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FERNANDO CIBEIRA

Según se encargó de anunciar Sergio Massa en su presentación como ministro, el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo comenzará el próximo lunes 15 de agosto. Será en Tucumán -los pagos del jefe de Gabinete, Juan Manzur- donde convocarán a los 70 mil beneficiarios del plan para responder al cuestionario que le realizarán los estudiantes universitarios capacitados para la labor. Calculan que encuestar al total de 1.300.000 beneficiarios demandará no menos de cuatro meses y que recién ahí se tendrá un mapa real de la situación. Massa fue terminante: advirtió que quien no cumpliera con las contraprestaciones exigidas se le suspenderá el beneficio y que además cruzarían las respuestas con la base de datos de la Anses. En las organizaciones sociales no lo recibieron muy bien. "Si a los que sobrefacturaron importaciones les dijo que les darían 60 días para ponerse en orden, quiero pensar que a los más pobres que son víctimas de la crisis los van a tratar mejor", advertía un dirigente social enrolado en el oficialismo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue quien puso el tema en agenda mes y medio atrás cuando en un plenario de la CTA sostuvo que la cantidad de planes era demasiado alta para los bajos índices de desocupación que existían y planteó que el Estado debía recuperar su control, criticando la "tercerización" en manos de las organizaciones sociales. "Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo", fue una frase que impactó. Massa retomó la cuestión en su paquete de primeras medidas. “El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no la cumpla recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente", avisó. 

El arranque del relevamiento que viene preparando el ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta será en Tucumán. Firmaron un convenio macro con el ministerio de Educación que luego se irá concretando en cada provincia con otros convenios con universidades locales, que son quienes aportarán los encargados de realizar los cuestionarios. La modalidad no será ir casa por casa sino que los beneficiarios son citados a una sede para completar un "formulario de certificación de actividades" que contendrá unas 30 preguntas. En el cuestionario primero se apunta a trazar los datos sociodemográficos del hogar, en donde se le consulta al beneficiario qué otros planes y asistencias recibe él u otros miembros de su familia.

Luego aparecen toda una cantidad de preguntas sobre la contraprestación por ese plan. Por ejemplo, si conoce a qué unidad de gestión u organización pertenece, en qué sector realiza su actividad principal, qué herramientas o maquinaria utiliza, dónde se encuentra el lugar de trabajo y qué días asiste. Hay también preguntas referidas a las capacitaciones realizadas y en cuáles áreas se siente que podría desarrollar mejores aptitudes, qué trabajo le gustaría realizar y cómo resolvería su situación familiar si debiera dejar el hogar durante el día. En total, en Desarrollo Social calculan que responder al cuestionario demanda unos 15 minutos.  

En Desarrollo Social dicen desconocer qué resultados puede dar el muestreo que Massa planteó como primer paso para un "reordenamiento" de los planes sociales que deberá realizarse en los próximos 12 meses. La sospecha es que un buen porcentaje de los beneficiarios no realizan contraprestación, algo que desde las organizaciones plantean como una manera de denigrar a los más humildes. Si se toman en cuenta los datos que viene arrojando el censo del registro de la economía popular (Renatep), mucho más amplio ya que incluye a todos los trabajadores informales, la actividad más frecuente se encuentra entre quienes se desempeñan en comedores comunitarios, luego vienen las trabajadoras del servicio doméstico, servicios de limpieza no domésticos, agricultores y vendedores ambulantes. Por otro lado, hay más trabajadoras informales mujeres (57,8%) que varones (42,2%), algo a lo que hizo alusión Cristina Kirchner en aquel mensaje crítico.

El objetivo de cambiar planes por trabajo genuino es común a todo el oficialismo, no hay nadie que opine lo contrario. Lo que varían son los caminos para conseguirlo. Massa planteó en la misma conferencia como una novedad su propuesta -que presentó en el Congreso a fines de 2021- para que aquel beneficiario que ingresa a una empresa conserve el plan durante un año y que el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social. Al año, el trabajador debe decidir si sigue cobrando el plan o se queda trabajando en la empresa. En las organizaciones sociales respondían que sistemas como esos fueron puestos en marcha por todos los gobiernos desde el de Eduardo Duhalde a esta parte y que nunca funcionaron. Que no hay nada nuevo en la propuesta y que, para más, esconde la idea de aportar "mano de obra barata" y flexibilizada para las empresas.

"Lo que no se entiende que muchos trabajadores informales ya se acostumbraron a conseguir sustento a su ritmo, haciendo changas o vendiendo cosas en la calle. Cuando hicieron la suma que esperaban ganar, así hayan pasado una hora o siete, se vuelve a su casa. Hace años que viven así y ahora no quieren volver al régimen de tener un jefe al que obedecer y un horario que cumplir", explicaba un referente de las organizaciones. Los diputados que representan a las organizaciones, por ejemplo, plantearon como salida la puesta en marcha del monotributo productivo, un proyecto que plantea una salida gradual para las personas que se encuentran en la informalidad. Durante los primeros cuatro años desde la inscripción los nuevos contribuyentes son beneficiados como una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo y acceden al sistema de salud y aportan al sistema previsional. La propuesta está congelada desde hace meses en la Cámara baja.

Estas diferencias se dan en un marco muy especial. Por un lado, están las agrupaciones alineadas con el presidente Alberto Fernández como el Evita, que orientan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, y Barrios de Pie de Daniel Menéndez, principales apuntadas por las críticas iniciales de la vicepresidenta, pero que luego buscaron no escalar el conflicto en el marco de la recomposición del Frente de Todos. Pérsico, que también es secretario de la Economía Social, salió a elogiar la designación de Massa como ministro, pero cuando le preguntaron por su iniciativa para revisar los planes insistió con la estigmatización de las organizaciones sociales, que cumplen una labor importante en la contención de los sectores más humildes en los tiempos de crisis que se viven. 

Ni hablar de Juan Grabois, quien adelantó que con su frente Patria Grande discutirán si siguen perteneciendo al Frente de Todos o si sus tres diputados rompen el bloque, dado su disconformidad con los anuncios de Massa que, subrayó, no incluyó ni un renglón para los indigentes. Lo mismo dijeron desde las organizaciones de izquierda, que en vez de reducir reclaman incrementar en cantidad y en monto los planes sociales. En este contexto, se iniciará el relevamiento que seguro dará nueva tela para cortar.