La noche del martes los principales intendentes del peronismo bonaerense celebraron una reunión y emitieron una declaración que debe ser observada con detenimiento. Allí hay detalles sobre la dinámica que domina el conflicto interno del Frente de Todos. Allí hay novedades. Son los primeros atisbos de una tregua entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nada indica que el vínculo entre ellos se vuelva, de pronto, rozagante. Pero en ambos lados de la contienda ha comenzado a prevalecer la prudencia. Nadie calcula, al menos por ahora, que la ruptura sea una forma de aumentar su propio monto de poder.

Lo primero que hay que mirar es la identidad de quienes se encontraron en la municipalidad de La Matanza. Son los principales dirigentes del territorio crucial del kirchnerismo. La historia de esa agrupación es, en gran medida, la historia de cómo Néstor, Cristina y Máximo Kirchner han ido colonizando, con marchas y repliegues, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Es su tesoro. Su colina más preciada. Los intendentes de esa región hicieron anteanoche un llamado explícito a la conciliación: “Unidos tenemos la fuerza para superar todos los obstáculos”.

El protocolo del encuentro es significativo. Hubo representantes de todos los sectores. Para empezar, estaban el anfitrión, Fernando Espinosa, de La Matanza, y el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Marina Lesci, que lo reemplazó al frente de ese municipio. La Matanza y Lomas son, desde comienzos del siglo pasado, dos polos en conflicto permanente del mapa de poder de la provincia. También estuvieron Mayra Mendoza, de Quilmes, y Juan Ustarroz, de Mercedes. Los dos militan en La Cámpora.

No podían faltar “la Tota y la Porota”, es decir, los legendarios Alberto Descalzo, de Ituzaingó, y Julio Pereyra, que hoy es diputado nacional pero sigue liderando Florencio Varela. Igual que Juan José Mussi, de Berazategui. Este trío de históricos no quedó del todo satisfecho con la cumbre. A ellos les hubiera gustado que, además de reclamar una convocatoria del Presidente, se hubiera pedido también una reunión con la señora de Kirchner, como corresponsable del clima de discordia. El texto lo elaboró Insaurralde, socio de todas las horas de Máximo Kirchner.

La intención general, de todos modos, fue mantener el equilibrio. Podría haber sido una reunión de gobierno, con Axel Kicillof a la cabeza. O una reunión del partido, dirigida por su presidente, el diputado Kirchner. Pero se evitó ese formato. No debía ser un conciliábulo kirchnerista ni antikirchnerista.

El texto que se dio a conocer, sin embargo, fue acordado con anterioridad con Máximo Kirchner. También la vicepresidenta estaba al tanto de lo que se diría. A ellos les interesa el centro del mensaje: que Alberto Fernández convoque a la dirigencia oficialista con la excusa de luchar contra la inflación. Esta idea excede a los intendentes del conurbano. Los senadores que responden a Cristina Kirchner, igual que los diputados de La Cámpora, esperan que el Presidente relance su administración abriendo la discusión antes de tomar medidas desde un gabinete encapsulado. El sentido de esta demanda es obvio: que ofrezca una coartada, para recomponer el frente interno, sin vencedores ni vencidos. Al menos por un tiempo.

Ayer algunos seguidores de la vicepresidenta intentaban encontrarle una genealogía al pedido del martes a la noche. Recordaban aquel 14 de mayo de 2019, cuando la entonces senadora concurrió de improviso a la sede del PJ, en la calle Matheu, y formuló esta declaración: “La alianza de gobierno que deberá administrar el país a partir de diciembre tendrá que ser más amplia que los acuerdos electorales que se realizarán en los próximos días para ganar la elección”.

El reclamo por una ampliación de la mesa de discusión es una consecuencia del entredicho por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Kirchner y quienes la rodean reprochan a Fernández no haber provisto más información y ampliado la discusión interna de los términos en que se estaba negociando. Alegan, con razón, que el ministro de Economía suele ser hermético. Y que sembró expectativas sobre una flexibilización del Fondo que, al final, no se cumplieron. Los Kirchner piden más participación para su grupo y también para el de Massa, que fue un gestor imprescindible del entendimiento por la deuda. La demanda no es programática. Es política.

Los intendentes son los primeros que necesitan evitar una ruptura. Tienen un incentivo visceral: si la pelea en la cúspide termina materializándose en dos o más listas electorales, ellos comienzan a ver amenazado su poder municipal. En el texto hubo otra petición: hablar de seguridad. Es decir: reconquistar las policías locales y, si fuera posible, sacarse de encima al intransigente Sergio Berni.

Unas horas antes del encuentro de La Matanza, Alberto Fernández presidió una asamblea de funcionarios y gobernadores para tratar el problema del cambio climático. Una agenda que, más allá de su interés específico, el Gobierno utiliza como puente con las administraciones occidentales. Allí estuvo Kicillof, quien se había ausentado de la reunión federal anterior: la convocada para impulsar el acuerdo con el Fondo en el Congreso. Kicillof, que convenció al diputado Daniel Gollán de no votar a favor de ese entendimiento, esta vez dialogó un rato largo con Fernández. En la Casa Rosada hay quienes sospechan que llevó una rama de olivo de la vicepresidenta.

A lo largo del día de hoy existirán otros indicios de que, a pesar de la mutua antipatía, se insinúa una distención. La Cámpora convocó a sus militantes a concentrarse a partir de las 9 de la mañana enfrente de la ex-ESMA, en Libertador y Besares. Es el punto de partida de la marcha hacia la Plaza de Mayo para participar de la conmemoración de otro aniversario del golpe de 1976. Las consignas de esa movilización han sido pensadas con cuidado. No habrá referencias al FMI. Solo se repetirán letanías peronistas, como la reivindicación de “una patria justa, libre y soberana”.

En la Casa Rosada se respira suspicacia. Celebran que no se superpongan la dictadura con el acuerdo con el Fondo. Pero allí llama la atención que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, haya habilitado que las organizaciones trotskistas hagan su acto a las 14:30, la hora en que los organismos de derechos humanos leen su clásico pronunciamiento en repudio a la dictadura y reclamo por los desaparecidos. “Justo en el momento en que leen el documento toda la izquierda nos va a estar insultando por el arreglo con el FMI”, se quejan. ¿Pietragalla es funcionario de Fernández o reporta a otro Presidente?

Desde la jefatura del Senado y desde La Cámpora se pretende, al menos por ahora, dar vuelta la página a la votación parlamentaria. Eso sí: aspiran a que Fernández ordene a Martín Guzmán a abrir la agenda de discusiones con el Fondo. Sobre todo con un objetivo: flexibilizar algunos compromisos, aprovechando que la contabilidad del acuerdo ha quedado desactualizada por los precios de la energía, que determina el monto de los subsidios.

Para explicar esta posición Cristina Kirchner encomendó a una de sus senadoras más cercanas, la bonaerense Juliana Di Tullio, que emprendiera un raid a través de los medios para explicar la posición de su sector. La disciplinada Di Tullio, que habló en nombre de “mi jefa política”, saturó el éter de aclaraciones. Dijo que “nuestra propuesta nunca fue no pagar, porque Cristina es una pagadora serial. A lo sumo, negociaríamos una mora”. Agregó un reproche a Guzmán: “Teníamos la ventanilla de discusión en el Ministro de Economía, que nos planteó durante dos años ir para un lado, con el que acodábamos, y terminamos yendo para otro”. Y difundió la definición principal: “No estoy en contra del Gobierno. Tengo interpretaciones distintas de lo que puede llegar a suceder. Pero no quiero tener razón. Quiero estar absolutamente equivocada”. ¿Moderación o pueblo? Moderación.

La señora de Kirchner sigue estando en un dilema. Si el gobierno de Fernández fracasa, habrá fracasado un experimento que ella inauguró con un tuit. El repudio legislativo al programa pactado con el Fondo puede ponerla a salvo, a ella y a su hijo, de las decisiones más antipáticas de la administración. Pero no ganó esa pulseada. El PJ realmente existente, el de los gobernadores, intendentes, sindicalistas y movimientos sociales, decidió apoyar al Presidente, igual que el día en que renunciaron los funcionarios de La Cámpora. Es una evidencia principal. Si alguien fantasea con desplazar a Fernández de la Casa Rosada, deberá convencer a la principal dirigencia del PJ. Si ese club hubiera querido debilitarlo, se hubiera sumado a la posición de la vicepresidenta. Pero no lo hizo. Cristina Kirchner tiene un caudal de votos importante en un sector estratégico para la vida del peronismo. Pero se acaba de correr el velo sobre un dato: los jefes territoriales de ese partido no la acompañan de manera incondicional a una aventura sin destino. Ella puede pensar en el 2027. Ellos piensan en como seguirán gobernando hasta 2023.

Hay otra razón oculta a favor de la armonía. Se pueden dejar de lado la Anses, el PAMI u otras reparticiones conocidas como “cajas”. Pero, ¿qué sucedería si Alberto Fernández pidiera la renuncia a Carlos Zannini; al viceministro de Justicia Martín Mena; y al delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ustarroz? Los tres son resortes de Cristina Krichner ante los tribunales. Es lamentable, pero en la Argentina no se entiende la política si no se presta atención al campo de batalla judicial.

Estas restricciones aconsejan un acuerdo. Aunque más no sea, táctico. Provisorio. Igual quedará un flanco por cubrir: una franja del kirchnerismo ortodoxo, la que se congrega en Soberanxs, no se sumará a la pacificación. Una de sus líderes s, Alicia Castro, ayer explicó a la periodista Cynthia García que para ese grupo “el reconocimiento de una deuda que alimentó una gran fuga de capitales significa la estatización de esos pasivos que enriquecieron a privados”. Milenaristas que no bajan las banderas.

Alberto Fernández tampoco tiene un camino despejado sin el apoyo de los Kirchner. En principio, porque debe transitar un camino muy accidentado. Su desafío es inmenso: recuperar un poder adquisitivo del salario que se ve devorado por la inflación. Ya hay signos del costo político de esa batalla. Fernández acaba de perder un aliado nada menos que en la UOM: Antonio Caló fue reemplazado por Abel Furlán. La caída de Caló es una baja para el esquema sindical que sostiene al Presidente. Allí están Héctor Daer, Armando Cavalieri, “el Centauro” Andrés Rodríguez y el majdalanista “Cloro” Lingeri, muy debilitado desde que su nombre aparece en los registros de la Casa de Gobierno las tardes en que Mauricio Macri se reunía con agentes de la AFI para hablar de la suerte de otros sindicalistas. Furlán es Furlán: un caudillo del sector siderúrgico de la UOM. Aunque en La Cámpora exageren esa proximidad, es verdad que tiene un vínculo excelente con Máximo Kirchner. El kirchnerismo duro celebra su ascenso. Hay algo de ingratitud en esa fiesta. Caló fue clave en la pelea de Cristina Kirchner contra Hugo Moyano. El camionero está muy debilitado por razones de salud, pero sigue dando batalla para que ruede otra cabeza: la del inmortal Cavalieri al frente de Comercio. Estos cambios en la escena sindical afectan a Fernández. Lo priva de aliados esenciales en un momento en que se lanza a la pelea contra la inflación. También el Presidente necesita de un paréntesis de concordia con Cristina Kirchner. Por eso ayer, en Paraná, pidió un aplauso para ella.

La perspectiva de transitar hasta 2023 sin el apoyo de la vicepresidenta es impensable para la mayor parte del Gobierno. Sin los Kirchner, Fernández queda a merced de Juntos por el Cambio. Para conseguir el acompañamiento de ese conglomerado opositor necesitaría un milagro: conseguir el visto bueno de Macri. Es imposible. No solo porque Macri cree que su recuperación depende del fracaso del Gobierno. A él, y no a Cristina Kirchner, se refirió Gerardo Morales cuando alertó sobre que “se lo quieren llevar puesto al Presidente”. Macri se siente también enredado en una riesgosa trama judicial. La semana pasada declaró delante de Mariano Martinez de Giorgi el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, organizador de aquella reunión con funcionarios, empresarios y agentes de la AFI para organizar la embestida judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina. Macri le había pedido a Villegas que declarara que había solicitado la ayuda de la AFI por su propia iniciativa. Es decir, le solicitó que no repitiera lo que venía diciendo a sus amigos. Es decir, que Macri le había indicado: “Todo lo referente a sindicalistas lo hablás con Gustavo (Arribas)”. Villegas llegó hasta donde pudo: dijo que en una reunión con Macri y otros funcionarios, entre los que estaba Arribas, el expresidente le dijo “contá con ellos para lo que sea”. En Comodoro Py afirman que con esa frase a Martínez de Giorgi le alcanza para avanzar, por lo menos, sobre Arribas. Es lamentable, pero en la Argentina no se entiende la política si no se presta atención al campo de batalla judicial.