Ante las preocupantes declaraciones vertidas públicamente por la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Analia Colombo, en una entrevista publicada el domingo 14 de septiembre en Rosario/12, expresamos:

*Vemos con preocupación sus declaraciones periodísticas respecto de la situación de los mellizos desaparecidos por las que literalmente se desentiende de sus competencias y deberes, manifestando: "...como desde la Defensoría somos curiosos, a pesar de que no tengo competencia para hablar seguí haciendo algunas gestiones particulares... hubo una pericia que es la que yo conozco, pero no tengo acceso porque no formo parte del expediente...". Ante estas declaraciones, nos viene a la memoria la letra de la reglamentación del artículo 41 de la ley 12.967 en su inciso E, que le ordena y faculta al organismo lo siguiente "interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos de los niños, niñas y adolescentes como así también aquellas que tengan por objeto la vigencia de principios, derechos y garantías asegurados en la presente ley."

Asimismo preocupa el estado de "expectación, curiosidad y monitoreo" declamados como horizonte a seguir por la Defensoría, cuando sus funciones legales son instar y accionar, incluso judicialmente, en pos de garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que deja traslucir un marcado y preocupante desconocimiento de la Ley que regula y rige su tarea.

En otro tramo de su declaración menciona como víctima a la mamá de los mellizos y no a ellos, y entiende suficiente que la situación esté siendo tomada por el Centro de Asistencia Judicial, lo que nos alarma en razón de que no reconoce como víctimas a los mellizos, sino sólo a su mamá. De esta manera, está depositando el lugar de defensa de los niños en la fiscalía, haciendo vacancia de función, al no velar por el derecho de los niños, y desconociendo el principio de especialidad que rige la materia.

*También remarcamos la desacertada afirmación respecto de que "el municipio tiene un muy buen servicio local", confundiendo a éste con un actor del primer nivel de intervención, cuando según reconoció la propia Ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello en entrevista con Rosario/12 de fecha 7 de septiembre de 2014, el Servicio Local "no existe". Al respecto, establece la Ley 12.967 en su artículo 30 y decreto reglamentario, que los denominados Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, son organismos descentralizados que deben contar con equipos profesionales interdisciplinarios y que resultan ser los encargados de coordinar, articular y ordenar las acciones de los múltiples actores del primer nivel de intervención y, también, coordinar con el segundo nivel de intervención, garantizando la atención directa e inmediata de toda situación que implique la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para la creación de dichas unidades se prevé la asistencia técnico-financiera de la Nación y la Provincia y se establece que se propenderá a que en cada municipio o comuna, la Autoridad de Aplicación (provincial) celebre los convenios tendientes a la creación de dichos servicios que podrán depender de la provincia o de gestiones conjuntas.

Recordamos que en fecha 20 de noviembre de 2013 se llevó adelante una jornada en el Colegio de Abogados de Rosario en la que Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende junto a la Directora General de Infancias y Familias de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Subirá, anunciaron la creación del Servicio Local en esta ciudad. A ello agregamos la sanción de la ordenanza N° 9242/14 que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar los convenios necesarios para la creación del Servicio Local, y el decreto N° 41.551/14 que refiere a un pedido de informes sobre las áreas que se pondrán a disposición para la creación del mismo, dejando a la vista que sólo se trataría de un reordenamiento de áreas y no de la efectiva constitución del Servicio Local, tal cual la norma lo exige.

Quienes trabajamos cotidianamente con niñas, niños y adolescentes, sabemos que el Servicio Local de Rosario no se ha creado. No obstante, nos preguntamos si, de acuerdo a aquella presentación realizada conjuntamente por autoridades provinciales y municipales y a la sanción de la ordenanza mencionada, se ha suscripto el convenio de creación del mismo, derivando ello en la efectiva transferencia de fondos para su financiamiento.

En cuanto a las responsabilidades de los diferentes actores que conforman el Sistema de Protección, vemos con extrema preocupación que se concentre exclusivamente en lxs trabajadorxs la responsabilidad por el adecuado funcionamiento del sistema "El problema es de articulación y de respeto y de equipos... que no se ponen la camiseta... Hay políticas públicas claras, el problema está en las personas que las ejecutan. El problema está en las personas y no en la ley... si como equipo lo único que haces es quejarte para afuera, falta un ida y vuelta", dice Colombo.

Sabemos que somos lxs trabajadorxs quienes llevamos adelante las magras políticas públicas, que no existen protocolos claros de intervención, que faltan instituciones de alojamiento para niños y niñas, mamás con hijos, adolescentes con problemáticas de adicciones, grupos de hermanos, situaciones de riesgo territorial producto del narcotráfico y de los circuitos delictivos, trata de niñas y niños, por nombrar algunos de los emergentes más problemáticos; no estando a la altura de los requerimientos de las situaciones para restituir y menos aún, garantizar derechos. Es una de las funciones de la Defensoría instar a todo ello, a la vez que monitorear a las autoridades y las entidades que forman parte del sistema de promoción y protección, que deben estar articuladas interministerialmente para garantizar el abordaje integral. Para ello, la ley 12.967 en su artículo 34 crea la Comisión Interministerial que nuclea a todos los ministerios implicados en el diseño y planificación integral de las políticas públicas. Esto pone en cuestión su propuesta de armar "una mesa entre los actores del sistema", en tanto, por una parte, da cuenta de la ineficacia de la mencionada comisión interministerial y por otro lado devela el sinsentido de su propuesta, ya que superpone instancias politico-institucionales.

La Defensora no puede ubicar que la falta de institucionalidad del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, esté motivada en la falta de diálogo, compromiso y respeto entre lxs trabajadorxs, intentando crear canibalismo institucional entre los "ejecutores" de las políticas públicas. Preocupa el tenor de la respuesta en tanto sus expresiones se parecen más a las de un funcionario de las reparticiones oficiales, que a la titular de un organismo de contralor y último garante del sistema.

En cuanto al presupuesto, toda la normativa vigente marca y obliga al Estado a priorizar la aplicación de recursos, hasta el máximo posible, en relación a las políticas de infancia y juventud. En este marco legal, vemos con preocupación su actitud dubitativa y legitimante del escasísimo porcentaje presupuestario destinado por el estado provincial al área. En este sentido, los datos relevados por el observatorio elaborado por la propia Defensoría indican que menos del 2 por ciento del presupuesto general provincial, se destina específicamente al sistema de protección.

Teniendo en cuenta la inmejorable posición de la Subsecretaría de niñez, adolescencia y familia para producir información que aporte con fidelidad insumos necesarios para la construcción de indicadores poblacionales desde su funcionamiento diario y continuo, nos preocupa que transcurridos siete años de la creación de ésta área, la misma no los haya sistematizado a los fines de identificar con claridad la necesidad presupuestaria para atender esta compleja situación.

Concluimos que no se trata ni de piezas, ni de máquinas, ni de camisetas y menos aún de sindicalismo extremo; y afirmamos que sin un presupuesto que jerarquice las políticas de infancias y con trabajadores en situación de extrema precarización laboral no es posible garantizar ni restituir derechos.

Seguimos insistiendo con la necesidad de declarar la Emergencia Pública en materia de Niñez y Juventud en la ciudad de Rosario y vamos a impulsar una Audiencia Pública en el Concejo de Rosario para discutir seriamente y cara a cara con los funcionarios y responsables políticos sobre las políticas públicas para la infancia y la juventud.