El pasado jueves se cerró el período de inscripción para acceder a la Defensoría del Pueblo. El actual ombudsmanHugo Cabral buscará su reelección y deberá competir con, entre otros, el subsecretario de la Unidad Ejecutora Provincial, Fernando Juri Debo, y el concejal capitalinoDavid Mizrahi (FpV). La cantidad de inscriptos este año es un 64% mayor a la registrada en 2011, cuando se postularon 50 interesados. 

A diferencia de lo que ocurrió hace cinco años, ninguno de los 82 postulantes que se anotaron en la Legislatura cuenta con el aval público del oficialismo provincial. Para ser elegido al frente del ente de contralor, el candidato deberá ser votado en el recinto por las dos terceras partes de los legisladores. Esa es precisamente la proporción con la que cuenta el bloque oficialista “Tucumán Crece”.

La gran sorpresa de la nómina, incluso para el oficialismo, fue Mizrahi, ex secretario privado del ex gobernador José Alperovich y ex titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). El edil capitalino se inscribió a último momento.

Más allá de los rumores, no existe un postulante que cuente con un apoyo explícito de la Casa de Gobierno, algo que sí ocurrió en 2011, antes de que Cabral fuera elegido como ombudsman. En esa oportunidad, Alperovich expresó públicamente su aval al entonces concejal capitalino. “Es una persona de bien, lo apoyo totalmente”, había manifestado el entonces gobernador a la prensa.

Durante las últimas semanas, opositores solicitaron a Manzur que eligiera a un ciudadano independiente o vinculado a la oposición. “La designación del nuevo ombudsman le da la oportunidad para nombrar a un ciudadano independiente o a un representante de la oposición”, indicó antes de que se abriera la inscripción el titular del Plan Belgrano, José Cano.

“Esperamos que esta vez no designen a familiares, ni a ex legisladores, y pongan a alguien que nos dé tranquilidad. El problema no es el nombre, sino que sea independiente”, afirmó el legislador radical José Canelada, quien junto a sus compañeros de bancada Eudoro Aráoz y Adela Estofán de Terraf presentaron al mandatario provincial una nota con ese pedido.

Dentro de la extensa lista de interesados en dirigir la Defensoría del Pueblo se destacan algunos nombres que están o estuvieron vinculados con la función pública. Es el caso de Jorge García Mena, quien fue defensor del Pueblo entre 2004 y 2010, año en el que se postuló para la reelección pero no llegó a la terna.

También se inscribieron el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip; el titular de la delegación tucumana del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Gustavo Díaz Fernández; la ex intendenta interina de San Miguel de Tucumán Marta de Ezcurra; y Luis Iriarte, constitucionalista, ex legislador provincial y convencional constituyente en la reforma de la Carta Magna Nacional de 1994. 

Entre los postulantes también están el presidente del Frente de Organizaciones de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), José García; y Anahí Díaz, quien en abril del año pasado cortó durante varias horas el tránsito frente a la Casa de Gobierno para protestar luego de haber sido asaltada en dos oportunidades en barrio Sur.

La Defensoría del Pueblo de Tucumán fue creada en 1995 por medio de la Ley N° 6644, durante la Gobernación deRamón Ortega. Obtuvo rango constitucional once años después, en la reforma sancionada el 6 de junio de 2006. El artículo 82 de la Carta Magna provincial establece como atribuciones del órgano de contralor la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos frente al accionar de las administraciones provincial y municipales, o de prestadores de servicios públicos. El primer defensor del Pueblo de Tucumán fue Sergio Díaz Ricci, hoy vocal del Tribunal de Cuentas, quien estuvo al frente del ente de control entre 1995 y 1999. Juan Eduardo Rojas fue ombudsman entre 2000 y 2003. Jorge García Mena se desempeñó como el primer defensor del Pueblo del alperovichismo. En 2010, lo reemplazó Daniel Posse