Por Sebastián Premici

Siete declaraciones testimoniales dan cuenta cómo la obra social que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, Osprera, obligó a los peones rurales a renunciar al sindicato al que estaban afiliados como condición para ser atendidos por dicha entidad, de la que paradójicamente también eran parte. La causa está caratulada como coacción y tramita en la UFI 6 de La Plata. La imputación formal a Venegas se realizó a fines de septiembre del año pasado. Página/12 accedió al expediente y las declaraciones testimoniales de los denunciantes que explican el modus operandi de Venegas, principal aliado sindical de Mauricio Macri. “Yo necesitaba un bono para un turno en el Sanatorio Argentino, por lo cual fui a la obra social, Osprera, para sacar el bono, (pero) éstos se negaron a dármelo hasta que no renuncie al sindicato Satha. En ese momento me dicen que me afilie a Uatre y así me iban a poder dar el bono”, sostuvo en sede judicial Angel, de 32 años.

Para el Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (Satha), la señal de alerta llegó cuando empezaron a recibir telegramas de renuncia al gremio, de manera masiva y consecutiva. Su titular, Gustavo Arreseygor, comenzó a indagar y llegó a Juan Bautista Di Carlo, el trabajador rural excluido de Osprera que inició la denuncia penal que motivó la investigación de la fiscalía y la DDI 1 de la Plata. Según consta en el expediente, Di Carlo y un escribano del Satha concurrieron a la filial de Osprera para que quedara constancia del proceder de la obra social. “El señor Di Carlo debe desafiliarse de Satha y afiliarse a la Uatre para que lo atiendan correctamente”, fue la respuesta que obtuvieron.

Más sorpresa aun se llevaron los investigadores cuando del relato de los trabajadores surgió que el propio personal de Osprera les escribió a los peones un modelo de carta de renuncia y les completó la ficha de afiliación a la Uatre. “Recuerdo que a principios de este año (2015) fui a mi obra social, Osprera, ahí me dijeron que Satha no me cubría muchas cosas y que yo tenía que renunciar, en ese momento me dio un papel en donde ella escribió que yo renunciaba a mi asociación sindical a partir de ese día, la cual firmé, luego lo llevé al correo, lo despaché y nunca más supe nada”, narró en su testimonial un horticultor de 53 años.

Para que los trabajadores concretaran la desafiliación, Osprera les entregaba un formulario del Correo Argentino con un texto escrito a máquina en donde se solicitaba la baja de la asociación gremial. Incluso, el formulario contenía el nombre del destinatario (Satha) también escrito a máquina. Luego, el trabajador, a mano, escribía sus datos personales y firmaba dicho formulario. Así consta en las primeras fojas del expediente Causa Gerónimo Venegas - Osprera, Investigación Preparatoria 06-00-027017-15.

Varios fueron los intentos de la fiscalía y la DDI para que Venegas concurra a declarar en la causa pero todos resultaron infructuosos. “Mi cliente ha tomado conocimiento de la presente causa a través de publicaciones periodísticas, como la de Página/12. Venegas se pondrá a disposición de la justicia inmediatamente, ya que por estos días estaría de viaje por el interior del país, desarrollando su actividad gremial y política”, manifestaron a través de un escrito firmado en noviembre del año pasado por Mariano Santander y Adriano Castelo, apoderados de Osprera. En septiembre, quien se presentó en el expediente fue Cecilio Salazar, en su calidad de vicepresidente de Osprera, en ejercicio de la presidencia. Actualmente, Salazar, histórico dirigente de Uatre, es intendente de San Pedro, una de las zonas de la provincia de Buenos Aires con altos índices de explotación laboral en los campos.

La persecución de Venegas a los trabajadores afiliados al Satha comenzó en enero del año pasado, cuando el gremio inició los trámites para la extensión de su convenio colectivo de trabajo hacia toda la provincia de Buenos Aires. La por entonces secretaria de Trabajo, Noemí Rial, firmó el pedido del sindicato en junio de 2015. De esa manera, el Satha comenzó a recibir los aportes patronales solidarios que antes recibía la Uatre. Frente a la pérdida de territorialidad en la provincia de Buenos Aires, la respuesta aparente de Venegas fue negarle la atención a los trabajadores que no estuvieran afiliados a su gremio.

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