Díaz sostuvo que “El pedido de informes está dirigido a esclarecer los alcances de la Resolución Nº 55 por la cual se aprueba un Acta Acuerdo y una Adenda modificatoria para la ejecución de una Obra de Dragado en Jurisdicción del Puerto Dock Sud, en el área donde opera la firma Shell C.A.P.S.A., suscriptas en 2013 y 2015 respectivamente entre esa empresa y el entonces Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires; venimos siguiendo este tema desde hace años y poseemos toda la información".

"La mera lectura de los instrumentos aprobados por la Resolución nos anoticia que la convalidación importa mucho más que la mera ejecución de una obra de Dragado: por este medio se estaría fijando una deuda devengada en el período 1994 – 2011 entre Shell y la Provincia, sin que quede claro -entre otras cosas- si se refiere a la totalidad de la misma, sobre que parámetros se produjo el cálculo, y si se ha dado por prescripta parte de ella”.

El jefe del Bloque GEN-PROGRESISTAS en la Legislatura bonaerense agregó: “Además importaría la aprobación de una obra pública de dragado contratada por terceros (SHELL), no quedando precisado si fue ejecutada antes de esta convalidación y en este caso quién autorizó la misma y si se llevó adelante la fiscalización de sus resultados; incluyéndose también la convalidación de un plan de refinanciación de deudas hecho a medida, sin amparo en una norma que lo autorice, y mediante el cual por compensación de valores, Shell estaría cancelando el 85 % de lo adeudado. Si así fuera, con el dragado de un pequeño espacio del puerto - que sólo usa Shell - esta empresa estaría saldando prácticamente 17 años de una deuda millonaria. Estos potenciales efectos del acto, son los que me llevan necesariamente a formular estos cuestionamientos al ejecutivo por mi pedido de informes”.

"Uno de los disparadores que ameritan despojar de cualquier duda sobre la transparencia del acto”, manifestó Marcelo "Oso" Díaz, referente principal de Margarita Stolbizer en la legislatura provincial, “surge al advertir quiénes comparecen a la firma del Acta Acuerdo. En nombre de la empresa la suscribe su ex presidente y actual Ministro de Energía de la Nación, Ingeniero Juan José Aranguren, alto funcionario sobre el que pesan denuncias de participar en asuntos en que se producen conflictos de intereses entre su ex empleador (Shell, de la que además es accionista) y el Estado Nacional y/o Provincial; y del otro lado de la mesa en representación de la Provincia comparece el ex Ministro de la Producción de la Provincia, Dr. Cristian Breitenstein, quien se encuentra sindicado como el mayor responsable de una de las causas más emblemáticas de corrupción de la anterior gestión -conocida como `los ñoquis del Astillero Rio Santiago`-. Aumenta nuestra necesidad de poseer mayor información cuando observamos que se trata de un convenio cuyas cláusulas sólo se podrían ejecutar si se contaba con la expresa autorización del Gobernador de la Provincia, en el caso Daniel Osvaldo Scioli, convalidación que nunca se obtuvo pese a que el convenio data del año 2013”.

“También llama la atención la falta de notificación al Fiscal de Estado del contenido de la Resolución en cuestión, y numerosas cuestiones conexas de alto impacto económico en la recaudación del puerto público de Dock Sud sobre las cuales también se piden informes. La concurrencia de estas circunstancias me llevan a no permitir que se consoliden los difusos efectos del acto aprobatorio, sin que previamente los organismos encargados del contralor conozcan y desentrañen sus verdaderos alcances. Este pedido de informe no importa prejuzgamiento sobre la conducta de los funcionarios involucrados, sólo es la consecuencia de un imperativo de conciencia que como Diputado me inclina a no dejar pasar los casos en que avizoro se presenta un probable perjuicio del interés público en juego y un eventual conflicto de intereses”, concluyó Díaz.