Juan Bernaus

“Vamos a pasar a un cuarto intermedio y ya publicaremos la nueva fecha”, sentenció Sergio Fittipaldi cerrando la asamblea ante cerca de 4.500 trabajadores. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), evitó un desenlace que pudo ser trágico. Desde la oposición aseguran que les usurparon la victoria: el conteo a su favor era abrumador.

Una hora antes de las palabras de Fittipaldi se habían tomado, ante la presencia de cinco veedores del ministerio de Trabajo de la Nación, una serie de decisiones muy poco recomendables, quizás producto de su posición debilitada en la asamblea gremial.

Asamblea del Soelsac: no hubo votación y decretan cuarto intermedio al no poder contar los votos

La sucesión de errores comenzó con la falta de tacto, o información, para estimar que “Más Soelsac”, la oposición, le iba a copar el acto. A las 15, luego de cinco horas del horario marcado por el estatuto, comenzó en el Club Quilmes de Villa Allende el proceso electoral para renovar autoridades. El playón estaba abarrotado de trabajadores. Muchos, probablemente la mayoría, contrarios al oficialismo.

La conformación de la Junta Electoral es el primer escalón en la renovación de autoridades. En esta etapa se define casi el 50% de la elección. Quien controla la junta tiene en su poder los padrones electorales y la capacidad de impugnar algún candidato o lista completa. Habitualmente se define entre un puñado de personas, encerradas en una oficina. Son mecanismos democráticos que deben atravesar las conducciones gremiales. Termina siendo una votación a mano alzada entre pocos. 

Fittipaldi no estaba en una oficina: los hechos de violencia, enfrentamientos y muerte lo obligaron a “jugar de visitante”. Las comillas tienen que ver porque el club en la localidad vecina de Córdoba Capital es casi su segundo hogar. 

El segundo error fue mantenerse en su posición de votar a mano alzada cada punto del orden del día. Algo que dejaba expuesto a cada trabajador, en medio de media docena de cámaras que registraban todo y luego de una semana donde circularon audios intimidatorios con amenazas a los empleados que votaran en contra.

Después, llegó el momento de elegir a los “firmantes del acta” de la asamblea. En cada batalla se gana una guerra y Franco Saillén, arduo conocedor de los entramados gremiales, desde su comando a distancia mandó a dividir el voto. Cada posición planteó su terna de empleados pero no se pudo divisar bien si había un sector mayoritario al otro. O Fittipaldi no lo quiso ver. 

Consultando o desoyendo cualquier sugerencia, especulando con la presencia de un operativo policial con unos 350 efectivos, Fittipaldi pidió a los trabajadores presentes dividirse en “bandos”, y así, a simple vista, poder apreciar mejor la elección. Grueso error, temerario. Saber quién está en el lado propio o es un rival, puede derivar en acciones impensadas. 

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Con una distancia de pocos menos de dos metros, quedaron separados oposición y oficialismo. Cualquier gesto mal interpretado, cualquier cántico malintencionado podría haber desatado una batalla. Es algo vedado, prohibido en las asambleas multitudinarias. Nunca se puede ubicar enfrentados a los trabajadores. Aún se espera el informe de los cinco veedores del ministerio de Trabajo de la Nación para saber si fue motivo de discusión esa acción en la asamblea. Pero la colocación de una urna y votos, con el control de los presentes, hubiera sido una buena manera de saber con cuántos votos contaba cada sector.

La pelea por la caja

Para comprender la gravedad del enfrentamiento hay que retrotraerse al sábado 9 de septiembre, cuando en un acto del Soelsac asesinaron a la trabajadora Gabriela Mónica Pérez. Ese fue el origen trágico de un conflicto que aún no terminó y que en definitiva es la pelea por una caja de $ 1.500 millones que generan anualmente los casi 22 mil afiliados de limpieza, muchos de ellos trabajando en oficinas y dependencias públicas con empresas que se repiten en las licitaciones. Pocos pueden mostrar un recibo de sueldo superior a $ 140 mil, muy por debajo de la indigencia. 

La pelea que simula ser democrática y altruista, transparenta la triste ecuación de sindicalistas millonarios, trabajadores pobres y fuertes vínculos políticos. Hoy, Fittipaldi podría ingresar a la legislatura provincial. Ocupó el puesto 31 en la lista de legisladores por Distrito Único en la boleta de Martín Llaryora. Algunos integrantes de la mesa chica del gobernador electo plantearon sus “serias objeciones de sumar a estos personajes a la lista”. Hoy se entiende un poco más esa afirmación.

Las conducciones de los gremios caen en conductas anti-gremiales y anti-obrera. Las cúpulas acuden a métodos mafiosos para imponerse en las votaciones y así asegurarse la continuidad de administrar los recursos de todos a discreción.  

Una asamblea masiva

El primer dato de este jueves fue el nivel elevado de participación de los trabajadores. Si fueron por interés genuino de ser parte de los mecanismos internos gremiales es algo para destacar. En caso que la movilización se haya producido por aprietes o imposiciones, es preocupante.  

Muchos mostraron inconvenientes para poder demostrar que eran afiliados, principalmente los que de alguna manera responden a la oposición. Llevaron sus recibos de sueldo, el último con el que contaban, ya que al ser principio de septiembre, pocos podían llevar de este mes. Allí marcaban que tenían el descuento gremial del 1,4% en sus haberes, por lo tanto, reclamaban su poder de opinión. Los gremios son de los afiliados, los dirigentes son la conducción temporal de los destinos del sindicato, aunque muchas veces todo se confunde.

Estaban citados a las 10, pero la asamblea comenzó a las 15. En el medio, muchos insolados y algunos desmayos que requirieron atención médica y trabajadores de años que pasaron largas horas sin comer o hidratarse. Un caos.

Los Saillén en medio de la disputa

Por primera vez hay una fuerte oposición en el gremio. Es un candidato poco conocido pero su jefe de campaña y patrocinante es Franco Saillén. Fittipaldi lo conoce mucho: es el hijo de su examigo, otrora compañero kirchnerista en la CGT Rodríguez Peña y actual vecino en Río Ceballos: Mauricio. No es un dato menor, ya que es uno de los conductores de otro gremio vinculado a la actividad: el Surrbac, que controla a los trabajadores a cargo de la recolección de residuos de Córdoba Capital y con fuerte vinculaciones políticas.

Laura Sema en una dirigente que conoce de cerca a los directivos del Surrbac. Lleva años denunciando las irregularidades cometidas en torno al servicio de recolección de basura de la ciudad de Córdoba y, en particular, las conductas ilegales que se desarrollarían alrededor del gremio. Esta semana recibió una noticia que le cambió el semblante. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes decidió elevar a juicio la causa contra Mauricio Saillén y su socio y amigo Pascual Catrambone por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y usura. 

La decisión del magistrado fue dividir las acusaciones contra los líderes del sindicato. Separar los hechos, postergar la investigación por lavado de activos en otra causa, y con el acuerdo del fiscal Maximiliano Hairabedian (que reemplaza a Senestrari) elevarlo al tribunal federal integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier. Se estima que en las próximas semanas se inicie un juicio histórico para Córdoba: el juzgamiento de líderes sindicales.  

En el banquillo estarán Saillén, Catrambone y los hijos de ambos, entre ellos Franco, como así también sus exparejas, contadores y una parte de la estructura que sigue conduciendo el Surrbac.

Quizás, quedarse con el control del Soelsac, puede ser considerado un salvavidas para los Saillén, reflexionan políticos allegados a la causa.