Mucho se habla de que las armas de fuego, es decir, revólver, escopetas y demás familiares, son las más contundentes y por eso mismo hay quienes buscan tener una bajo la creencia de que así estarán más seguros. Todo eso es un mito, al menos en Salta y Jujuy, donde la mayoría de los delitos judicializados se cometieron utilizando piedras o armas blancas (eufemismo usado como sinónimo de cuchillo, puntas y hasta machetes). Incluso los palos o garrotes aparecen con más frecuencia que los revólveres o escopetas en las estadísticas de crímenes en estos dos distritos. Los hechos ratifican esto, sobre todo los más resonantes.

La noche del 29 al 30 de agosto pasado, el joyero jujeño Pedro Aníbal Colque fue asesinado de un golpe con un palo en la base del cráneo al ser asaltado. Los ladrones se llevaron 3 millones de pesos. También en la capital jujeña, la semana pasada, el empresario avícola Flavio Jorge Millán y su ayudante Reinaldo Juárez fueron asaltados y asesinados a golpes de palos de escoba.

En Salta, hace dos semanas una patota asesinó a cuchilladas a un hombre de 35 años en el barrio Primera Junta. La Policía encontró 5 cuchillos que estarían vinculados al caso. Y la semana pasada un joven wichi de una misión de Tartagal apareció muerto a la vera de la ruta 34, con heridas de un elemento punzante.

El secretario de Seguridad de Salta, Federico Jovanovics, y su par de Gobierno y Justicia de Jujuy, Juan Burgos, coincidieron en un dato: en solo el 1% de los delitos están involucradas armas de fuego en cada provincia.

El dato tiene peso propio cuando se piensa en el impacto, en estas tierras, del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -cuyo móvil pasó entre agosto y ese mes por ambas provincias-, o de una política de desarme como dijo el oficialismo nacional que impulsará esta semana en el Congreso.

La ilegalidad

Todas las armas “nacen” en el circuito legal, según el Registro Nacional de Armas (Renar). Se controlan la fabricación nacional -hoy son dos las empresas: Fabricaciones Militares y Versa-, la importación y el trayecto hasta los consumidores finales. El ingreso de un revólver o escopeta al circuito ilegal es a través de un desvío (robos a las fuerzas de seguridad, a un particular o algún depósito) o ensamblado de partes compradas por separado. No existen en el país una estimación sobre la cantidad de armas ilegales que estén circulando. En efecto, al tratarse de un mercado marginal, no existe cuantificación. Sí se presupone que es bajo.

En Salta, según la Secretaría de Seguridad, el robo de armas a la Policía es muy bajo. Según Jovanovics, ronda el 0,1% del total de delitos. En Jujuy es igualmente bajísimo: este año tuvieron 10 hechos relacionados a armas de la Policía, de los cuales solo 3 fueron por pérdidas, los otros 7 fueron supuestas amenazas.

En Argentina, desde 2007, se implementa el plan de desarme de los ciudadanos. Desde entonces, el Renar recuperó y destruyó 148.449 armas, y esos resultados le valieron la postulación al premio Future Policy Award 2013 (Premio de Política del Futuro) que concede el World Future Council y las Naciones Unidas. En octubre se conocerá si lo gana.

El titular del organismo, Matías Molle, recordó que en el país existen 1.376.000 armas y hay alrededor de 640.000 usuarios inscriptos. En los últimos diez años bajó entre un 40 y un 50% la tenencia, en tanto, actualmente el 80% de la producción argentina de armas se exporta.

La mayor frecuencia del uso de la piedra y el cuchillo en los delitos, sobre todo que terminan con lesiones y hasta homicidio “tiene que ver con la modalidad de agresión (en Salta)”, dijo Federico Jovanovics, secretario de Seguridad de Salta. Por esto, según Juan Burgos -secretario de Gobierno de Jujuy-, ambos son “elementos más contundentes (que las arma de fuego) con los cuales pegan en las cabezas y matan” teniendo en cuenta los datos de las causas que tramita la Justicia en ambas provincias.