Tras la imputación judicial al intendente de Córdoba por el supuesto desvío de subsidios al transporte, el radicalismo salió a respaldar políticamente a Ramón Mestre.

Lo hizo negando de plano la existencia de delitos contra la administración pública y atribuyendo el accionar judicial a una maniobra orquestada por el peronismo. En tanto, vinculó al fiscal federal Gustavo Vidal Lascano con el gobernador José Manuel de la Sota, y también cuestionó la vinculación del ­secretario de la Fiscalía, Daniel Maldonado, con Luis Juez.

En un comunicado firmado por el presidente del Comité Provincia, Jorge Font, la UCR acusó a Vidal Lascano de tener “un vínculo funcional e ideológico con su antiguo jefe, De la Sota” y al secretario del fiscal, Daniel Maldonado, de haber ­sido funcionario de Juez en la Municipalidad de Córdoba. El concejal Daniel Juez es el denunciante en la causa por los subsidios.

“La UCR es un partido identificado con la decencia pública y rechaza cualquier distracción en la persecución de actos ilí­citos e inmorales en la acción de gobierno”, sostiene el radi­calismo.

El radicalismo acusa directamente “a intereses confabu­lados para desalojar los pocos arrestos de diversidad democrática”, formado por el peronismo “sus operadores económicos, los medios cooptados y el Poder Judicial”, dice el texto, que tiene numerosos párrafos provocadores y polémicos, pero no incluye ninguna autocrítica respecto a la gestión municipal.

“No existen mayores escándalos de corrupción que aquellos protagonizado por las distintas vertientes del justicialismo. (Carlos) Menem, (Amado) Boudou, sin olvidar el propio De la Sota ¿O acaso alguien puede olvidar a la ahora consternada exesposa del gobernador Olga Riutort; entonces comandando la descarga de un contenedor repleto de bonos?”, acusó.

Además, el Comité Provincia recalca que “no existe ninguna prueba seria de que un solo peso de los subsidios pueda haber ido a parar al bolsillo de los funcionarios imputados, sino porque la misma calificación legal intentada por el Fiscal aparece poco sólida, al no verificarse menoscabo en los patrimonios públicos tanto municipal como nacional, ante la ausencia de este presupuesto no llega a consumarse el supuesto delito”.

En la interpretación radical, la supuesta maniobra contra Mestre se debe a que “el intendente puede disputarle espacios de poder al justicialismo” en la Provincia. “El peronismo articula con sus operadores económicos, los medios cooptados, en el Poder Judicial, con las movidas mas agresivas que fuere menester para asegurar su hegemonía y predominio en los diversos niveles del Estado”, dice el extenso comunicado.

El miércoles se especulaba con que el bloque radical de legisladores saldría a respaldar a Mestre, pero eso no ocurrió. Sólo hubo un comunicado del legislador mestrista Orlando Arduh. Finalmente, ya pasada la medianoche de ayer, el Comité Provincia emitió el comunicado, que ayer no generó mayores respuestas de otros sectores del radicalismo ni de la oposición.

“Este Gobierno y sus funcionarios tienen un compromiso con los vecinos de la ciudad. ­Es una administración sana y transparente, hay que saberlo y los buenos cordobeses deben defender la autoridad democrática local que no comparte y resiste el plan hegemónico de alianza y rupturas dentro del ‘pan-peronismo’”, dice el texto.

Al preguntarse quién pierde con el supuesto ataque contra Mestre, la UCR responde que pierde el intendente y sus funcionarios, el electorado “no-peronista” que añora una alternativa y los vecinos de Córdoba, que sufren las dificultades que se imponen a la gestión.

Al preguntarse quién gana, la UCR es taxativa: “El gobernador y las variantes peronistas que pretenden perpetuarse en el poder”.

El PJ respondió

Carlos Caserio (Presidente del PJ Córdoba). “El PJ rechaza por maliciosas e injuriantes las declaraciones de las autoridades de la UCR por la imputación de delitos al intendente Ramón Mestre por la Justicia Federal”.

“Reafirmamos nuestra convicción de dialogo y convivencia política con los gobiernos municipales de cualquier signo partidario”.

“Exigimos que se respete la independencia de los poderes judiciales, y solicitamos se abstengan de producir declaraciones paranoicas que buscan condicionar la investigación en marcha, aguardando con convicción ciudadana el resultado de las mismas”.

Dos causas

Justicia federal. La Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, imputó al intendente Ramón Mestre; al secretario de Transporte, Cesar Ferreyra; a su antecesor en el cargo, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y al dueño de Ersa, Juan Carlos Romero, por defraudación a la administración pública. La acción penal es por el supuesto desvío de subsidios que correspondían a Tamse y fueron cobrados por la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe. La denuncia fue realizada por el concejal Daniel Juez. 

Justicia provincial. La Fiscalía Anticorrupción de Hugo Amayusco investiga si existieron dádivas de la empresa Ersa al intendente Ramón Mestre, el ­viceintendente Marcelo Cossar y el exfuncionario Juan Pablo Ostanelli. La denuncia fue realizada por el senador Luis Juez. No hay imputados.