Cuando se decidió la salida de la empresa Coviares de la concesión de la autopista La Plata-Buenos Aires, muy cuestionada por la falta de inversiones y por el pésimo estado en que se encontraba la autovía que une nuestra ciudad con Capital Federal, muchos respiraron aliviados. Era la oportunidad de empezar de nuevo, sin cometer los errores que se venían dando desde los años ‘90, cuando el menemismo decidió privatizar los corredores viales a lo largo y ancho del país.

Pero, desde que el gobierno bonaerense se hizo cargo de la Autopista, creando la empresa estatal AUBASA, poco y nada cambió. El camino se encuentra en estado deplorable, pero a ello se le sumó la aplicación de fuertes tarifazos, que elevaron considerablemente el costo de los peajes, sin que los automovilistas percibieran ningún beneficio.

Según un informe del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), desde que se instrumentó el cambió de la concesión, se “autorizaron incrementos de las tarifas de peaje que alcanzan el 300%”. El último aumento, que comenzó cobrarse hace pocos días, implicó una suba superior al 70%.

“Este aumento, lamentablemente, muestra una actitud antidemocrática, autoritaria e irresponsable ya que ni siquiera se convocó a una audiencia pública donde los usuarios viales puedan expresar sus reclamos y alternativas para evitar este nuevo tarifazo”, le dijo a Hoy el ingeniero Ricardo Lasca, titular de la CONADUV.

De esta manera, en poco más de un año, las tarifas de peaje pasaron de $2 a $8 en hora pico, y de $2 a $6 fuera del horario de mayor circulación. “AUBASA está aumentando considerablemente su recaudación, y ni siquiera están cortando el pasto. No son capaces de dar a conocer un plano de lo que supuestamente van a hacer con todo este dinero. La realidad es que el peaje no es un pago a cuenta, ni un crédito ni subsidio al concesionario. El peaje es el pago de una contraprestación real ofrecida. Es decir, primero las obras, y luego el pago por parte del usuario vial”, explicó Lasca

Polémico funcionario

La empresa AUBASA pasó a depender, hace pocos días, de una nueva secretaria de Servicios Público, con facultades ampliadas, cuyo titular es el exinterventor del Instituto de Loterías y Casinos bonaerense y exdiputado provincial, Franco La Porta.

Este funcionario desembarcó en el cargo a partir de un acuerdo político del gobierno con Francisco de Narváez, que venía de cumplir un penoso papel en las últimas elecciones legislativas en la Provincia, donde cosechó el 5% de los votos. De ahí la sospecha de que, detrás de los tarifazos en el peaje, está la necesidad de engrosar cajas políticas con fines que nada tienen que ver con brindar mayor seguridad a los usuarios viales.

La Porta no tiene los mejores antecedentes en el Ejecutivo bonaerense. Durante su paso por el gobierno de Felipe Solá, en el año 2006, cuando era interventor del Instituto de Loterías y Casinos bonaerense, firmó la resolución que le permitió a varias salas de bingos, donde funcionan máquinas tragamonedas, renovar automáticamente sus licencias por hasta 15 años, a cambio del irrisorio pago, en cuotas sin interés, de un canon.

Le garantizó así un negocio multimillonario a un grupo de empresarios amigos del poder hasta el año 2021, lo que disparó numerosas sospechas, como fue el supuesto pago de coimas.

Posteriormente, la resolución fue convertida en decreto por Solá, y llevó la firma de todo de todos los ministros que en aquel entonces formaban parte del gabinete felipista, pero nunca fue discutida en la Legislatura bonaerense cuando la propia Constitución provincial no admite la privatización de los juegos de azar y establece que esa actividad debe ser regulada por el poder legislativo.

Se judicializa el tarifazo

Tal como lo viene informando nuestro diario, la polémica por el tarifazo en la autopista llegó hasta la Justicia. Concretamente, la diputada provincial Mónica López presentó un recurso de amparo contra los aumentos en los peajes de la Autopista La Plata -Buenos Aires. A partir de esta resolución cuestionada por la legisladora, los incrementos instrumentados oscilan entre el 60 y el 71,43%, al pasar de $3,50 a $6 en horario normal y de $5 a $8 en hora pico.

Entre los argumentos esgrimidos en el recurso presentado se indica que “cada usuario tiene en juego su derecho de propiedad a una tarifa justa y razonable, sin incrementos carentes de sustento legal y sobrefacturaciones”. Asimismo se indica que se han violado derechos contenidos en los artículos 38 de la Constitución de la Provincia y 43 de la Constitución Nacional, entre ellos los derechos del consumidor que prevén la realización de una audiencia pública previa a la determinación de un aumento tarifario

La auditoría que no fue

La transferencia de la concesión a la Provincia de Buenos Aires se concretó el año pasado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el año pasado, que también la intervención temporal de la entonces empresa concesionaria Coviares S.A. y se designa interventor y subinterventores.

El “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires - La Plata”, fue firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia de Buenos Aires. En ese momento, se designó como interventor societario a Héctor Juan Molina y como Subinterventores a Luis Samuel Radunsky y Jorge Luis González Novillo.

También se ordenó la realización de una auditoría societaria integral en la Concesionaria Coviares S.A, que tendría que haber realizado la intervención designada y el Órgano de Control de Concesiones Viales. En su momento, se anunció que la auditoría debía determinar los bienes con la correspondiente valuación, que forman parte de los activos transferidos por el Poder Ejecutivo a la Concesión de la Autopista Buenos Aires-La Plata. La realidad es que, hasta el día de hoy, nunca se conoció el resultado de ese estudio.