Por: Andrés Klipphan.

Una auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegará a la Argentina para inspeccionar las obras realizadas en el mayor basural a cielo abierto ubicado en el partido bonaerense de Luján. El proyecto, desarrollado en un 70%, fue denunciado por un grupo de vecinos y organizaciones ambientalistas por serias irregularidades que afectan a la salud pública y otro tipo de deficiencias.

Los expertos del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) deberán evaluar si la construcción del Centro Ambiental “Laudato Sí”, realizado con un crédito de más de veinte millones de dólares del BID, “ha cumplido con sus políticas y estándares sociales y ambientales”.

Está previsto que el equipo, coordinado por la abogada costarricense Kattya Araya, concluya su trabajo el 29 de marzo de 2024. Entre sus facultades el MICI puede recomendar al Grupo BID medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de sus políticas, o aconsejar la paralización de la obra ya interrumpida por un recurso extraordinario interpuesto por los vecinos y organizaciones ambientalistas que llegó a la Corte Suprema de la Nación.

Denuncian posibles “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes” en las obras de saneamiento, construcción del Ecoparque y Centro Ambiental y cierre técnico del basurero.

El equipo es coordinado por la abogada costarricense Kattya Araya

Las preguntas del MICI

El MICI, en un informe preparado por Kattya Araya, Coordinadora de la Fase de Verificación de la Observancia, considera que existen “indicios de incumplimiento de directivas” de parte del BID acerca de la correcta “identificación y evaluación” de los “riesgos para la salud que tendría una potencial contaminación del agua”.

Asimismo, la misma situación se registraría sobre el “análisis y caracterización socioeconómica incluida en el EIA del proyecto que no hace referencia a potenciales impactos negativos en emprendimientos comerciales y agrícolas de la zona”.

Otros indicios de incumplimiento de directivas detectados por el MICI están referidos al “adecuado análisis del patrimonio histórico del predio Sucre”, el “monitoreo de lixiviados”, la “falta de impermeabilización del BCA”, la “verificación de medidas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales” y la “correcta verificación de identificación de residuos peligrosos”.

Precisamente, en cuanto a los residuos peligrosos, este grave riesgo fue confirmado por los allanamientos al predio ordenados por el juez Portocarrero Tezanos Pinto y los análisis realizados por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

A ello debe añadirse la negativa de las autoridades municipales a efectuar el depósito de los residuos en otros sitios aptos como el predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana SE (CEAMSE), que notificó su disposición y factibilidad para ese objetivo.

Los auditores externos del BID deberán responder varias preguntas para después aconsejar las medidas que podría seguir el Grupo BID. Entre ellas destacan:

-¿Se llevó a cabo un proceso de participación y consultas adecuado con las partes interesadas?

-¿Se realizó una adecuada identificación, evaluación y caracterización de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, del Proyecto, tal y como establecen las Propuesta de Desarrollo de la Operación en relación con el adecuado análisis del patrimonio histórico del predio Sucre, el monitoreo de lixiviados, la falta de impermeabilización del basural a cielo abierto, la verificación de medidas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, la correcta verificación de la identificación de residuos peligrosos, los potenciales impactos y riesgos a la salud, y los potenciales impactos socioeconómicos?

-¿Se establecieron medidas con el fin de prevenir, evitar y mitigar los potenciales impactos adversos del Proyecto, de conformidad con las Propuestas de Desarrollo de la Operación en relación con el monitoreo de los impactos antes mencionados?

Para eso no solo recorrerán las instalaciones, sino que entrevistarán a los denunciantes, a vecinos y funcionarios.

Los responsables de las obras

El recurso extraordinario que llegó al máximo tribunal de justicia del país tuvo su puntapié inicial en la acción de amparo ambiental colectivo, presentada, entre otros, por la Asociación Civil Nuevo Ambiente. Allí se alega que “existe una amenaza de mantener y agravar la contaminación derivada del mayor basural a cielo abierto del país, mediante el proyecto adjudicado, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la empresa EVASA”.

El equipo del MICI

Los vecinos de Luján, que se ven perjudicados por el relleno sanitario y el Centro Ambiental, ubicado a dos kilómetros del vertedero a cielo abierto, también le solicitaron a la Justicia federal de Mercedes de “adoptar las medidas necesarias y suficientes para la recomposición del daño ambiental que se habría generado por la gestión negligente del basural a cielo abierto mediante la implementación de un plan viable, sostenible y eficiente que asegure el saneamiento de dicho basural y cumpla con los requerimientos técnicos y legales aplicables”.

El juez federal de primera instancia de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó detener los trabajos “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”. Pero la Cámara Federal de San Martín revirtió la medida, que finalmente llegó a la Corte.

En el amparo se advierte sobre la existencia de “diversas irregularidades en la adjudicación de la obra” y que “no se realizaron los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica y legal ni los verdaderos impactos ambientales del Proyecto”.

Los demandantes sostienen: “La selección del sitio, el denominado ‘Predio Sucre’ se encuentra ubicado en un lugar de protección histórica patrimonial”. Y que el lugar seleccionado “se encuentra en un sitio que incumple las medidas y condiciones mínimas que se describen para instalar un relleno sanitario”.

Las obras fueron licitadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, y por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación.

Juan Cabandié y el intendente Leandro Boto recorren las obras que serán auditadas por la auditoría externa del BID

Otro de los motores de la cuestionada obra es el intendente camporista Leonardo Luis Boto, quien, a comparación de los otros dos funcionarios, continuará en el cargo porque ganó la reelección en el distrito que gobierna. Sin embargo, recibió fuertes cuestionamientos internos porque en el balotaje, como candidato a presidente se impuso Javier Milei, de La Libertad Avanza, con el 56.71% de los sufragios. Sergio Massa, en cambio, recibió el 43.28% de los votos.

La apertura del expediente en el MICI, con sede en Washington, tiene recorrido propio y la inspección que se realizará el 6 de diciembre es considerada como una victoria por los vecinos de Luján que denunciaron las supuestas irregularidades.

Los auditores del MICI estarán en el país desde el lunes próximos y regresaran a Estados Unidos el jueves.

El derrotero del expediente

El 31 de enero de 2022, los vecinos que se sienten perjudicados por las obras -porque ven afectados sus emprendimientos agropecuarios- encabezados por Viviana Karina Novelle, Ignacio Francisco Uranga y Carlos Reyes Terrabusi, se presentaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación para denunciar que las obras que forman parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto -adjudicada la empresa Evasa- podían producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural (actualmente en operación) y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”. Las actuaciones están identificadas como “MICI-BID-AR-2022-0182″.

Ante el MICI, los denunciantes también mencionaron los “potenciales incumplimientos con las Políticas Operativas Pertinentes al Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”.

Los Vecinos Autoconvocados de Luján afectados por la extensión de las obras para sanear el vertedero destacaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no realizó “estudios ambientales y sociales completos” e hizo “un deficiente análisis de riesgo sobre el impacto de las obras” que se realizan en terrenos cedidos por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) a unos 2,5 kilómetros de distancia del basurero, en la zona denominada Sucre.

La superficie del vertedero es de unas 12 hectáreas y recibe más de 100 toneladas de residuos diarios que producen los 111.365 habitantes de Luján, según el Censo 2022 (Franco Fafasuli)

Ante el organismo multilateral y su oficina externa de auditoría los afectados alegaron que “existen fallas técnicas que hacen el proyecto inviable en términos ambientales y un riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes que no serían tratados correctamente (ni por el actual basural en operación, ni contemplados en las nuevas obras)”. Del mismo modo, señalan que el predio elegido para llevar a cabo el nuevo basural no tendría capacidad suficiente para cumplir la función, aunado a los potenciales daños a sitios cercanos considerados patrimonio histórico. Lo anterior también afectaría significativamente, desde su punto de vista, a la calidad de vida y al patrimonio de los vecinos que residen en la zona de influencia directa de ambos basurales.

Por último, destacan “potenciales irregularidades en el proceso licitatorio o respecto de regulación local sobre obras, las cuales serán remitidas a las Oficinas de Integridad Institucional y Adquisiciones”, una temática que ya anunció el MICI que está fuera de su ámbito de investigación.

El plan contempla una planta de reciclado de desechos e incluye la formalización de 220 puestos de trabajo, que quedarán en manos de los cooperativistas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que desde hace años realizan las tareas de reciclado a mano, expuestos a la contaminación ambiental y enfermedades.

Infobae publicó de manera exclusiva el derrotero del expediente judicial y de la denuncia de los vecinos de Luján ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Las autoridades nacionales consultadas negaron la posibilidad de que los auditores del MICI llegaran a la Argentina. Sin embargo, mañana llegarán al país.