Quedan por pagar 160 millones de pesos en lo que resta del año. Ése es el monto que Mendoza debería pagar a la Nación, monto que quedó fuera de la reestructuración de deuda que el Gobierno nacional sí les dio a todas las provincias menos a las cuatro que se resisten a la nueva ley petrolera que se impulsa desde la Nación.

La pregunta que empieza a circular en los corrillos de la política local es hasta dónde llegarán las represalias del entorno presidencial para con Mendoza y si las mismas incluirán no autorizar a la Provincia a emitir deuda pública.

A tal punto llegan las consecuencias que hasta se podría posponer la emisión de letras en la que ya estaba trabajando el Ministerio de Hacienda por temor a que la autorización que tiene que salir de la Secretaría de Hacienda de la Nación nunca llegue.

Preocupación

En la mañana de ayer hubo llamados cruzados, consultas y muchas dudas despertadas por la novedad de que Mendoza no obtuvo la reestructuración trimestral que venía otorgando el Gobierno nacional a la provincia.

Ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que finalmente todas las provincias lograrían la reestructuración de sus deudas con la Nación, pero que la misma se haría en dos etapas. Lo que nunca aclaró Capitanich es cuándo se firmaría esa reestructuración y cuánto dinero costaría a las provincias no incluidas hasta ahora.

Es que el pasivo no reestructurado no hay que pasar a pagarlo a un banco, sino que el Ministerio de Economía de la Nación lo descuenta de las remesas de la coparticipación. Es decir, Mendoza paga compulsivamente sus obligaciones con la Nación.

Restan por pagar 160 millones en cuotas proporcionales hasta fin de año y las preguntas brotan: A principios de agosto ¿se descontará el proporcional de la transferencia de coparticipación o no? ¿Cuánto se demorará esa segunda etapa de la reestructuración? ¿Llegará cuando las cuatro provincias petroleras dejen de resistir el proyecto de ley de atracción de inversiones petroleras redactado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio? 

Las dudas acerca de la inclusión de Mendoza en la reestructuración trimestral de su deuda con el Estado nacional venían circulando desde hace algunas semanas. De hecho, Los Andes lo había mencionado en su publicación del 25 de julio pasado. Ayer, confirmado que Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut no accederían en esta primera instancia a la reestructuración, empezaron los contactos y también la reserva y la prudencia.

Después de muchos meses sin presupuesto 2014 y sin autorización a tomar deuda, hace una semana se selló el acuerdo político y Pérez obtuvo aval legislativo del radicalismo para tomar 800 millones de nueva deuda y para emitir letras (un endeudamiento de corto plazo que debe cancelarse antes del cierre de este ejercicio).

Una vez votado el Presupuesto 2014, Costa y su equipo se preparaban para emitir las letras por 750 millones de pesos, mientras que paralelamente iniciarían los trámites en la Secretaría de Hacienda de la Nación para lograr que se les autorizara a salir al mercado financiero a tomar los 800 millones y, así cancelar las letras emitidas. 

Pero eso empezó a cambiar el miércoles a última hora. Blanqueada la presión de la Casa Rosada para que Galuccio tenga su ley petrolera, surgen las dudas: si la autorización para endeudarse queda sepultada bajo otros expedientes y nunca se firma, ¿cómo se cuadran las cuentas públicas mendocinas y cómo se cancelan las letras antes de fin de año? Así es que tomaba fuerza la idea de demorar la emisión de letras hasta ver cómo evoluciona la relación con el Gobierno nacional.

Hay otro tema a tener en cuenta. A la hora de votar el Presupuesto 2014, todos daban por descontado que Mendoza obtendría la reestructuración de su deuda con la Nación, por lo que los 160 millones de pesos que se adeudan a la Nación no estaban incluidos en las previsiones de nadie. Un gasto más que se suma a los abultados gastos de la Administración Pública.

La Nación consumó su castigo a los “díscolos”

El Gobierno nacional y el de trece provincias firmaron ayer una nueva refinanciación trimestral de las deudas de estas últimas,  que les representará un ahorro anual de “una suma de 10 mil millones de pesos”, de acuerdo con lo señalado por la presidenta Cristina Fernández.

A diferencia de la anterior refinanciación, del 28 de abril, no participaron de la firma las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut, en un contexto de diferencias con el Gobierno nacional en torno de la reforma de la ley de Hidrocarburos.

Sin hacer mención a estas cuatro provincias, la jefa de Estado admitió en un mensaje por cadena nacional que “en este caso son trece” los Estados que firmaron la refinanciación.

Los gobernadores que firmaron el acuerdo fueron Daniel Scioli (Buenos Aires), Liliana Corpacci (Catamarca), Ricardo Colombi (Corrientes), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Eduardo Fellner (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Maurice Closs (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Daniel Peralta (Santa Cruz). También estuvieron los vicegobernadores Sergio Uñac (San Juan), Roberto Crocianelli (Tierra del Fuego) y Regino Amado (Tucumán) y el presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Darío Bacileff Ivanoff.

La refinanciación de las deudas representa un alivio financiero para la mayoría de las provincias, tanto por las restricciones de acceso al mercado de capitales como por el aumento del gasto de sus administraciones. DyN

Deuda: otros contrapuntos

No es la primera vez que Mendoza sufre represalias de la Rosada. Celso Jaque también tuvo que transpirar durante meses en 2010 por que no firmaba el Programa Federal de Desendeudamiento. Mendoza no era incluida porque tenía un pleito judicial contra la Nación.

En aquellos días, todos los meses se descontaban a Mendoza 30 millones de pesos de las remesas de la coparticipación. Paralelamente, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 699/2010 en el que revivía la promoción industrial. Mendoza presentó una demanda contra el decreto y empezó el conflicto.

El 26 de agosto de ese año el entonces fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, retiró la demanda contra la Nación e inmediatamente Mendoza fue incluida en el Programa Federal de Desendeudamiento (PFD). Por haber desistido de la demanda, De Rosas se hizo acreedor a su primera acusación ante el Jury de Enjuiciamiento, denuncia que no prosperó.

El PFD es el antecedente de la actual reestructuración de deuda de la que Mendoza fue excluida. Aquel programa permitía a las provincias patear los vencimientos por un año; desde fines del año pasado la reestructuración permite lo mismo pero por trimestre.