Los aumentos de Osse en debate en una audiencia judicial

Mar del Plata, y Osse en particular, parecía estar exenta de la litigiosidad que suele acompañar a todo importante aumento en el costo de los servicios públicos. Eso ya parece cosa del pasado. Es que en los próximos días la empresa estatal sanitaria deberá presentarse en una audiencia judicial para defender la legalidad de los incrementos tarifarios que viene implementando en 2024, ante una demanda impulsada por una entidad civil que busca frenarlos.

La audiencia se celebrará este miércoles 26 a las 10.30 bajo modalidad virtual y luego que semanas atrás fuera convocada por el juez Simón Isacch, en una de las primeras medidas tomadas tras la denuncia presentada a fines de 2023 por el abogado Gabriel Martínez Medrano, en representación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). En la citación se aclaró que la audiencia se llevará a cabo incluso cuando alguna de las partes no participe, donde está convocada tanto la representación legal de Osse, como de la Municipalidad de General Pueyrredon.

A través de una demanda colectiva con la que busca frenar los aumentos de tarifas, Adduc asegura que es ilegítimo el aumento inicial del 142,7% que se aprobó en diciembre para las facturas de enero, debido a que no se convocó a audiencia pública. A posteriori, el Concejo Deliberante autorizó aumentos bimestrales a través de una fórmula atada a la inflación, por lo que también se encuentran cuestionados los siguientes incrementos que sucedieron al inicial, y que en 2024 ya acumulan 265%, ante una inflación que en mayo llegaba al 71,9%.

La entidad sostiene que al no contemplar al instituto de la Audiencia Pública, la ordenanza que regula a Osse contradice normativa superior como el Art.42 de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la doctrina de la Suprema Corte. En esa línea, expone que la actividad se encuentra regulada por el Decreto provincial 878/2003, convalidado por Ley 13.154 y modificado por Ley 14.745, al cual adhiere la Municipalidad vía Ordenanza 18.872. Asimismo, en el Art.51 de la normativa bonaerense se determina que “la Ley Nacional de Defensa del Consumidor será de aplicación directa a las relaciones entre las entidades prestadoras y los usuarios”. De allí, se desprendería la obligación de realizar audiencias públicas, como en el caso de otros aumentos como en el gas, la luz o incluso de los peajes bonaerenses.

En tanto, en mayo se conocieron las contestaciones de Osse y la Municipalidad, donde desechan de plano la hipótesis de Adduc. Los letrados de la firma sanitaria expusieron que “la actora incurre en un error de apreciación”, dado que la Municipalidad en 2008 adhirió por ordenanza al Marco Regulatorio Provincial para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Buenos Aires,.establecido en 2003 por el gobernador Felipe Solá mediante el Decreto 878/03 y a la Ley 13.154 que ratifica dicho decreto. Allí no se establecía la obligatoriedad de realizar una audiencia pública ante aumentos tarifarios, lo que recién se incorporó en 2015 con la Ley 14.745. Además, la función no corresponde a Osse, sino al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba), que depende del gobierno bonaerense.

Por su lado, la Comuna justificó los aumentos desde el punto de vista económico, donde advirtió que la firma se encuentra ante “una grave situación económica”, que justifica la urgencia de los incrementos. “En consecuencia, ninguna irregularidad, y menos aún ilegalidad se ha producido,la recomposición de la tasa se ha determinado a través de los instrumentos legales que definen el funcionamiento de Obras Sanitarias Mar del Plata”, concluyó.

El caso del municipal sumariado por presunta licencia médica trucha

Los presuntos casos de licencias truchas de empleados municipales volvieron a ser puestos en agenda por el intendente Montenegro, en el marco de la disputa con el sindicato de Trabajadores Municipales (STM). El propio jefe comunal dio datos sobre que la situación no tan significativa como se la presentó en enero: de los 33 posibles casos que advirtió en enero, solo uno derivó en un sumario, dos renunciaron a su puesto estatal y otros 15 retomaron su trabajo. El aspecto celebrado por el gobierno es que con esta iniciativa se redujo en un 50% el pedido de licencias médicas.

La situación se inició a comienzos de año a través de informes del Departamento Medicina del Trabajo respecto de los agentes que tenían licencias médicas por largo tratamiento, los cuales fueron contrastados con base de datos de AFIP. De allí surgió que 33 de ellos tenían empleo en el sector privado, por lo que se intentó dilucidar si también contaban con licencia médica en esos trabajos o no, caso último en el cual podrían estar cobrando un sueldo público indebidamente.

Si bien es totalmente compatible que un empleado estatal tengo un segundo trabajo en el sector privado, la irregularidad se generaría si éste desarrolla el segundo en el mismo horario que en el público, cubierto por un falsa licencia médica.

Según logró reconstruir 0223, en el caso del agente sumariado -que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Social-, el 25 de enero recibió un cédula para que brinde explicaciones. En su descargo del 2 de febrero, reconoció tener empleo temporario en una empresa, pero dijo que era compatible en cuanto a los horarios y que allí también tenía licencia médica.

Acto seguido, el 21 de febrero la Municipalidad lo intimó nuevamente, ahora para que presente constancia de horario laboral en su empleo privado y de la licencia médica, indicando fecha de inicio y finalización.

Pero un factor jugó totalmente en contra del empleado municipal: es que se desempeña para una firma contratista de Transporte 9 de Julio, la empresa contratada por la Municipalidad para brindar el servicio de recolección de residuos, para quien en definitiva trabaja el agente cuestionado. La propia 9 de Julio acercó un informe a través del cual la Comuna consignó que “el agente se encontraba prestando servicios de manera temporaria sin estar haciendo uso de licencia sin goce alguna”. Por ello, la Dirección Sumarios aconsejó iniciar sumario administrativo para sancionarlo, decisión que fue convalida por la secretaría de Desarrollo Social, Vilma Baragiola.

 

La Rambla: del relegado acto administrativo a “Tiburón 7”

“Esto ya es Tiburón 7”, lanzó Montenegro polemizando con Kicillof en reclamo por la demora en la concreción de las refacciones en la Rambla y ante un aparente nuevo anuncio del avance de la obra que fue licitada en noviembre, pero quedó desierta porque la única oferta fue declarada inválida.

“Escuché que el gobernador anunció nuevamente la Rambla, esa película repetida”, dijo el jefe comunal. ¿De dónde salieron las versiones? Montenegro retomó versiones periodísticas que indican que el Ministerio de Infraestructura a cargo de Gabriel Katopodis se hará cargo de su ejecución, en lo que sería un cambio de área, ya que hasta ahora la obra estaba bajo la órbita del Ministerio de Hábitat.

El tema comenzó a instalarse tras una falsa expectativa que se generó la semana pasada a partir de la Resolución 517/23 del Ministerio de Economía. De lo que en realidad se trató es de la publicación de una resolución del 9 de junio de 2023 que por algún error administrativo no había sido publicada en el Boletín Oficial en su momento y donde se realiza la asignación de la partida de mil millones para la primera etapa de las refacciones en la Rambla, siempre bajo el área de Hábitat.

“Desde el Ministerio no se dio ninguna instrucción, es una resolución vieja”, aclararon a 0223 desde la dependencia a cargo de Silvina Batakis, descartando que haya un reimpulso de la obra.