Por: Gabriel Morini.

La presentación ante la justicia que realizó la AFIP –conducida por Mercedes Marcó Del Pont- dando cuenta del hallazgo de auditoría sobre un sistema ilegal de persecución utilizando desde el organismo recaudador se transformó en la pieza que faltaba de un rompecabezas que ofrecía pruebas de ese accionar en al menos tres expedientes judiciales. El cúmulo de irregularidades que detectó la AFIP dirigidas contra Cristina de Kirchner y su familia ya tuvo réplicas en los testimonios y pruebas que se han acumulado tanto en el juicio oral Oil Combustibles que guía el TOF 3, como en el expediente que investiga la jueza María Servini acerca de una matriz conducida por el Poder Ejecutivo para arrinconar y desarticular al Grupo Indalo. También posee puntos de contacto con el caso que investiga espionaje a jueces, en base a la consulta de distintos sistemas con información tributaria bajo secreto fiscal.

GRUPO DE CONTROL

El primero en revelar la existencia de un “grupo de seguimiento” fue Jorge Schiaffini, a finales de 2019 en el marco del juicio Oil. El autor del “informe de situación fiscal” de la petrolera aseguró no recordar bajo qué circunstancias le había sido encargado ese documento de 30 carillas con detalles sobre los giros y la operatoria de Oil con datos basados supuestamente en los balances y que tuvo “fecha de registración” en el sistema SIGEA el 1/04/2016 a las 11.10 am. El problema es que su horario de recepción en la fiscalía de Gerardo Pollicita fue a las 14 del mismo día, dos horas y 50 minutos más tarde de su creación. “Grupo de control”, lo denominó Schiaffini a un circuito que se comunicaba por mail (ahora la AFIP descubrió que utilizaban canales informales, incluso para comunicarse con juzgados y fiscalías), y no supo responder, entonces, qué normativa lo regulaba y si había antecedentes de algo similar. Servini avanzó en el secuestro de 170 mil correos de Schiaffini. “Abad no se metía para casos individuales. El grupo con el que mantenía reuniones era solo para Oil”, declaró Horacio Castagnola ante la Justicia.

SISTEMA ILEGAL

Uno de los hallazgos de mayor impacto fue la del sistema informático desarrollado por AFIP bajo el ropaje de monitoreo de “grandes deudores”. Dentro de la órbita de Recaudación, ese sistema permaneció oculto hasta que la auditoría de Marcó del Pont lo descubrió este año. Tenía a Cristina y su familia monitoreados y a “dos grupos económicos”. Totalmente irregular por su discrecionalidad, estaba apuntada al grupo Austral de Lázaro Báez y a Grupo Indalo (de López y De Sousa) con sus empresas relacionadas. El director de Auditoría de AFIP Pedro Ocamica –el último en declarar en el juicio Oil- dijo que se había enterado de ese desarrollo “en los pasillos” del organismo recaudador.

El problema es que el documento que lo encontró ahora lleva su firma. Tal vez supuso que la AFIP no lo iba a hacer público en la causa de Martínez de Giorgi. Para peor, Juan Carlos Santos declaró ante Servini bajo juramento que en Grandes Contribuyentes tenían informes de deuda día a día de todo el padrón por lo que jamás utilizó ese subsistema. Otro testigo que comandaba una agencia dijo que le pusieron a disposición la “herramienta” pero que no les servía para aliviar trabajo. Dejó entrever que tenía fines ajenos al monitoreo tributario.

ABAD, AL FRENTE

Santos, Sergio Flosi, Ocamica y Oscar Ramos Rivera reconocieron que Alberto Abad convocaba a reuniones semanales para tratar el tema Oil. Ocamica reveló que le instruyó Abad armar la auditoría pronta sobre Oil en poco tiempo y con adelantos para llevar a la Justicia. Y que el mismo exadministrador intervino en seleccionar parte de la muestra auditada. “¿Cómo un informe preliminar sin respuestas de las áreas auditadas sobre un desvío es usado para realizar una denuncia penal? ¿Una auditoría a un contribuyente específico? Eso tiene otra metodología. De la cantidad de auditorías que me han hecho a mí, nunca pensaría que me van a hacer una denuncia penal con un informe. Jamás lo habíamos visto”, manifestó Adrián Salido, uno de los jefes de AFIP que se quejó ante Leandro Cuccioli por la imputación de funcionarios del fisco. Se utilizó información parcial con el objetivo de cimentar una denuncia penal. Es otro de los hallazgos de Marcó del Pont que encuentra base fáctica en otros expedientes.

De hecho, fue Horacio Castagnola quien dio uno de los testimonios más contundentes ante Servini que investiga una asociación ilícita encabezada por Macri, integrantes de la “Mesa Judicial” y la cúpula de AFIP. “El caso de Oil sí fue algo realmente atípico. Acá era el administrador federal el que convocaba. El que monitoreaba y veía qué pasaba era Abad”. Castagnola fue el N°2 de la AFIP y responsabilizó directamente a su superior de algo irregular para el organismo. Le apuntó por la conferencia de prensa que dio en su momento: “eso ronda la violación del secreto fiscal”, lo fustigó.

Lo curioso es que la excúpula de AFIP afirma que se enteraron de los planes de Oil no por la prensa, sino por una tal “Amelia Aguirre” que “sabía mucho lo que pasaba en la AFIP”, pero “no tenía cargo funcional. Misterio. Carlos Bo le habría dicho a su jefe que “no había situación de riesgo ni de evasión” en marzo de 2016. Esa declaración consta en la causa de Servini. ¿Para qué se avanzó entonces? Castagnola se encargó de afirmar que no tuvo injerencia ni conocimiento en el desarrollo de la denuncia penal y de los movimientos internos de AFIP. Otros testigos corroboran que se mantuvo explícitamente aparte.

Para terminar de enterrar a Abad –ahora más complicado con lo que presenta la AFIP-, Castagnola declaró bajo juramento que a diferencia de lo que ocurría siempre con las Resoluciones Generales que partían de la Subdirección de Recaudación, la que fue dirigida contra Oil partió de Abad. “No me parece frecuente una decisión de este tipo”. Abad debe afrontar una indagatoria ante Servini a mediados de 2021.

COMISIÓN DE DELITOS

“Se construyó una base fáctica para sostener una querella en algo que no lo era”, sostuvo Ramos Rivera en juicio a la petrolera. Punto de contacto con la serie de irregularidades encontradas ahora por la auditoría: “se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, indicaron a Martínez de Giorgi. El dato es que sin que trascendiera, la AFIP actual habría apuntado contra Jaime Mecikovsky, hombre fuerte ligado a Elisa Carrió (también denunciante en Oil) y cuyo rol habría sido estratégico en el manejo de información bajo secreto fiscal.

AUDITORÍAS FRAGUADAS

En el caso de la expresidenta, el apartamiento de la normativa en cuanto a fiscalizaciones sobre un contribuyente actuó en espejo con el proceso que se inició contra la petrolera de Cristóbal López en marzo de 2016, con una auditoría denominada OIP 14, en la cual los testigos que desfilaron por el juicio oral confirmaron que les fue pedida para hacer “adelantos” al juzgado de Julián Ercolini. Tanto así que se aportó un “borrador” a la Justicia, sin el estatus final del análisis que daba cuenta que nunca estuvo en discusión una deuda tributaria líquida y exigible, sino que se camufló en un supuesto relevamiento a una agencia en la que estaba empadronada la petrolera.

De ese estudio, no se habilitó la opinión de las áreas auditadas que descartaban y explicaban los “hallazgos” y “observaciones” que se utilizaron para cimentar el requerimiento fiscal. Al estar incompleta, como lo declararon todos los intervinientes –e incluso el propio Ocamica- nunca dieron cuenta de la desestimación de la mayoría de los puntos y habilitaron que la acusación partiera de una base fáctica que ya había sido desvirtuada por los propios intervinientes, algo que quedó plasmado en la auditoría siguiente, la OIP 15.

Parte de ello, las denominadas “desconfirmaciones” de boletas de deuda, subrayadas en la elevación a juicio del caso fueron minimizadas por Fabián Barroso de AFIP. Es que más de la mitad se descubrió que estaban correctas, pero no con el borrador utilizado, sino con un análisis que se presentó a fines de 2019, a instancias de la queja de los jefes y directores de AFIP cuyas imputaciones penales resultaban de información incompleta. Ante Servini, Santos reconoció que nunca se abocaron a otras empresas con planes de pago por ITC: “a los otros no los controlamos”.

Como un dato al pie, Carlos Bo –uno de los hombres de Elisa Carrió en la AFIP- dijo que su mera intervención había sido solo en base a la recomendación de riesgo de que Oil pasase a Grandes Contribuyentes por su nivel de facturación. En la causa Vicentin, ocurrió un proceso inverso: por orden del expresidente Mauricio Macri y ya con la gestión de Leandro Cuccioli se quitó a la agroexportadora de Grandes y se lo remitió a una agencia de Santa Fe. Durante las PASO.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

Otro de los puntos expuestos en la auditoría que ya investiga Martínez de Giorgi hace a la serie de ascensos, traslados y alternancia de jefes y funcionarios que intervinieron en los procesos de Oil. En su mayoría eran recién llegados al cargo, o tuvieron paso circunstancial por el área que debía realizar la tarea. Cuerpos de inspectores, quienes confeccionaron trabajos de campo, y quienes elaboraron informes. En el juicio, Schiaffini fue vago y dijo no recordar quién los había redactado. Solo dijo que él escribió dos párrafos. Ocamica sugirió que Santos había sido el que incluyó -en un papel sin membrete- parte del texto de conclusión.

EL ROL DE ABOGADOS EXTERNOS

A eso se le agregó lo que reveló Ocamica en el juicio sobre el rol de los abogados de la querella: “Lo vi en un par de reuniones en la cual estábamos con (el abogado Alejandro) Carrió, en la querella, y donde nos comunicó que íbamos a ser testigos. Íbamos a tener una preparación para asistir como testigos. Dos o tres reuniones fueron y se planificó para ir al estudio de él”, indicó. Misma situación se había replicado con Ricardo Gil Lavedra, durante la instrucción. En teoría, los funcionarios de AFIP son funcionarios públicos. ¿Para qué habría de “prepararlos” si su función los obligaba a actuar en el marco de la legalidad?