proyecto sea ley, se aumentará el número de presos.
“La mayor cantidad de personas que hoy está en la cárcel está sin condena. Se calcula que el 50% de los presos está con prisión preventiva, es decir, todavía no tiene una sentencia y está a la espera de su juicio”, señalaron desde el entorno de Fadel.
“Lo que no vi aparejado al anuncio de Cornejo es un programa de construcción de cárceles regionales. Si esta ley prospera, es obvio que se van a necesitar más lugares. Es una pena que se haya caído la iniciativa privada de una cárcel en la discusión de la ley de emergencia en Seguridad. Es urgente la construcción de no menos de 4 módulos de hasta 500 personas”, consideró Cassia.
Cornejo, sin vocero en la Legislatura
El proyecto de Cornejo ayer no encontró voceros en la cámara de Senadores de la UCR. Si bien se sabe que el miembro informante es Miguel Bondino, ex ministro de Seguridad, ayer Los Andes intentó sin éxito hablar tanto con el senador como con algún encargado de dar a conocer la postura oficial. Lo único que se informó es que se está estudiando el tema, pero no se pudo acceder a un representante oficial.
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