Casi 2.600 personas, entre vecinos y vecinas, funcionarios, arquitectos, legisladores, representantes de organizaciones barriales y ambientales y comuneros, participarán en otra mega audiencia pública virtual. Esta vez el foco del debate, que empezó el viernes, está puesto en Costanera Sur: allí, en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de La Boca, la empresa IRSA pretende construir un nuevo barrio, con torres, oficinas, hoteles, bares y restaurantes.

Para lograrlo, la empresa necesita la rezonificación de los terrenos. Por eso firmó un convenio con la Ciudad, mediante el cual, entre otras cosas, cede parte de sus tierras y se compromete a construir un parque y mantenerlo durante diez años. Este convenio debe ser revalidado en la Legislatura porteña, que ya lo aprobó en primera lectura. Pero antes de su segundo tratamiento en el recinto, debe ser sometido a esta audiencia pública, que se extenderá durante 14 jornadas.

La audiencia arrancó el viernes y continuará hasta el 8 de noviembre. Habrá debate todos los días, excepto los jueves en que haya sesiones en la Legislatura. Como no es vinculante, el Ejecutivo porteño espera que el proyecto vuelva al recinto para su sanción definitiva antes de fin de año.

El convenio es uno de los más de 100 que la Ciudad firmó con desarrolladores, aunque ninguno tiene estas dimensiones. Este acuerdo involucra al predio privado más grande, con 71 hectáreas.

La primera intervención en la jornada inaugural de la audiencia fue la del Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, el arquitecto Álvaro García Resta.

"Este convenio nos permite recuperar 48 hectáreas para construir un gran parque público sobre el Río de la Plata; y por otra parte, recuperar tierras que el estado nacional entregó en 1964 a un club. Al firmar el convenio, la empresa se compromete a construir el parque y mantenerlo durante 10 años. Además invertirá 20 millones de dólares en el entorno y aportará otros 20 millones para el plan de fomento de ciencias, tecnología e innovación", argumentó el funcionario.

En la audiencia, un funcionario del Gobierno porteño explicó que el proyecto incluye hacer un parque público de 48 hectáreas junto al río. Foto Andrés D'Elía

García Resta mencionó otras tres consideraciones: la reactivación de la economía que implica esta obra, el beneficio que podría traerle al barrio Rodrigo Bueno y la idea de "propiciar ciudad donde no hay".

Otro de los oradores fue Diego Armando González, vecino histórico y delegado del barrio Rodrigo Bueno, donde vive hace 22 años. La villa está atravesando un proceso de urbanización que arrancó con la construcción de más de 600 viviendas, a las que ya se mudaron 497 familias. Mientras tanto, en el "histórico" -como denominan los vecinos al asentamiento original-, se están demoliendo las casas de las familias que se van mudando.

Junto al predio donde IRSA quiere hacer un barrio está la villa Rodrigo Bueno. Foto Rafael Mario Quinteros

"No tenemos ninguna duda de que este emprendimiento va a traer trabajo para nuestro barrio -le aseguró González a Clarín-. Puedo asegurar que la inmensa mayoría de los vecinos de la Rodrigo Bueno trabajaron, y trabajan, en Puerto Madero. En la construcción de las torres, en los restaurantes, en seguridad, como personal de limpieza en las viviendas, muchas mujeres son niñeras".

Como otros delegados del barrio, González espera que la empresa IRSA realice un modelo de contratación similar al que se contempló en la ley marco para la urbanización, para así lograr que al menos el 20% de los trabajadores de la obra sean vecinos.

Respecto al tema ambiental, González argumentó: "Para nosotros fue muy doloroso cuando los grupos ambientalistas se manifestaron en contra de la construcción de nuestro nuevo barrio. Ellos entendían que iba a afectar a la Costanera. Pero en nuestras casas no tenemos cloacas y las familias viven hacinadas. ¿Qué es más importante, los animales y los árboles o que vivamos mejor las familias?".

El aspecto ambiental del proyecto de ley para que IRSA construya su propio barrio también fue cuestionado. De hecho, la fecha original de tratamiento en el recinto, que era el 5 de agosto, tuvo que ser suspendida por una cautelar impulsada por organizaciones ambientalistas y vecinales con el argumento de que no se había hecho un estudio de impacto ambiental.

Pocos días después, otro juez revocó la medida cautelar y el oficialismo logró llevar el proyecto al recinto, que obtuvo una primera votación positiva.

Enrique Viale es abogado, especialista en temas ambientales, y también participó en la primera jornada de la audiencia. "El marco en el que el Gobierno porteño propone este debate es el peor posible. Estamos en medio de un colapso económico, sanitario por la pandemia y ecológico. Y la solución de la Ciudad es la construcción de un barrio de ultra lujo en medio de un humedal. Es una contradicción sin límites", sentenció.

"Este proyecto de ley nos obliga a preguntarnos quién decide las políticas de planificación en la Ciudad. Y está claro que es la especulación inmobiliaria. Estas eran tierras públicas que pasaron a manos de un club social y que se terminaron transformando en un humedal. Fueron compradas a un precio irrisorio de 22 millones de dólares y a futuro podrían ser un gran negocio de 1.600 millones de dólares. El predio va a tener una capacidad constructiva equivalente a cuatro años de construcción en la Ciudad. Es el negociado inmobiliario del milenio", concluyó Viale.

Las próximas exposiciones se retomarán el lunes, desde las 14. Y se pueden seguir a través del canal oficial de la Legislatura porteña en YouTube.