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DIEGO GENOUD

Cada cinco días, Javier Milei viaja al exterior. El presidente se escapa de la Argentina y puede argumentar que le sobran los motivos. Más que su tour de autopromoción global, lo justifica la inestabilidad que lo acecha desde que llegó a la Casa Rosada, cuando eligió lanzar sin dólares el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El politólogo Pablo Salinas marca que, en sus primeros 215 días de mandato, Milei decidió estar fuera del país el 20% del tiempo. Exiliado de la realidad. En ese lapso, apunta, renunciaron 52 funcionarios de su gabinete, uno cada cuatro días. El último fue el académico Fernando Villella, el ex secretario de Bioeconomía que, tras siete meses pintado en el cargo, ganó un mínimo de trascendencia con su salida. 

Milei denunció en las últimas horas a un banco que es parte del elenco estable del poder en Argentina desde que Jorge Brito padre fundó una financiera en los inicios de la última dictadura militar. De origen radical y deriva peronista, el banquero salteño estuvo cerca de todos los gobiernos. Con nadie, sin embargo, logró el grado de intimidad que alcanzó con Sergio Massa, que lloró su muerte como la de un padre y exhibió su dolor en las redes sociales. Se conocieron en 1988 en el club San Jorge, de San Isidro. Massa era un muy joven militante de la Ucedé de San Martín y Brito era el presidente del club. El vicepresidente era Mauricio Macri. Desde entonces, la relación se potenció de mil maneras. 

Con Jorge Brito hijo, la relación es distinta porque el presidente de River no heredó la ductilidad política de su padre. Eso no impidió que el banco tuviera ganancias excepcionales durante la gestión Massa en Economía. Según los números que el propio Macro difundió, en el cuarto trimestre de 2023, cuando la pobreza aumentó y la desigualdad se exacerbó, la ganancia neta del banco de la familia Brito ascendió a $459.865 millones de pesos, 570 millones de dólares a la paridad de ese momento. El balance de la entidad financiera remarca que su rentabilidad escaló un 789% en relación al mismo período de 2022. Con Milei tampoco le fue mal. Según el informe que acaban de difundir el Centro Cifra y el área de Economía y Tecnología de Flacso, el Macro está en el top ten de las empresas que tuvieron récord de rentabilidad durante el primer trimestre del gobierno de extrema derecha.

Los antecedentes no alcanzan para explicar el lenguaje prestado que los talibanes de mercado adoptan en su desesperación. Las supuestas intenciones golpistas que Milei le atribuyó al Macro pretenden disimular el agotamiento del diseño económico que impuso el presidente después de la megadevaluación del 118%. Ante el juego de pinzas del FMI y los agitadores del mercado, la nueva estrella de la alt-right global necesita encontrar culpables. Lo que primero dejaron trascender desde la Casa Rosada después lo amplificó Guillermo Francos y finalmente lo viralizó el presidente. La Libertad Avanza no solo no eliminó el control de capitales que heredó del peronismo, sino que ahora censura los movimientos de los grandes jugadores del sistema financiero. 

Que Caputo haya tomado distancia de la denuncia de Milei confirma la legalidad de la operatoria del Macro y también que está caminando sobre una cornisa. El ministro es un extraño prócer viviente, un trader al que no le creen, un adicto a la deuda que se quedó sin crédito. El presidente lo sostiene y hasta lo lleva de viaje porque sabe que su imagen en las encuestas -incompatible con la realidad económica de las mayorías- está atada por un hilo delgado, la expectativa de que la inflación seguirá bajando. Un activo fundamental que el dato de junio, el dólar a 1500 y el aumento de la brecha cambiaria al 60% ponen en riesgo como nunca.   

Los puts que ejecutó el Macro son seguros de compra creados por el gobierno del Frente de Todos y potenciados por la ultraderecha liberal. Martin Guzmán acaba de advertir que fue una demanda de los bancos, que comenzó en el primer año de gestión de Alberto Fernández. Según el ex ministro, el fuerte lobby dio resultado tras su renuncia, cuando asumió Silvina Batakis y, el 12 de julio de 2022, el Banco Central que conducía Miguel Pesce los creó. Abrazado a la consigna macrista de la emisión cero, Milei pretende eliminarlos como parte de su intento por salir del cepo y avanzar hacia la dolarización.  .

El problema del gobierno de extrema derecha con los bancos antecede a la conferencia del viernes 28 de junio, el bumerán que delató sin cartas a la sociedad Caputo-Bausili. Hay un antecedente previo, que entre especialistas del mercado consideran más importante, un punto de inflexión que el presidente prefiere ocultar. El 3 de mayo pasado, el Banco Central permitió vía la Comunicación A7999 que las empresas con dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes puedan comprar Bopreal en el mercado. Según informó entonces la consultora 1816, cuatro bancos aprovecharon para distribuir utilidades por un total de 1,1 billones de pesos. Eran el Macro, el Santander, el Galicia y el BBVA. Eso no fue lo más notable, sino que el propio gobierno les convalidó un dólar a 1360 pesos cuando el MEP estaba en 1070 y el CCL 1120. Una forma de admitir que la devaluación, tan negada por el ministro, estaba en el horizonte. 

Según un economista que ocupó funciones en el Poder Ejecutivo y conoce al equipo de Milei, el 66% de esa operación la hizo el banco de la familia Botin. “El Santander presionó al Gobierno y planteó que seguía en Argentina si podían mostrar resultados en su casa matriz y sacar dividendos del país”, dice. De acuerdo a la información oficial que publicaron medios como Infobae y El País de España, gracias a eso el Santander pudo girar al exterior 247 millones de euros. En el sistema financiero afirman que el Santander obtuvo un beneficio adicional gracias a un dato: la versión de que el otro banco de capitales españoles, el BBVA, pretende irse de Argentina. 

El dólar a 1360 que Santiago Bausili convalidó para los bancos hace dos meses y la abrupta baja de las tasas de interés al 40% que se ordenó 10 días después fueron dos movimientos del propio Gobierno que encendieron alarmas en el mercado, expusieron la fragilidad y propiciaron la disparada de la divisa en el mercado paralelo. A partir de ahí, producto de un daño autoinfligido, se alteró la paz cambiaria que disfrutaba Milei.

En su web, el Santander se define como la primera entidad privada de Argentina por volumen de depósitos. Tiene 464 sucursales, 3,5 millones de clientes y 8.900 trabajadores. Sin embargo, España y Brasil -dos países con gobiernos enemigos de Milei- son sus mercados principales. Una semana después de la operación, cuando el presidente argentino convocó en Madrid a una reunión con bancos y empresas, Ana Botin, la presidenta del Consejo de Administración del Santander, no estuvo presente y envió en su lugar al CEO del banco, el mexicano Héctor Grisi Checa. Recién el último viernes, Milei y la hija de Emilio Botin se encontraron en la conferencia anual de Sun Valley. El Gobierno lo anunció, pero no se difundieron ni fotos ni datos de la conversación.  

El esquema que el ex economista jefe de Eduardo Eurnekian eligió es el que hace agua por los cuatro costados. Como lo escenificó el acto de Tucumán, el presidente disciplinó a la casta, pero no logra gobernar las expectativas devaluatorias de sus aliados naturales, el agronegocio y los actores del mercado. Todos coinciden en advertir que, muy rápido, se quedó sin instrumentos y no tiene los dólares que necesita para eliminar el control de capitales. Tampoco para hacer frente a la montaña de vencimientos de deuda que el Día de la Independencia le restó al Central 2600 millones de dólares. 

Con el objetivo de bajar la inflación, Milei apostó todo a un esquema de convergencia inviable y estimuló una recesión violenta que genera destrucción de empleo y afecta la recaudación. Un verdadero autogolpe que Milei propicia, enamorado de la paz de los cementerios, como si las elecciones fueran mañana y no dentro de un año. “El equipo económico se juega fuerte al triple 2 que no le va a llegar nunca”, dice un economista que fue parte del primer kirchnerismo.

En la semana de su debut como ministro, Federico Sturzenegger no colaboró para frenar la inestabilidad cambiaria. Ahora, La Libertad Avanza tiene en la primera línea de su gabinete a casi todos los responsables del fracaso de Macri y recurre a recetas similares, como la de facilitar el carry trade que en 2017 benefició a fondos como Templeton y hoy a grupos locales que hicieron grandes ganancias en dólares en apenas unos meses. 

Con su respaldo al chileno Rodrigo Valdés, el Fondo Monetario acaba de demostrar que todavía se acuerda cómo terminó esa aventura. Si Milei y Caputo quieren tener los dólares para blindar la salida del cepo deberían acatar las exigencias del organismo. O al menos, cambiar de interlocutor, Leonardo Madcur, el lavagnista que fue empleado de Eurnekian y jefe de asesores de Massa. Familiar de Guillermo Nielsen, el sanjuanino Madcur está asentado en Washington desde diciembre, sin que se conozcan cuáles son los resultados de su trabajo.

En la economía real, mientras tanto, el rumbo del presidente tiene efectos radioactivos. Junto con la caída del poder adquisitivo, el derrumbe del consumo y la recesión, se acentúan los problemas en el empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo, desde que asumió Milei, 38.178 empresas iniciaron el Procedimiento Preventivo de Crisis. En los últimos días, la dependencia que está a cargo del ex Techint Julio Cordero comenzó a tratar el PPC que presentó Fate y que según el sindicato apunta a despedir a 280 empleados. En mayo pasado, la compañía que pertenece a Javier Madanes ya había prescindido de 97 trabajadores efectivos y 40 tercerizados. Es parte de un cuadro que se generaliza.

El documento que presentó el jueves último la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) muestra que la recesión tiene un potencial explosivo en el mundo del trabajo. Basado en información que recolectaron los delegados sindicales de 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, fue presentado por Ricardo Pignanelli con cinco gobernadores, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Gerardo Zamora, el único firmante del pacto de Milei. Las conclusiones son impactantes. El 90% de las empresas del sector experimentó caída de ventas en relación a diciembre, el 80% redujo personal con despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas y solo el 56% puede pagar los sueldos en término. Contra la campaña publicitaria de la recuperación en V, la crisis se espiralizó en los últimos dos meses y la cantidad de gremios que declaran haber sufrido suspensiones escaló del 34,4% al 60%. En ese lapso, el 90% de las industrias decidió recortar las horas extra y los retiros voluntarios aumentaron: si en mayo las empresas que declaraban haberlo implementado eran el 56,5%, ahora son el 80%. En la industria, las expectativas, el otro gran activo que vendía Milei, son parte del pasado: el 95% considera que en los próximos 6 meses la situación será peor.

El esquema de recesión y dólar atrasado es el que llevó a Milei y Caputo a anunciar la intervención en el mercado del CCL con el objetivo de reducir la brecha cambiaria y lograr que el agronegocio liquide lo que le queda por vender, la mitad de de la cosecha. Sin embargo, ortodoxos y heterodoxos coinciden en que la pérdida de reservas va a ser la primera consecuencia. 

La renuncia de Vilella al cargo no altera una cuestión de fondo: pese a que apostó por la llegada de la extrema derecha al poder, el agronegocio no tiene interlocutores de peso en el Gobierno, el área está devaluada y el país queda relegado en una región donde Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay tienen ministerios de Agricultura. 

La incorporación de Sergio Iraeta como secretario no impedirá que las grandes cerealeras sigan negociando con Juan Pazo, un empresario que fue funcionario de Macri, trabajó para el Grupo de Nárvaez y tiene un fideicomiso con inversiones ganaderas en Buenos Aires y Entre Ríos. Parientes políticos, Iraeta y Pazo no inciden en la política de un gobierno que hace intentos desesperados por no devaluar. “El productor sojero liquida en función de sus necesidades, el gobierno le otorgó créditos baratos y no necesitan vender. Una cosa es votar a Milei, otra cosa es jugar contra tus propios intereses”, dice un dirigente del sector.

Las nuevas medidas de Milei y Caputo aumentan la presión sobre el agrobusiness y dejan de manifiesto que el esquema paleolibertario extrema la dependencia estatal con respecto al sector. La aprobación del RIGI, que da libre disponibilidad de divisas a las compañías mineras y petroleras, condena al campo a ser el único sector que aporta dólares. El sueño sojero de un país sin retenciones se aleja cada día más. Desde esta semana, se verá si el plan de supervivencia que diseñaron el presidente y su equipo económico da resultado. O si el campo se sienta sobre los silos por tiempo indeterminado.