En abril, el fiscal de Estado, Fernando Simón, estrenó su puesto convocando a todos los partidos políticos e instituciones para trabajar en la respuesta a la demanda que realizó la provincia de La Pampa contra Mendoza por las aguas del río Atuel. Teniendo en cuenta la complejidad de esa contestación se había pedido una prórroga de dos meses y el próximo lunes vencerá el plazo de la presentación. Tal como lo realizó en ese momento, ahora Simón convocará al gobernador Francisco Pérez y al mandatario electo, Alfredo Cornejo, para que firmen un acuerdo en torno a la contestación.

En caso de que oficialismo y oposición acepten firmar en conjunto la defensa de la provincia, el encuentro podría significar un acercamiento, ya que la transición se quebró en el momento en que Pérez cambió de opinión y decidió no enviar el Presupuesto a la Legislatura.

Si bien desde los dos lados afirmaron que buscarían retomar el diálogo, hasta el momento no se realizaron más reuniones entre los enviados de Cornejo y los funcionarios del Ejecutivo. De esta manera, la contestación de la demanda podría servir como excusa para acercar a las partes nuevamente y que se retome en camino de la transición. Hasta el momento, desde la UCR aseguran que el Gobierno no ha brindado información nueva y siguen a la espera de que "recapaciten".

La Fiscalía de Estado aún no define si la respuesta a la demanda se presentará el próximo viernes-antes de la PASO- o el lunes de la semana próxima. Esa definición se conocerá en estos días ya que el fiscal de Estado está reunido con sus colaboradores para tener definiciones. Lo que si está firme es que el martes 11 de agosto el fiscal de Estado brindará una conferencia de prensa para explicar el trabajo que se realizó durante estos meses en defensa de la provincia. Una vez presentada la respuesta local ante la demanda pampeana, habrá que esperar la resolución de la Corte Suprema de la Nación.

En su momento Simón aclaró que se necesitaba tiempo ya que la demanda tenía 400 fojas y otras 3.000 de anexos técnicos y por eso es que se solicitó una prórroga de dos meses. Para realizar este trabajo se contó con la colaboración y los aportes de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entre otros sectores.

Le pelea por las aguas del Atuel es de larga data. En 1987 la provincia obtuvo un fallo que declaró al río interprovincial y se autorizó a Mendoza a irrigar con las aguas del río hasta 75.761 hectáreas. Además las provincias debían acordar los usos futuros del río. Años más tarde, en el 2008 el gobernador pampeano Oscar Jorge y el ex mandatario mendocino Celso Jaque firmaron el último convenio entre ambas provincias, que fue aprobado por los legisladores de La Pampa pero rechazado por la Legislatura local.

En la actualidad Mendoza tiene dos demandas de la provincia vecina. Por un lado una denuncia por daño ambiental que fue interpuesta por un particular. La presentación sostiene “que el desarrollo mendocino y la falta de acuerdos sobre caudales para La Pampa han provocado un daño en el ambiente de esa provincia”. Esa demanda fue contestada a finales de junio del año pasado.

En tanto, la segunda denuncia es la que está en proceso de contestación. Esa demandafue realizada por la gestión del gobernador Jorge que busca una indemnización por los daños agrícolas y ambientales por no contar con las aguas del río Atuel. La Pampa solicitó que se declare el incumplimiento de Mendoza al fallo de la Corte de 1987 que obligaba a negociar y celebrar "convenios de buena fe" para regular el uso del agua del río en disputa. Además la provincia que dirige Jorge solicitó que se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y la restitución del río, se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata de agua para La Pampa y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego mendocino, de acuerdo a la información que brindó Télam en agosto del año pasado.