A un mes de finalizar el plazo de 90 días que otorgó la Corte Suprema de Justicia para acordar la restitución del río Atuel, en la provincia de Mendoza han redescubierto una propuesta de obras a realizar en el cauce del río que elaboró la gestión nacional anterior, la que presentó como una solución al longevo conflicto por el río interprovincial.

Es un intento de esa provincia por centrar la discusión en obras antes que poner el foco en acciones como el manejo conjunto del río, como reclama La Pampa. La propuesta que ahora Mendoza presenta como «la» solución al conflicto, ya fue rechazada por La Pampa hace dos años.

El diario mendocino Los Andes se hizo eco ayer de unas declaraciones del ministro de Infraestructura de esa provincia, Mario Isgró, sobre una propuesta de Nación para co-financiar obras en el cauce del río Atuel que acercaría una solución al conflicto entre las dos provincias.

El proyecto no es nuevo sino que data de la época en que Pablo Bereciartúa se desempeñaba al frente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en la gestión de Mauricio Macri. Reflotó ante la cercanía de la fecha del 10 de diciembre, el plazo máximo que otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las tres partes -las provincias de Mendoza y La Pampa, y el gobierno nacional- acuerden cuáles son las obras y las acciones a desarrollar para garantizar un ingreso de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial.

La intencionalidad de presentar a esta propuesta como la única alternativa para solucionar la vieja pelea por el Atuel es tendenciosa. La Pampa la rechazó cuando fue presentada, hace más de dos años, porque es insuficiente, porque no garantiza resultados ni continuidad en el tiempo y porque no contempla otras soluciones al problema.

Un no rotundo

La propuesta nacional partía de la base de garantizar a La Pampa un caudal de 2,2 m3/s y preveía obras principalmente en territorio mendocino, que deberían ser pagadas en parte por La Pampa.

En aquella oportunidad, La Pampa le dio un rotundo no a la propuesta de Bereciartúa. En primer lugar, porque el caudal que preveía no es suficiente para reconstituir el ecosistema; en segundo, porque las obras se harían en territorio mendocino y ello representa un riesgo que el ahorro de agua que podría producir, se lo quede esa provincia, como ya ha hecho con otras obras; y en tercer lugar, porque se limita a obras y no avanza sobre acciones, como reclama La Pampa.

Según dijo Isgró, y reprodujo Los Andes, nuestra provincia debería aportar unos 300 millones de pesos para concretar estas obras.

Mientras Mendoza pone el acento en obras, nuestra provincia pretende acciones que avancen hacia un manejo conjunto de la cuenca y del recurso. La propuesta es jerarquizar la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior a un Comité Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA) y a través de este organismo consensuar el uso del río, lo que implica compartir el manejo de las represas sobre el río y definir en conjunto la gestión del recurso.

Esta propuesta pone los pelos de punta a los funcionarios y políticos mendocinos, como así también a los representantes de los organismos técnicos y autoridades de cauces, que militan en contra de esta posibilidad.

Lo cierto es que la fecha del 10 de diciembre se acerca y no hay perspectivas de que las partes se puedan poner de acuerdo en los puntos principales, los que son medulares a la discusión.

«Es una operación de Mendoza»

«No hay absolutamente ningún pacto secreto, porque en el ámbito que nos determinó la Corte Suprema no hemos podido llegar a ningún acuerdo», sostuvo ayer una alta fuente de Casa de Gobierno ante la consulta de LA ARENA por la veracidad de la publicación mendocina sobre esas supuestas negociaciones.

«Mendoza vive haciendo operaciones -disparó-. Sigue con lo de siempre: propone perforaciones, dice que ahora no pueden, que no tienen agua, que esto y que lo otro… Se va a terminar el plazo y nosotros elevaremos a la Corte nuestra propuesta, lo que nosotros pusimos en la discusión», adelantó.

El boicoteo de Mendoza a la búsqueda de acuerdos es tal que «no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el objeto del CIRA, del futuro comité de cuenca, o sea que no hay absolutamente nada», reiteró el funcionario consultado.

Prometer una inversión de 700 millones de pesos en el cauce es «absolutamente nada» sino que se trata de otro intento para esquivar una solución, consideró el especialista consultado. «Mendoza no quiere entregar agua, entonces va a utilizar lo de siempre».

Destacó que los técnicos y profesionales pampeanos ya han aportado información y estrategias sólidas de «cómo a partir de un uso eficiente del agua (en territorio mendocino) pueden empezar erogar los 3,2 metros cúbicos por segundo» que ordenó la Corte en el fallo del mes de julio.

«Nosotros no vamos a negociar nada en secreto. Tenemos un ámbito de discusión y en eso nos hemos mantenido firmes en nuestras necesidades y nuestras convicciones», remató.