La jornada fue pacífica y ordenada, lo que permitió escuchar las voces de los compradores de los terrenos que legalmente no existen, descendientes de los dueños y el agrimensor que hizo los planos de mesura, quienes avalaron el convenio urbanístico, y de investigadores de la Unicén y Conicet, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras y varios integrantes de la agrupación 1 de Octubre, que se manifestaron en contra.

En una posición más moderada, tanto el Centro de Martilleros como la Cámara Empresaria de Tandil apoyaron el proyecto, aunque marcaron la necesidad de garantizar el tratamiento de efluentes cloacales y limitar el tipo de construcción como así también el uso del suelo.

La cita, que arrancó a las 10 en punto, se extendió por unas tres horas. Resultó más breve de lo estimado debido a que nueve inscriptos desistieron de hacer uso de la palabra, algunos porque estaban ausentes y otros al observar el tenor de los discursos.

En cuanto a las posturas, los compradores de algunos lotes apelaron al aspecto humano y a sus intenciones de invertir, mientras que un representante de la familia Segurola y el agrimensor Juan Manuel Schang deslizaron la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Municipio si no se convalida el acuerdo ya firmado por el intendente Miguel Lunghi y los dueños de la tierra.

En tanto, investigadores de la Unicén esgrimieron fuertes argumentos en contra, al considerar la contaminación que podría provocar la urbanización cerca de la cuenca hídrica que surca ese sector de las sierras y desemboca en el Dique.

En tanto, integrantes de la agrupación 1 de Octubre atacaron la decisión política de renunciar a la expropiación de esas tierras, aprobada por la Legislatura bonaerense. Además, reflotaron las fuertes denuncias por tráfico de influencias y por las excepciones “discrecionales”.

Además, desde la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras consideraron que el caso no se debería tratar en el Concejo Deliberante porque es competencia de la Justicia investigar cómo se vendieron terrenos que no tenían planos y se construyeron casas sin autorización.

Formal y efectiva

El encuentro se concretó en la planta alta de la Casa del Deporte. En el frente se ubicaron la secretaria de la audiencia pública Romina Mapelli, el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik y los presidentes de los bloques de la UCR Marcos Nicolini, Frente Renovador Beatriz Fernández, Frente para la Victoria Pablo Bossio y PRO Claudio Ersinger.

Desde las primeras filas acompañaron el jefe de Gabinete (ex secretario de Obras Públicas) Mario Civalleri y la directora de Desarrollo Urbano Marina Santos y los concejales Pablo Díaz Cisneros, Araceli De Vanna, Carolina Gutiérrez, Nora Polich, Matías Melli, José Luis Labaroní, Gabriel Bayerque, María Eugenia Poumé, Corina Alexander, Darío Méndez y Facundo Llano.

Entre el público se mezclaron los trabajadores y secretarios del Concejo Deliberante con dirigentes de agrupaciones ambientalistas, investigadores de la Universidad, descendientes de Segurola y compradores, profesionales y dirigentes de agrupaciones políticas.

En el inicio, la directora Marina Santos leyó un documento con las gestiones y la legislación con la que fue avanzando por las distintas dependencias. Mientras tanto, se proyectaban imágenes de los planos que presentó el agrimensor Schang hasta alcanzar un acuerdo sobre la subdivisión y la firma del convenio urbanístico con la donación de seis hectáreas de sierras para preservarlas como parque público.

En las conclusiones, enfatizó la relevancia del convenio urbanístico para la comunidad, porque permitirá concretar un corredor ecológico sobre el cauce del arroyo de La Cascada, de acuerdo a un proyecto del Colegio de Arquitectos.

Por otra parte, aclaró que la familia Segurola no pidió una excepción, sino que aguarda la asignación de indicadores en una Zona Especial de Interés Urbanístico resguardada por el Plan de Desarrollo Territorial.

Por último, reiteró que los propietarios querían lotear y desde el Municipio “preservamos la sierra para resguardar el patrimonio natural” con la intención de desarrollar el proyecto de corredor ecológico que preserva el piedemonte. También recordó que la audiencia pública es de carácter consultivo y no vinculante.

El retroceso a la expropiación

Griselda Altamirano abrió el camino con la primera intervención de varias que encarnaron integrantes de la agrupación 1 de Octubre. Cuestionó que “nos intentan vender que los Segurola nos donan” las seis hectáreas de sierras y rechazó la falta de presupuesto para afrontar la expropiación, ya que el Centro de Martilleros había valuado ese predio en 210 mil pesos.

Sostuvo que los compradores fueron víctimas de “un acuerdo político económico” y que “desde hace una década tenían la palabra empeñada del Intendente”.

Por otra parte, dijo que la intención de la audiencia era generar contradicciones entre los adquirentes de terrenos y los preservacionistas de las sierras y reparó en las razones que llevaron al Municipio a defender las tierras del Parque Cinque cuando desestimó la expropiación en Don Bosco.

En el tramo final, concluyó que mientras las dependencias municipales “aceitaban” los trámites, se vendían los lotes y se construían casas con la seguridad de que el Intendente iba a convalidar la subdivisión.

Al promediar la audiencia, Jorge Lezica centró la discusión en el retroceso con la Ley de Expropiación que fue democrática y que la habían refrendado representantes de toda la provincia. Denunció que “es bárbaro el negocio” porque “la tierra era del pueblo” y manifestó que “no ganamos seis hectáreas, perdimos dieciséis”.

“Les pido que no les den los votos y alguna vez voten a favor del pueblo”, vociferó en el final.

En el mismo sentido, Fernando Fernández citó una opinión del área de Legales del Municipio, firmada por Fernando Archuby y Juan Pablo Frolik, que recomendaban que era “poco inteligente” desistir de la expropiación, pedían que se reviera la medida y que al menos se quedaran con el sector  de las sierras.

Los expositores Estefanía Luca, Cristian Muñoz, Micaela Quintana, Milagros Ramos y Emanuel Stoesel reiteraron parte de esos argumentos, aunque agregaron la necesidad de que los convenios urbanísticos sirvan para generar más suelo.

Cuenca hídrica y contaminación

Rosario Barranquero, del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales de la Unicén e investigadora del Conicet, rechazó el parcelamiento al detectar “un punto crítico” en la provisión de agua y el tratamiento de efluentes cloacales.

En este sentido, marcó que en el PDT se exige dar respuestas ante estos dos servicios al momento de aprobar un loteo en las sierras, pero en este caso se deja la obra de agua a cargo de los compradores. La investigadora cuestionó que en el convenio urbanístico no hay artículo alguno que resuelva esta inquietud.

Por otro lado, describió que se trata de una zona “especialmente frágil por sus características hidrológicas”, donde la factibilidad del agua y las cloacas no está garantizada; es compleja la explotación de pozos particulares; la calidad del suelo podría facilitar que los efluentes lleguen al acuífero más rápido; y existe contaminación de los recursos superficiales.

Por último, como representante del Cinea, expresó el desacuerdo con el convenio urbanístico y advirtió a los compradores el riesgo de habitar esos lotes, al tiempo que comparó su situación con lo que vive La Elena.

Su compañero Juan Lavornia destacó que en la década del ‘90 se pensó en preservar este lugar estratégico, lindero al Polideportivo Municipal, al Parque Cinque, con un corredor de agua que tributa al Lago del Fuerte.

También señaló que hubo un trabajo del Municipio para expropiar que avaló la Legislatura. Sumado a esto, se logró la sanción del PDT y ese macizo fue declarado como Zona Especial de Interés Urbanístico.

“Nunca fue posible y legal lotear, siempre se supo que no era recomendable aumentar la población”, dijo y rechazó la densidad de 90 habitantes por hectárea, lo que implicaría más contaminación. Además, cuestionó que nunca se solicitó un estudio de impacto ambiental frente al proyecto de subdivisión.

En nombre de la Asamblea Ciudadana, Nora González afirmó que el debate no debe darse en esta audiencia ni en el Concejo Deliberante, porque “es ilegal y corresponde a la Justicia. Llamó a investigar la responsabilidad de los profesionales y el Municipio por la venta de terrenos “a la vista de todo el mundo” sobre Don Bosco. Por eso, reiteró que resulta “inadecuado” un convenio urbanístico para resolver el problema, porque hay “responsables de esta estafa”.

El respaldo al convenio urbanístico

Con 85 años, Andrés Fidel contó que destinó los ahorros de una vida de trabajo a comprar dos lotes en Don Bosco. Actuó de buena fe, con honestidad y reclamó que se defina “el futuro de los que hemos invertido”. Angustiado, lanzó que “no somos ocupas” y pidió que si alguien “sacó ventaja” con esta situación, “que sea juzgado”.

En el mismo sentido, Carlos Bonasel explicó que en 2008 adquirió una parcela, alentado por su hija cirujana que se radicó en esta ciudad. Agregó que realizó la operación a través de Turi Zangari, una “inmobiliaria jerarquizada”, y avanzó con el trámite en la oficina de Marcelo Cifuentes, quien le aseguró en 2010 que la escritura estaba en trámite.

“Comprendo la parte política, pero uno no puede ser ingeniero ni abogado cuando va a comprar un lote”, dijo. “Quiero venir a vivir a Tandil. Pido que tengan en cuenta la parte humana, que se unan y saquen esto adelante”, clamó.

Los agrimensores

En nombre de los agrimensores, Esteban Kain defendió el convenio urbanístico y explicó que el proyecto de subdivisión quedó en medio del cambio de normativa por la sanción del PDT (en 2005). Explicó que en otros casos se tenían en cuenta las presentaciones que habían sido precedentes a la entrada en vigencia de un cambio normativo y que lo justo hubiese sido otorgarle los indicadores anteriores a la expropiación.

Por último, aclaró que este caso no fue un pedido de excepción sino la solicitud de otorgar indicadores y coincidió con el proyecto.

A su testimonio, se sumó el de Juan Manuel Schang, quien firmó el plano y encabezó las gestiones ante el Municipio. En principio, se dijo “azorado por las cuestiones que se apartan de su verdadero eje” y habló de una “responsabilidad compartida” entre los distintos actores.

Argumentó que con el proyecto “no se afectan derechos de la comunidad”, pero por el contrario hubo “un cercenamiento del dominio por parte del Estado a los propietarios” en los diez años en los que no se avanzó con la expropiación.

Fundamentó que el Municipio no destinó una partida en el presupuesto para expropiar las tierras y no tomó posesión de ese predio. “Catorce años se prohibió hacer pleno uso del dominio a los legítimos propietarios”, resaltó, y respaldó el convenio urbanístico como la “solución salomónica” ya que legalmente le deberían otorgar los indicadores anteriores a la expropiación.

Sostuvo que “el convenio es totalmente legal y conveniente”, y advirtió que la otra opción sería recurrir a la Justicia en contra de la Municipalidad.

El dueño

En representación de Victoria y Elena Segurola, Matías Tagarro expresó que su familia es propietaria de esas tierras desde hace más de 60 años y aseguró que más de uno de los herederos aún no es dueño de su vivienda.

Relató las obras que realizaron con esfuerzo, como apertura de calles, y afirmó que “no existe ningún convenio secreto de nuestra familia con el Municipio”.

Defendió el convenio urbanístico como una “solución equilibrada y justa” e informó que la porción que representa “no vendió lotes a la espera de un acuerdo que evite las acciones legales”.

Las entidades

En último lugar, Pablo Vallarino y Salvador Zangari leyeron comunicados similares de las comisiones directivas de la Cámara Empresaria y el Centro de Martilleros. En ambos casos defendieron la asignación de indicadores y destacaron el beneficio de ganar un espacio público.

En el caso de la Cámara, reclamaron que se exija el tratamiento de efluentes cloacales y retiros en la construcción para mitigar el impacto visual, como así también cercos vivos.  A esto, el Centro de Martilleros agregó que se limite la altura de los edificios y se apruebe sólo el uso como vivienda unifamiliar.