En total 37 empresarios y antiguos cargos del gobernante PP (centroderecha) están acusados en esta trama por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo o prevaricación, entre otros.
El juicio de la trama Gürtel, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en España por su vinculación al gobernante Partido Popular, comenzó ayer en la Audiencia Nacional con la presencia del exsenador y extesorero de la formación, Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados.
En total 37 empresarios y antiguos cargos del gobernante PP (centroderecha) están acusados en esta trama por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo o prevaricación, entre otros. Además de los acusados, el juicio ha acaparado un gran atención mediática por los responsables civiles–personas físicas o jurídicas– que deberán responder económicamente por beneficiarse de alguna manera en la trama, entre ellos el propio Partido Popular, por la acusación de varios de sus cargos, y la exministra de Sanidad española Ana Mato, como mujer de uno de los acusados.
Las principales peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción española son para el líder de la trama, el empresario Francisco Correa (125 años) y Bárcenas (42 años), ambos han estado tres años y 19 meses en prisión preventiva por los delitos que se investigan.
Este primer macrojuicio de la ‘Gürtel’ (‘correa’ en alemán) analiza la adjudicación de contratos públicos de forma irregular a empresas de la trama en cuatro municipios gobernados por el PP, en la región de Madrid y en Castilla y León (centro). La trama, de gran complejidad, está dividida en varias piezas judiciales y el de hoy es el juicio que corresponde a su actividad entre los años 1999 y 2005.
Las primeras detenciones de este caso se sucedieron en 2009 dentro de una operación coordinada por el juez español Baltasar Garzón. Este caso le costó un año después su carrera judicial al célebre magistrado tras ser inhabilitado por autorizar escuchas en prisión entre los acusados y sus abogados.
La primera sesión de este mediático juicio, al que están acreditados 200 periodistas de medio centenar de medios, ha estado marcada por la petición de 18 de los 37 acusados del juicio de la nulidad del juicio por la ilegalidad de estas escuchas. El único que no ha presentado petición alguna al tribunal ha sido precisamente el principal afectado por esas escuchas y grabaciones, el cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Este desmarque del resto de los acusados ha sido interpretado como una escenificación del nuevo talante de colaboración con la Justicia española del empresario, que acaba de contratar a un nuevo abogado y ha pagado los 2,2 millones de euros (2,4 millones de dólares) de fianza civil.
Tras las recusaciones de los acusados, dos de las acusaciones han reiterado su petición de comparecencia del presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, como testigo por la existencia de una supuesta contabilidad paralela del partido a la que se destinaban las comisiones de la trama. El tribunal ha rechazado esta petición.
Las investigaciones de la fiscalía apuntan a que Bárcenas llego a acumular en cuentas en Suiza un total de 48,2 millones de euros, procedentes supuestamente de comisiones procedentes de adjudicación de contratos públicos a empresas integradas en la trama.
Los 37 acusados suman una petición de pena total de 732 años de cárcel por parte de la Fiscalía, entre los que se encuentran exaltos cargos políticos del PP como un exdiputado, exalcaldes y cargos de administraciones regionales. Entre los acusados también figuran empresarios de constructoras, empresas de eventos o el empresario Jacobo Gordón, exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente de gobierno español José María Aznar.
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