El bloque de concejales del PJ mostró ayer su rechazo a la decisión del Gobierno Provincial de incrementar las tarifas del servicio sanitario en un 41% en tres semestres.
Y anticiparon a LA OPINION que presentarán el tema en la reunión de comisión el próximo lunes, para que el Concejo envíe una nota mostrando su disconformidad. Pero el tema no llegará al recinto, sino que cada uno de los bloques demostrará su postura. Daniel Ricotti, Presidente del Cuerpo Legislativo, señaló que "en su momento fuimos a Santa Fe con Jorge Maina (Jefe de Gabinete) dejamos sentado nuestro rechazo total al aumento que proponía.
Las audiencias públicas hacen a un mecanismo democrático que creo que la Provincia lo utiliza mal, porque el Ministerio de Aguas no toma nada de lo que se dice ahí ni los dictámenes del ENRESS no son vinculantes. Entonces, vemos que es un lugar en donde uno puede expresar su disconformidad, pero todos los que fueron sabían que esta manifestación no podía llegar a hacer cambiar algo que es injusto".
"En los últimos años, la tarifa aumentó el doble o el triple de la inflación que hay y mucho más que las subas salariales. Y, al mismo tiempo, baja la inversión de la Provincia en la empresa, pese a que dice que hay un subsidio. Si sos un socio mayoritario de una empresa, tenés que hacer inversiones, las cuales las reclamamos cuando estaba privatizada, cuando era estatal y el gobierno estaba en manos de otro partido y también ahora, para que se brinde un servicio de calidad", dijo Ricotti y agregó "en 2011, las inversiones eran de $ 300 millones y bajaron en 200 millones de pesos en dos años.
Lo que se quiere es compensar con la tarifa es el retiro de la inversión que deben hacer para tener un servicio de calidad. Esto no es justo que se traslade al bolsillo de los vecinos y de allí nuestro malestar y nuestra oposición". Por otro lado, Ricotti manifestó que "en muy pocos lugares del mundo, el servicio es autofinanciado, sino que el Estado siempre aporta. Más aún, si Binner, Bonfatti y otros actuales funcionarios firmaron en Firmat, antes de ser Gobierno, que el servicio de agua potable era un servicio público, esencial y vital y que debía garantizar el Estado Provincial.
Ahora, esto se contrapone con lo que dicen ahora. Entonces, antes de pensaban una forma y ahora de otra" y reiteró el mal servicio que se brinda en la ciudad: "no hay presión, y el acueducto a Rafaela todavía no está construido. Es más, todavía están analizando el proyecto. Hemos perdido 8, 9 años. Nosotros pedimos que no haya nada de aumento hasta que no haya obras de infraestructura en Rafaela". Por su parte, Marcelo Lombardo se mostró a favor del proyecto presentado en la Legislatura para que las resoluciones del ENRESS sean vinculantes: "sería necesario para fortalecer estas audiencias públicas y no desvirtuarlas como hace riesgosamente este Gobierno".
"Hay una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo que me parece más grave son las maniobras que se hacen para confundir y justificar lo que no se hace. Lo hicieron permanentemente con respecto al Acueducto. Ahora, lo de este aumento, también. Lo dividen en dos etapas, pero te imponen un 11% en 2015, con lo que se llega a un 42% o más, si es acumulativo, que, en definitiva, era lo que se estaba pidiendo. Imponen lo que querían, habiendo escuchado las audiencias públicas y lo disfraza a la hora de comunicarlo", sentenció Lombardo.
"Primero, para justificar que no quieren hacer el acueducto, hacen referencia al nivel de pérdidas que tiene el sistema. Pero cuando se le reclama que el arreglo también es responsabilidad de ellos, aparecen con un informe y dicen que no hay pérdidas. Y volvemos a lo que dijo Sebastián Bonnet, que somos derrochones de agua", concluyó.
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