Diputados de la oposición denunciaron esta mañana que la rescisión consensuada con la concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario le generó un perjuicio económico a la provincia de más de 1500 millones de pesos.

Los legisladores justicialistas Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Roberto Mirabella y Héctor Cavallero hablaron del “escandaloso e irregular” proceso que terminó con la prestación de ARSSA a quien, pese a no haber cumplido con la repavimentación completa del corredor, no se le aplicó ningún tipo de sanción.

Por ello, requerirán al Tribunal de Cuentas, al Organo de Control de la concesión -dependiente del Ministerio de Infraestructura- y a la autoridad de aplicación “copia de toda la documentación, actuaciones y disposiciones” dictadas durante los cinco años en los que estuvo vigente el contrato.

También solicitarán al Tribunal de Cuentas que se expida en forma “urgente” respecto de la legalidad del contrato de rescisión y decreto del Poder Ejecutivo que refrenda dicho acuerdo, dado que no existe dictamen previo de los organismos jurídicos competentes, como la Fiscalía de Estado.

Asimismo, sobre la base de la documentación analizada, pedirán “la nulidad de todo lo actuado”, y reclamarán que se ejecuten las garantías previstas en el contrato y se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE.

En el mismo sentido, pedirán que se “deslinden responsabilidades políticas y legales de las autoridades” de lo que consideraron un “millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.

Finalmente, requerirán al Poder Ejecutivo que deje sin efecto “en forma inmediata” el proceso de licitación encarado por la provincia para volver a dejar en manos privados la explotación del corredor.

Responsables

Silvia Simoncini habló de una rescisión “incorrecta y hasta ilegal” y se quejó de que “no se asumen las responsabilidades políticas en un tema que ya lleva cinco años, con un contrato que se cierra y donde nadie es culpable del dinero que vamos a tener que poner entre todos” para reconstruir la autopista.

Mirabella habló abiertamente de un “incumplimiento de las seis empresas que integraban la UTE”, y advirtió que “no puede dar todo lo mismo” ya que si no se establecen sanciones a los incumplidores, “mañana puede venir una empresa a una licitación pública y pensar que si no cumple, no pasa absolutamente nada. Esto no puede quedar así. La obra no ejecutada implica más de 1500 millones de pesos y el decreto del gobernador avalando la rescisión no plantea ninguna ejecución de garantía para que se pueda realizar la obra en cuestión”.

el legislador también pidió que el Tribunal de Cuentas envíe “el informe completo de la auditoría permanente que debió realizar el organismo sobre la concesión, porque sólo nos dan la información por pedazos”. Y le recriminó que en dicho informe “sólo se hable de las eventuales responsabilidades del Organo de Control; eso -alertó- es querer cortar el hilo por lo más delgado”.

Respecto del pedido para suspender la nueva licitación, dijo que “dos de las empresas que integraban la UTE ARSSA ya se presentaron para la repavimentación. Esto es una gran paradoja y huele muy feo”, planteó.

Chialvo enfatizó que el Tribunal de Cuentas debe remitir toda la documentación solicitada durante meses y de la que sólo se enviaron fragmentos, y reiteró el pedido para que el actual proceso de licitación quede en suspenso.

Escándalo

Cavallero aseguró que el estado actual de la autopista “es mucho peor que el que poseía al inicio de la concesión”, y definió como un “verdadero escándalo” que el decreto de rescisión “haya sido firmado el último día hábil del 2016”, y no esté sustentado en dictámenes jurídicos.

“No lo firma ningún personal de carrera. Llamativamente, ni la Dirección Provincial de Vialidad, ni la Sindicatura General, ni el Tribunal de Cuentas ni Fiscalía de Estado firman ni hay ningún dictamen que aconseje firmar ese acuerdo. No interviene ningún organismo de control para avalar esa rescisión”, subrayó.

Asimismo, reparó en el informe de la Universidad Nacional de Rosario contratada por el propio Ministerio de Infraestructura, y que resultó ser “en contra del actual concesionario no sólo por el incumplimiento, sino también por los materiales que utilizó para las reparaciones. Esa Universidad no recomendó hacer un acuerdo para rescindir el contrato -aseguró-. Esa rescisión es onerosa para las arcas públicas y por lo tanto -insistió-, el Tribunal de Cuentas debe expedirse”.

Consultado sobre los responsables políticos del proceso que se denuncia, recordó que el acuerdo de rescisión fue firmado por el gobernador, su ministro de Infraestructura (José Garibay) y Teresa Beren.

Fuga de empresas

Cavallero habló, incluso, de una fuga de empresas del consorcio ARSSA, y aseguró que de las seis que la constituyeron originalmente “sólo quedan dos: Rovial y Laromet”. “Se fueron yendo aunque no hay ningún informe oficial que notifique esa desintegración; no sabemos cómo se retiraron. Las que quedaron fueron esas dos. Y Laromet junto con Agrovial se presentaron ahora para la licitación del primer tramo de repavimentación de la autopista”.

- ¿Creen que estas empresas tienen algún vínculo con el socialismo?-se le preguntó-

- Ahí entramos en el terreno de la subjetividad pero lo que podría contestar es que todas estas empresas constituyen un núcleo bastante ganador de todas las licitaciones que se hacen en la Municipalidad de Rosario y en la provincia.

Cavallero se quejó de que “en nueve años” no se haya podido constituir en el ámbito legislativo la Comisión Bicameral de Revisión de Cuentas, tal como lo estipula la Ley de Administración Financiera Nro. 12.510.

“Tuve hace diez días una reunión por este tema con el presidente de la Cámara (Antonio Bonfatti) para pedir que se constituya esa comisión bicameral que puede revisar la Cuenta de Inversión y permite acceder a las resoluciones y documentación del Tribunal de Cuentas. Bonfatti me respondió que esa comisión no se integra porque es inconstitucional. Entonces, cómo hace un diputado de la oposición para controlar a la gestión de gobierno, porque si esa comisión no se constituye porque no son elegidos los diputados, cómo se puede ejercer dicho control”, se preguntó.

“¿Qué soy? -continuó- ¿Soy un palo vestido? No, señor. Soy un diputado y como tal, tengo la función de legislador, gestionar y también de controlar. Pero no podemos controlar porque la comisión bicameral no está constituida”, bramó.

En el mismo sentido, Simoncini se quejó de que tampoco se constituyó la Comisión Bicameral que debía controlar exclusivamente la concesión de la autopista. Dijo que los miembros por el Senado están designados pero no así los que deben representar a la Cámara de Diputados.