La primera en abrir el juego (y el fuego) sobre el ingreso de personal en forma irregular a la provincia, fue la titular del Consejo Provincial de Educación, Prof Silvia Sánchez, quien públicamente denunció que a raíz de una investigación interna se detectó el ingreso de 300 personas al sector de Educación que habrían pagado entre 35 y 36 mil pesos para poder ingresar a trabajar el CPE y por lo cual habría hecho la presentaciones en la justicia.

Posteriormente y como consecuencia del escándalo que se armó alrededor de un hecho que se sospechaba pero nunca había sido apuntado oficialmente desde el Consejo, la misma Presidente salió a explicar que hay en curso un sumario administrativo interno, por lo que eufemísticamente señaló como “un desvíos con otros ingresos, que son de otra índole administrativa y de procedimiento, es decir, por fuera del procedimientos administrativos que valida los ingreso al consejo”.

En buen romance lo que trató de explicar Sánchez, es que esa gente que ingresa es puesto allí desde otra área de gobierno y que ingresa por cuestiones políticas. Paralelamente, los Vocales, junto a la prof Silvia Sanchez, realizaron una reunión donde elaboraron un informe en el cual se solicita a la titular de Educación la ratificación y denuncia judicial de los hechos relatados, cuestión que fue explicada por Sánchez como una investigación interna que partió de una denuncia, pero donde no se puede convalidar el origen de los fondos ni la acción efectiva del pago.

En este sentido el Vocal por las Escuelas Públicas Pedro Muñoz, dijo que pidieron ampliación a la presidenta, de lo denunciado inicialmente, porque genera muchas dudas e incertidumbres que ingresen 300 personas de manera irregular y el CPE no tenga control sobre los procesos administrativos y el presupuesto.

Muñoz opinó que no basta con que el CPE sea denunciante de esta irregularidad, solamente, sino que debe aclarar y reconocer que se cobran horas cátedras que no se realizan y de esa manera una cantidad importante de fondos se pierden en el camino, mientras los colegios sufren malas condiciones edilicias, por ejemplo.

El Vocal, por su parte, no dejó de mencionar que Educación se ha transformado en un coto de caza de los punteros políticos, con apoyo de funcionarios del orden provincial. También aclaró Muñoz, que no esta comprobado que los 300 ingresantes denunciados hayan pagado entre 25 y 30 mil pesos para trabajar en el Estado provincial, pero dijo que tampoco hay certeza de cuántos de ellos no lo hicieron. En este sentido, resaltó que hace falta una investigación clara, profunda y sincera, para determinar cuántos son y que se encuentre a los promotores de este ilícito, quienes están fuertemente vinculado a sectores políticos. (Agencia OPI Santa Cruz)