En épocas en que cada vez más funcionarios hablan de eliminar subsidios, pero ninguno se refiere a un aumento de tarifas, que mejoraría los ingresos de las empresas energéticas, los generadores de electricidad son los únicos que mantienen una esperanza firme de mejorar su caja en el corto plazo.

Ejecutivos de ese eslabón de la cadena, que produce la energía que se transporta por redes de alta tensión y luego se distribuye a los clientes finales a través de empresas como Edenor y Edesur, comenzaron a charlar hace semanas con funcionarios distintas alternativas para mejorar sus ingresos.

Hasta ahora, las discusiones fueron con segundas y terceras líneas de los ministerios de Economía y de Planificación. Pero con la venia de sus jefes máximos, Axel Kicillof y Julio De Vido. También participaron hombres como Esteban Kíper, vicepresidente de Cammesa (la compañía que administra el despacho del mercado eléctrico), muy cercano al jefe de Economía. Se trata de un recién llegado al sector que fue recibido con agrado por los empresarios, que lo consideran ajeno a las "bravuconadas y compenetrado en encontrar soluciones", según sostuvo un ejecutivo de las generadoras.

OBJETIVO 2015

El objetivo político es dotar de recursos al sector para que llegue a 2015 a flote. Su instrumentación será mediante la modificación de la resolución 95 del año pasado, que fijó los ingresos que reciben las empresas que producen la electricidad, un lote cuyos principales exponentes son Endesa Costanera, Central Puerto (Sadesa), Loma La Lata (Pampa) y las instalaciones de AES.

Según fuentes al tanto de las discusiones, el Gobierno aumentará la remuneración a las empresas mediante las modificaciones de lo que perciben por sus costos fijos, variables y un adicional. Pero también colocará un incentivo extra para aquellos que instalen más máquinas para producir electricidad. Es un reclamo lógico por parte de los funcionarios: por falta de recursos y poco estímulo para generar más energía, en los últimos años la llamada indisponibilidad de equipos (es decir, unidades que están instaladas, pero no en condiciones de producir energía) aumentó.

También aplicaría una mejora en los ingresos de las hidroeléctricas pequeñas, cuya facturación quedó disminuida tras la resolución 95.

Según los empresarios más entusiastas de trato frecuente con los funcionarios, el Gobierno aprobaría modificaciones en la resolución 95 a través de una norma similar que se publicaría a más tardar a fines de este mes. Casi todos coinciden en que será retroactiva a febrero.

Aún no se definió otro punto importante: ningún funcionario les explicó a las eléctricas si los recursos provendrán de aplicar más subsidios, justamente el camino que pretende desandar el Gobierno, o de un aumento a la demanda; es decir, una modificación en las tarifas. Si continúa con la lógica que aplicó hasta ahora, los fondos saldrán del Estado.

Las generadoras eléctricas están sumidas desde hace años en una situación compleja. Por la intervención oficial en el mercado, la demanda paga por la energía mucho menos de lo que cuesta producirla, algo que se tradujo en problemas operativos constantes para las empresas. Eso derivó, por ejemplo, en que algunas de las principales compañías del país deban acudir a Cammesa para financiar la reparación de sus máquinas ante alguna rotura. Ese último organismo, sin embargo, es también el que les demora los pagos por la energía despachada, algo que también empeora su situación financiera..