Sin embargo, después de 702 días al frente de la intendencia de Mar del Plata, este viernes Carlos Arroyo tomó la delantera: aplicó un cross de derecha directo a la mandíbula de la cúpula del STM, que a lo largo de todo este tiempo había condicionado la gestión municipal con sus medidas de fuerza (en la mayoría de los casos, con justa razón).

El secretario de Hacienda Hernán Mourelle, artífice de la maniobra, no es Arroyo. Ni por asomo. El flamante funcionario enviado por el ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza responde directamente al gobierno provincial que le dio el visto bueno para avanzar con esta embestida. De hecho, llegó de La Plata minutos antes de la conferencia que dieron el viernes en el despacho principal de la comuna en la que explicaron que Antonio Gilardi y otra veintena de dirigentes del STM no habían cobrado los sueldos de octubre porque no habían ido a trabajar. Ni ese mes, ni todos los meses anteriores que llevan al frente del gremio de los municipales.

Arroyo no puede adjudicarse el logro. De lo contrario, lo hubiera conseguido con alguno de los antecesores de Mourelle (José Reinaldo Cano o Gustavo Schroeder). Además, la gobernadora Vidal y sus principales colaboradores siempre le reprochan al intendente que sus primeras medidas de gestión fueron cerrar una paritaria grandiosa para los municipales y pasar a planta permanente a más de 450 empleados, cuando en la mayoría de los municipios se decidía recortar contratos.

Sin embargo, es el intendente y por más diluido que esté su poder es imposible correrlo de una decisión estrictamente municipal. Así como la idea de tener playas públicas y generar descuentos en hoteles, restaurantes, pasajes y teatros está claramente identificada a la gobernadora, la pelea con el STM corresponde enmarcarla dentro de un municipio que tiene a Arroyo como figura visible. “Mar del Plata es una prueba, si sale bien servirá de ejemplo para otros distritos”, repiten operadores bonaerenses, que no eligieron esta ciudad al azar: Vidal ya está harta de tener que enviar asistencia financiera para pagar los sueldos.

Esa prueba, hasta ahora, salió bien. La decisión de no pagarles los sueldos y enfatizar que se tomó porque no iban a trabajar no tiene reproches. Algunos conocedores del mundo gremial entienden lógico que haya dirigentes que se aboquen exclusivamente a esa tarea y pierdan de vista su trabajo de base. Pasa en la mayoría de los gremios y se resuelve con acuerdos y negociaciones. Sin embargo, los que lo entienden como algo lógico –que se sorprenden con el número- son una minoría: a la gran mayoría de la sociedad, incluso a la gran mayoría de los municipales, les parece correcta la decisión. Tal es así, que al STM le costó reaccionar. Primero hubo una asamblea cerrada entre todos los perjudicados.

Este lunes, cuatro días después de enterarse que no cobraron los sueldos aparecieron pintadas en las que se pretende instalar que esta medida es el paso inicial para debilitar al gremio y así avanzar contra derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Es posible? Claro: tanto en Provincia como en Nación se proponen achicar el gasto público y una buena parte de ese gasto público se va en el sueldo de los empleados. Si eso ocurre, ¿la sociedad rechazará la medida o respaldará la decisión política? Es difícil leer el termómetro de la sociedad basado en conjeturas.

Lo concreto es que si se avanza esta posibilidad, en el actual contexto de Mar del Plata, se agravará aún más el problema de desempleo que padece la ciudad, siempre al tope del ránking, y al mismo tiemporecrudecerá la crisis social.

Mientras realizan las pintadas, algunos de los damnificados en las últimas horas se presentaron en sus puestos de trabajo para cumplir tareas, lo cual fue festejado en el despacho del intendente como un triunfo contundente.

Históricamente gran parte del presupuesto municipal se va en salarios municipales. Y otra buena parte en la recolección de residuos. Esa es la nueva batalla que está librando el municipio por estas horas.

La empresa recolectora de residuos 9 de Julio ya fue notificada de una millonaria sanción por parte del municipio, por incumplimiento contractual. “En uno de los últimos partidos de Argentina no se hizo la recolección porque la empresa autorizó a los empleados a ver el partido”, deslizó una fuente del Ejecutivo.

No es la primera vez que el municipio le aplica una multa a la empresa 9 de Julio, pero siempre fue por sumar irrisorias y era más conveniente pagarlas que cumplir con el servicio. “Es lo que establece el pliego, no podemos hacer otra cosa”, se excusaban los funcionarios responsables.

Parece que esta vez pudieron, porque la sanción económica es cuantiosa (algunos hablan de casi la mitad de lo que el municipio le paga por mes) y por eso las autoridades de la empresa ya solicitaron una audiencia para plantear sus quejas.

No será una pelea sencilla. Un paro de municipales siempre afecta porque hay servicios que se dejan de prestar, importantes, pero siempre se sostienen las guardias y se logra reducir el impacto.

Un paro de recolectores, en cambio, deja a la ciudad repleta de basura en pocas horas. La empresa tiene, además, un vínculo estrecho con el líder de los camioneros Hugo Moyano, quien fue en más de una oportunidad intermedió para finalizar algún conflicto. De hecho, días atrás cuando el personal municipal dentro del predio de disposición final de residuos no quería operar por falta de agentes de seguridad, fue el propio Moyano quien habló directamente con Ritondo para destrabar el conflicto.