El intendente Carlos Arroyo elevó el viernes al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que solicita que se declare por 180 días, con la opción de poder extenderse, la emergencia económica, educativa, financiera, social, administrativa y seguridad pública de la Municipalidad.

La iniciativa explica en su primer artículo que de aprobar el cuerpo legislativo la emergencia se podrán replantear los principales contratos de prestación de servicios y actos administrativos. Sobre este punto se hizo en énfasis que en realizar “tareas de reordenamiento” y “fijar nuevos plazos, quitas y eliminación de costos financieros” que se detecten en la administración.

Según el matutino La Capital, desde el Ejecutivo aseguran en el proyecto que el objetivo de esta ordenanza es “superar la crisis económica, administrativa y financiera del municipio” y buscar una administración “ordenada y eficaz” que impulse desarrollo de la ciudad pero con “austeridad económica”. Para ello, el Ejecutivo busca modificar distintos de algunos fondos, por ejemplo, tomar dinero de un área para derivarlo a otro que lo necesite más.

Además, el proyecto plantea que no se podrán otorgar nuevas exenciones de tasas y hasta autoriza a revisar las otorgadas por la gestión anterior, como así también se limitarán los gastos de publicidad, propaganda y las partidas de protocolo del Ejecutivo y del Concejo.

Se suspenderán los usos de celulares y autos pagados por la comuna aunque, por decreto, el intendente tendrá la facultad de otorgar algún gasto.