Las denuncias por irregularidades en el accionar de personal policial y penitenciario crecieron 50% en casi cuatro años. De las 282 acusaciones que recibió la Inspección General de Seguridad (IGS) en 2010 se pasó a 427 en 2013 y, en lo que va de 2014 ya se registraron 250.

La mayoría de las exposiciones contra policías fueron por irregularidades en materia vial –entre ellas pedidos de coima y accidentes de tránsito– y hechos de violencia intrafamiliar. En el caso de los penitenciarios, la razón principal ha sido el abandono de servicio (salieron de licencia y no volvieron a trabajar, por ejemplo). También hubo casos en los que se denunciaron apremios ilegales y abusos de autoridad, pero en menor medida, de acuerdo con los datos aportados por la IGS.

Las denuncias pueden derivar o no en sumarios. En este último caso casi la mitad terminó archivada o con involucrados sobreseídos en cuanto a policías se refiere. En los sumarios hechos a penitenciarios casi no hubo sobreseimientos en los últimos dos años.

Los más denunciados

En lo que va de 2014 a la Inspección ingresaron 250 denuncias en total y sólo 9 de ellas involucraron a personal del sistema penitenciario.

Entre las acusaciones que derivaron en investigaciones más profundas están cuatro de los casos más resonantes de este año.

Por el accidente fatal sucedido el 7 de febrero entre un camión y un colectivo de larga distancia hay 13 policías sumariados; por la presunta coima ofrecida por la Policía de Mendoza a un funcionario puntano el pasado fin de semana se abrió una información sumaria y por el caso del policía que está imputado en la Justicia penal acusado de conducir ebrio, robar a un civil y volcar un móvil hay otro sumario. El último hecho que se conoció en los medios corresponde al penitenciario que fue sumariado, sospechado de ofrecerle la prisión domiciliaria a un reo a cambio de $15.000.

Temor, desgano o descreimiento

El promedio de 330 denuncias por año en un universo de cerca de 11.500 efectivos (alrededor de 9.000 policías y 2.500 penitenciarios) es un número poco significativo para el Ministerio de Seguridad, que califica los hechos de “casos aislados” y asegura que la corrupción no está enquistada. Sin embargo, el hecho de que muchos civiles no denuncian por temor, desgano o descreimiento del sistema no pasa desapercibido para interpretar los números.

La titular de la IGS, la abogada Mariana Herrero (PJ), aseguró que la mayoría de los denunciantes son los mismos policías y/o penitenciarios y que hay pocas acusaciones de civiles porque el ciudadano no conoce que puede denunciar o no persevera en el proceso. “Le gente necesita desasnarse un poco de la posibilidad que tiene de interponer la denuncia en un organismo como este”, lanzó la funcionaria. “A veces se trata de coimas que nunca terminan de denunciarse completamente, como en el caso en la ruta 7 con el funcionario de San Luis. En este caso el afectado no denunció y es un funcionario de gobierno. Nosotros ahora tenemos que ir a buscarlo a San Luis y ahí ver si ratifica la denuncia. Podemos investigar de oficio pero hicimos una información sumaria porque no podemos sumariar a nadie si no tenemos las pruebas suficientes, son todos dichos. Si él hubiese llamado al 911, se nos deriva a nosotros en el acto y en el momento se va y se le encuentra la plata al policía y tenemos la prueba concreta, pero no lo denunció. Esto no significa que va a quedar impune”, ejemplificó Herrero.

Con respecto a los casos de coimas, la funcionaria a cargo de la Inspección reconoció que se trata de una cuenta pendiente. Sin embargo, remarcó: “Hay mucho mito de que la policía actúa mal. Creo que no es así. Tenemos una muy buena policía en Mendoza, me atrevo a decir que es una de las mejores del país”.

El paso siguiente: los sumarios

La IGS debe investigar y sancionar administrativamente al policía o penitenciario que cometa un delito. Es independiente de la justicia penal, aunque también observa lo que ésta resuelva. 

En lo que va de este año se realizaron 103 sumarios –en cada uno puede haber más de un efectivo investigado– en la Policía de Mendoza mientras que en 2013 fueron 344. En el caso de los penitenciarios fueron 25 sumarios en 2014 y 57 en 2013, la mayoría por faltas leves al régimen penitenciario y abandono de servicio.

En menos de un año obtienen el título

La mitad de los policías en actividad son auxiliares que obtuvieron su habilitación para trabajar luego de 10 meses de cursado en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Para ingresar no necesitan secundario completo. Algo similar sucede con los penitenciarios, cuya formación básica es de 11 meses.

¿Esa formación es necesaria para desempeñarse en sus funciones? Para el jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri, sí; aunque reconoce que “a veces falta en los efectivos nuevos la templanza que se tenía antes, poder aguantar situaciones extremas sin perder la calma, saber sobrellevar situaciones en donde debe tomar decisiones y no hay nadie al lado diciéndole qué hacer”. En tanto, en una escala del 1 al 10, el ministro de Seguridad, Leonardo Comeratore, califica la educación de los policías con un 8,50.

Con otra visión, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, opinó que es necesario mejorar en capacitación y, en el caso particular de los penitenciarios, lograr una educación distinta que la del policía porque las tareas son muy diferentes.

La vocación y el incentivo

Para Carlos Aranda, director del IUSP y ex ministro de Seguridad, la falta de vocación e incentivo para perfeccionarse durante la carrera no se trata de un problema de salario (de bolsillo, un penitenciario que recién comienza cobra cerca de $9.000 y un policía, unos $9.500), sino de que “la policía es una carrera profesional residual en un gran porcentaje. Hay chicos que aman ser policías y nacieron para eso, pero son el 10%. Hay muchos que vienen porque los traen los padres, por el sueldo o por el trabajo”.

¿Es la formación la base de las fallas en la policía y el sistema penitenciario provincial? Para el especialista en Seguridad Pública Martín Appiolaza, para el diputado e integrante de la Bicameral de Seguridad Daniel Cassia y para el director del Servicio Penitenciario Provincial, la educación es, sin duda, un factor determinante.

Appiolaza dio como ejemplo la desvalorización que numerosos uniformados hicieron de la información brindada por civiles horas antes del fatal accidente del 7 de febrero, razón por la cual no respondieron. El especialista explicó que el 80% de la información con que trabajan las policías de todo el mundo es aportada por la comunidad. “Cuando uno tiende a formar una policía verticalizada, cuasi militarizada y corporativa (con la lógica de la supervivencia y no del servicio) no se aprovechan esos datos. Por eso se tiende a modernizar a la policía, para ser más eficiente, es decir, se tiende a una policía altamente capacitada, aun en los escalafones más bajos; capaz de analizar, tomar decisiones por su propia cuenta y relacionarse con la sociedad y otras fuentes de información”.

Acerca de los casos de corrupción, Appiolaza sintetizó: “Cuando se relajan los controles, cuando se pierde la capacidad de mando de los jefes, cuando se pierden la confianza y el liderazgo ético que deben tener los funcionarios, y cuando lo trabajadores policiales perciben que no tienen rumbo ni rinde frutos su intervención, se genera una desmoralización generalizada. Son casos aislados pero altamente preocupantes”.