"Resolvimos presentarlo nosotros ya que ningún fiscal hizo nada. La política tiene que transparentar las cosas. Acá hay gente que vive de la política y busca enriquecerse con la política. Aquí hay dolo, hay intención y propósito. Es probable que Leyes la esté pasando mal y como quiere pagar el terreno, debe estar arrepentida", dijo Quevedo.

La UCR argumentará su denuncia basándose en el artículo 261 del Código Penal que establece "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

"Lo grave es que hay protecciones políticas y la sociedad debe saberlo. La descomposición es enorme y la ciudadanía no puede seguir viviendo en esta mentira institucionalizada. Nos ponemos del lado de la gente", concluyó el presidente del comité radical.